¿Más corrupción? TSJ ilegítimo se inmiscuye en caso del banquero Víctor Vargas
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El Tribunal Supremo de Justicia ha demostrado repetidamente que es un simple instrumento para el logro de propósitos interesados, sin importar la legalidad o la justicia. El amparo concedido a un grupo de “clientes” del Banco del Orinoco NV el 3 de octubre es otro ejemplo, pero en este caso en beneficio de una persona particular, el banquero Víctor Vargas Irausquín.
(Primer Informe)
La petición de amparo fue introducida por supuestos depositantes de la entidad financiera del BOD en Curazao. Solicitaban que el TSJ le ‘exija’ al Banco Central de Curazao que “haga público el llamamiento y facilitación de participación” de los clientes del BdO NV, y que les autorice a comunicarse con los custodios de activos de la entidad en liquidación (empresas situadas en Uruguay, Singapur y Suiza) de abstenerse de transferir dichos activos, bajo la amenaza de acciones en su contra.
Finalmente le pidieron al TSJ que le escriba al Banco Central de Curazao solicitando información de sus actuaciones.
Hay que destacar que la información que presentaron los accionistas sobre los custodios no está disponible a los clientes, por lo que evidentemente están actuando en concierto o con el apoyo del BOD.
Absurdamente, el TSJ no sólo se declaró competente en la solicitud, sino que además acordó unas medidas que van más allá de lo solicitado, cada una de ellas rayando en lo absurdo.
Primero ‘ordena’ al Banco Central de Curazao abstenerse de disponer de los activos del BdO NV.
Segundo, le ordena que busque una solución alternativa a la liquidación administrativa mediante un acuerdo con los accionistas.
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Tercero, aún más absurdo es que suspende las medidas establecidas por la Sudeban en contra del BOD en Venezuela.
Claramente se aprecia que el fallo del TSJ responde más a los intereses de Víctor Vargas, como propietario del BOD y sus relacionadas en otros países, que a los de los depositantes de cualquiera de esas instituciones financieras.
Resolución de grupos financieros transnacionales
El tratamiento de problemas financieros de instituciones financieras con operaciones en más de un país es uno de los grandes temas no resueltos de la regulación financiera internacional. El llamado Comité de Basilea, organismo que agrupa a supervisores bancarios de los países del G-20, tuvo su origen en los problemas que enfrentaron las autoridades de Alemania, Estados Unidos y el Reino Unido cuando un banco alemán, Bankhaus Herstatt, quebró en 1974.
Desde entonces ese comité ha estado a la búsqueda de un esquema que permita la resolución ordenada de grupos financieros transnacionales. Pero el tema ha resultado complicado de resolver, principalmente por los efectos fiscales que tiene que salvar un banco o sus depositantes. Pocos gobiernos (o electores) están dispuestos a erogar fondos para proteger a depositantes (o accionistas) en otros países.
Por esta razón, los avances en la materia se han limitado a fortalecer la cooperación entre las autoridades de supervisión para coordinar sus acciones antes de que un grupo financiero quiebre. De resto, se reconoce que la forma como se procede con bancos en problemas es un tema estrictamente nacional, de acuerdo con las leyes y sistemas judiciales de cada país.
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Efectos de la decisión del TSJ
En el corto plazo, la absurda actuación del TSJ en el caso tendrá una sola consecuencia: abortar el tímido proceso supervisorio de la Sudeban. Incluso pudiera formar parte de una estratagema por parte del Gobierno a fin de echar para atrás las medidas que adoptó la Sudeban sin que ésta deba desdecirse.
Para los depositantes del BOD esta decisión es una mala noticia. Una parte de los activos que respaldan sus haberes está ahora en manos de reguladores en Curazao y, potencialmente, en Antigua. La acción del TSJ es equivalente a una ruptura de relaciones diplomáticas con esas autoridades.
Claramente se aprecia que el fallo del TSJ responde más a los intereses de Víctor Vargas, como propietario del BOD y sus relacionadas en otros países, que a los de los depositantes de cualquiera de esas instituciones financieras.
Hay que señalar que entre los magistrados que firman la sentencia aparece Calixto Ortega, el tío del actual presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega Sánchez, detalle que no escapará a la atención de los que lean el dictamen en Curazao.
Más preocupante es que con este amparo, el TSJ sienta el precedente de que las autoridades venezolanas son responsables de lo que ocurra con las inversiones de sus ciudadanos en instituciones financieras del exterior. Siguiendo el mismo razonamiento expuesto por el TSJ, el día de mañana depositantes venezolanos genuinamente afectados por la liquidación del Banco del Orinoco NV, AllBank Panamá y cualquier otra entidad financiera en el exterior remotamente conectada con Venezuela, podrán solicitar que el Estado venezolano, a través de Fogade o directamente, les resarza las pérdidas sufridas.
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Igualmente desarma al supervisor bancario (y por analogía a cualquier otro regulador) al negarle la posibilidad de actuar preventivamente en protección de los depositantes. De ahora en adelante, la efectividad de cualquier acción de la Sudeban y otros reguladores, dependerá de si el dueño de la empresa afectada tiene o no influencia en el Gobierno o, directamente, en el TSJ.
Con esta sentencia, el TSJ también recalca su escaso interés en principios jurídicos esenciales. En ninguna parte de la sentencia aparece indicación alguna de una revisión siquiera somera del marco legal financiero de Curazao. Esto reforzará la noción de un TSJ conformado por jueces que carecen de las calificaciones jurídicas mínimas y abiertas a adoptar medidas absurdas de acuerdo con el deseo del gobierno y/o de personas particulares.
En todo caso, el amparo otorgado por el TSJ, al menos en lo referente a Curazao, es extemporáneo toda vez que la Corte de Primera Instancia de Curazao decretó la liquidación del BdO NV al día siguiente, destacando que sus administradores habían utilizado “documentos falsos para sustentar su posición financiera”.
¿Y la situación en Venezuela?
El comunicado del Banco Central de Curazao el viernes 4/10/19 indica que “el supuesto patrimonio reportado al Banco Central de Curazao y a sus auditores por el BdO NV pareciera no existir. El Banco Central ha establecido que la institución tiene muy pocos activos, mientras que sus deudas son considerables”.
Sudeban indicó el mes pasado que las medidas adoptadas contra el BOD buscan proteger a sus depositantes. De existir los canales de comunicación y cooperación usuales entre supervisores bancarios, Sudeban ya debería tener el reporte de su contraparte de Curazao y, por lo tanto, evidencia de cómo Víctor Vargas engañó a sus depositantes, auditores y reguladores en Curazao, reforzando la urgencia de intervenir el BOD.
Pero aún en el lejano caso de que el superintendente desease actuar decisivamente, no podría hacerlo por estar maniatado por el TSJ.
Otro capítulo más en la triste historia del TSJ.
(Escrito por: José Manuel Rotondaro / Konzapata)
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