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Junto al ELN y las FARC, Maduro convirtió a la trata de personas en una lucrativa industria en Venezuela 

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Junto al ELN y las FARC, Maduro convirtió a la trata de personas en una lucrativa industria en Venezuela 

Los médicos cubanos también son víctimas de explotación laboral y son enviados a Venezuela en contra de su voluntad por el régimen castrista.

Redacción | Primer Informe

El chavismo sigue sin cumplir con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas y no está haciendo ningún esfuerzo para hacerlo, asegura el Gobierno estadounidense.

Maduro creó una fiscalía especializada para supervisar las investigaciones y enjuiciamientos relacionados con ese delito, pero ninguna víctima de trata en Venezuela ha recibido ayuda. Tampoco se han investigado, procesado o condenado a ningún traficante.

En un informe del Departamento de Estado sobre el problema del tráfico de personas detalla todas las omisiones intencionales que el régimen de Caracas comete en el combate a ese flagelo.

El ejemplo más notable, es la impunidad con la que se produce el reclutamiento forzoso de niños venezolanos por parte grupos armados ilegales que operan en el territorio del país con impunidad.

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Otra falencia que se señala es que la falta de transparencia sobre las condiciones de los médicos. Al régimen venezolano no le interesa evaluar indicadores que puedan establecer si esos profesionales son traficados y explotados laboralmente.

Impunidad en la frontera

Los grupos armados ilegales colombianos, especialmente cerca de las regiones fronterizas, sometieron a los venezolanos a la criminalidad forzada y al reclutamiento forzoso, dice el reporte.

El chavismo se convirtió en un aliado ideal para las guerrillas narcoterroristas de Colombia.

Integrantes del ELN y grupos disidentes disidentes de las FARC se mueven con impunidad en 24 estados venezolanos, incluidos los estados fronterizos. Son estos grupos los responsables por el reclutamiento de niños para fortalecer sus operaciones y aterrorizar a las comunidades fronterizas en Venezuela.

En el informe incluso se detalla que altos comandantes militares han girado instrucciones a su tropa para que no combatan a los grupos armados ilegales. Al contrario, se alienta a apoyarlos. 

A cambio, las dos agrupaciones terroristas colaboran con Maduro al proveerle, a través del terror y la fuerza, la estabilidad que necesita para mantener el poder.

Los funcionarios maduristas, «brindaron apoyo y refugio seguro, lo que permitió el crecimiento sin obstáculos de estos grupos que amenazan con desestabilizar la región, a medida que crecen en sus filas explotando a niños en el tráfico sexual, el trabajo forzoso y el reclutamiento forzoso. Según las ONG, el trabajo forzoso es un castigo común por violar las reglas impuestas por grupos armados. Estos mismos grupos ilegales explota a venezolanos, incluidos niños, para que realicen trabajos forzados en zonas mineras y a mujeres y niñas en el tráfico sexual», se lee en el informe.

Niños Mineros

De acuerdo con el Departamento de Estado, en 2019 hubo un aumento en el tráfico sexual y laboral en el sector minero informal.

Al menos, el 45% de los trabajadores del Arco Minero son menores de edad, más vulnerables a la trata de personas.

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«Las operaciones mineras ilegales existen en algunas de las áreas más remotas del país, incluido el estado de Bolívar, donde los traficantes explotan a las niñas para el tráfico sexual, reclutan por la fuerza a jóvenes para unirse a grupos criminales armados y obligan a los niños a trabajar en las minas en condiciones peligrosas«, se asegura en la investigación.

Hasta un 45% de los trabajadores que extraen oro en el Arco Minero son menores de edad.

Los trabajadores, reclutados en otras áreas del país y trasladados hasta Bolívar, allí se convierten en víctimas de trabajo forzoso y son manipulados a través de deudas, amenazas de violencia e incluso la muerte. Mujeres y niñas, especialmente a las de comunidades indígenas son explotadas sexualmente.

En el informe se incluyen reportes de  niños venezolanos y ciudadanos extranjeros en trabajos forzados para el servicio doméstico dentro del país. Entre las nacionalidades de los segundos se encuentran  ecuatorianos, filipinos y otros provenientes de África.

 

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