¿Por qué Harvest Natural Resources Inc. retiró la demanda contra Rafael Ramírez?

Maibort Petit | El Tiempo Latino

Una comunicación de los abogados de Harvest Natural Resources Inc, en relación a una demanda que se impuso contra de Rafael Ramírez con fecha 26 de agosto de 2020, informa que la empresa retira voluntariamente la querella y advierte que el querellado no está obligado a responder ante el tribunal.

Fuentes ligadas al caso explicaron a Venezuela Política que la acusación fue retirada porque no se había logrado ubicar «una serie de elementos que eran indispensables para procesar la acusación en un nuevo juicio». Vale destacar que el fallo inicial a favor de Ramírez se produjo en la ausencia de representación legal del acusado.

El tribunal había otorgado a Rafael Ramírez el derecho a que se iniciara un nuevo proceso debido a que el acusado no había ejercido su derecho a la defensa, por estar fuera de los Estados Unidos y en una situación que, según el exfuncionario del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, le impidió responder a la corte en ese proceso, cuya decisión final ordenada por un juez de Distrito le obligaba a pagar 1.400 millones de dólares a la empresa por compensación como resultado de una demanda de fraude interpuesta por la empresa Harvest Natural Resources.

La jueza de distrito, Lee Rosenthal dió a conocer el fallo tras no conocerse la respuesta de Ramírez Carreño en la demanda en 2019. Esta fue la primera vez que el expresidente de PDVSA es demandado en los Estados Unidos en un caso civil.

Los documentos federales señalan que hubo solicitud de Ramírez, a través de terceros, de solicitar a la empresa Harvest sobornos de 10 millones de dólares para permitir que la compañía vendiera sus activos desde 2012. Harvest alegó que la política fraudulenta usada por Ramírez condujo a pérdidas de unos 472 millones.

La juez Rosenthal otorgó inicialmente en diciembre una compensación de 472 millones a la empresa Harvest, pero el falló la triplicó.

Juan José García Mendoza: El presunto extorsionador de Harvest Natural Resources INC

Ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston, la empresa estadounidense demandó civilmente a Juan García Mendoza y sus empresas, entre otros, por supuestamente haberle exigido USD 10 millones para que el gobierno venezolano autorizara la venta de sus activos en el país.

Múltiples fueron los obstáculos que Harvest Natural Resources INC y HNR Energia BV enfrentaron para vender su participación accionaria en la empresa mixta Petrodelta que mantenían en sociedad con la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. conformada el 11 de septiembre de 2007, pero el hecho más significativo denunciado por los propietarios de dichas compañías, fueron los supuestos intentos de extorsión de que habrían sido objeto por parte de funcionarios gubernamentales y representantes de estos para que accedieran a pagar un soborno de USD 10 millones para que, finalmente, la alta directiva de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y el Ministerio de Energía y Petróleo dieran el visto bueno y aprobación a la venta de sus activos en el país. La ley venezolana exige la autorización del despacho del Ejecutivo Nacional a los accionistas privados en empresas mixtas que quieran vender sus papeles a un tercero. Del denunciado proceso extorsivo, la empresa estadounidense acusa a Juan José García Mendoza, un asesor petrolero que, presuntamente, actuó en connivencia con altos jerarcas de la estatal petrolera y del gobierno para que las referidas empresas cedieran a las presiones y terminaran pagando la coima exigida.

Ante el tribunal Harvest exige ser resarcida en tres veces el valor de lo perdido por las acciones de los demandados. Argumenta que en los años 2013 y 2014, inició sendos procesos de venta de sus activos en Venezuela, la primera vez por USD 725 millones y la segunda por USD 400, pero en razón de las obstrucciones de los acusados y de su insistencia en cobrar sobornos, Harvest perdió estas dos buenas oportunidades y terminó vendiendo por USD 255, lo que significó una pérdida de USD 470 millones.

Luego de varias acciones, en los primeros días de octubre de 2016, Oswaldo Cisneros completó la compra de 32 por ciento de las acciones de PetroDelta a Harvest Natural Resources Inc. y a la argentina Pluspetrol por alrededor de USD 200 millones en efectivo y acciones, informó en su momento el portal El Estímulo.

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Posteriormente, el 20 de octubre se conoció Cisneros invertiría USD 1.000 millones en un campo petrolero controlado del estado venezolano. Delta Petroleum NV, grupo empresarial controlado por Cisneros anunció que firmaría un acuerdo para invertir USD 800 millones en la empresa mixta que mantiene con Pdvsa, PetroDelta, y que funciona en el oriente venezolano.

Pero pese a que la venta se concretó, Harvest denuncia grandes pérdidas en razón de los supuestos obstáculos interpuestos por funcionarios del gobierno venezolano y sus representantes para que la venta ocurriera en 2012-13 cuando estaba previsto y por el precio a que entonces aspiraba.

La sociedad entre Harvest y CVP comenzó cuando el 11 de septiembre de 2007 se firmó el contrato de conversión a empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo S.A. representada por su presidente, Eulogio Del Pino y la empresa estadounidense, Harvest Vinccler S.C.A. representada por su gerente general, Karl Nessenrole, y HNR Finance B.V., a su vez representada por su director gerente, Kurt A. Nelson. El capital era Bs. 1.000.000.000 representados por cien mil acciones comunes con un valor nominal de Bs. 10.000 cada una, clasificadas en tipo A y B. CVP sería poseedora del 60 por ciento representado en 60 mil acciones tipo A, mientras HNR Finance tendría el restante 40 por ciento representado en 40 mil acciones tipo B.

Tal situación llevó a Harvest Natural Resources Inc. y HNR Energia BV a interponer en febrero de 2018 una demanda civil en contra aquellos a quienes estima, afectaron sus intereses y que de acuerdo a lo que reza el documento acusatorio, habrían sido Rafael Ramírez, Eulogio Del Pino y sus intermediarios.

Los detalles de la demanda

Harvest Natural Resources INC y HNR Energia BV presentó una demanda en contra en contra de Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, Rafael Ramírez Carreño, Eulogio Antonio Del Pino Díaz y José Ángel González Acosta, ante la Corte del Distrito Sur de Texas, División Houston.

La demanda indica que Harvest, PetroAndina (PlusPetrol) y Pertamina habrían sido supuestamente objeto de extorsión.

Los demandantes sostienen que los demandados les exigieron USD 10 millones para que concretar la venta de sus activos en Venezuela. Harvest asegura que fue objeto por parte de los acusados y por diez años de una conspiración con fines extorsivos cuando intentaron negociar con Petróleos de Venezuela S.A.

A consecuencia de estas acciones por parte de los demandados, Harvest se vio obligada a rematar sus activos en Venezuela lo que representó pérdidas por el orden de los USD 500 millones.

Alega la empresa que Juan José García Mendoza, propietario de las empresas Petro Consultores y Azure, era quien llevaba a cabo la extorsión al amparo de sus compañías.

La demandante expone en que en noviembre de 2012, Juan José García Mendoza se dirigió a Juan Francisco Clerico, director de Harvest-Vinccler, en Caracas, Venezuela, y exigió que Harvest pagara un soborno de USD 10 millones para que el gobierno venezolano procediera a aprobar la operación de venta. Se trataba de la venta de la participación accionaria de Harvest en la empresa mixta Petrodelta (40 por ciento), una compañía venezolana de exploración y producción que poseía en sociedad con PDVSA.

Harvest sostiene que García Mendoza ya había exigido sobornos similares en dos ocasiones anteriores a empresas que también habían celebrado acuerdos para comprar los intereses de Harvest en Venezuela.

Harvest alega que García Mendoza pidió estos sobornos «sabiendo y con la intención de que la solicitud se transmitiría a Harvest en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se hubiere pagado, necesariamente procedería de cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos.

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Harvest asegura que García Mendoza «trabaja como consultor en la industria del petróleo y el gas para empresas, incluidas empresas de Estados Unidos y Texas, que realizan negocios en Venezuela. García es propietario, funcionario y empleado de Petro Consultores SC, Petro Consultores International Trading Company, Inc., Petroconsultores (Barbados) Ltd. y Petroconsultores, Inc. García también fue propietario y gerente de Azure 904 LLC durante el período de tiempo relevante.

En razón de que Harvest y las empresas compradoras se negaron a pagar las coimas, los procesos de venta se vieron frustrados, no pudiendo Harvest vender sus activos venezolanos durante cuatro años y que luego solamente pudo hacerlo con un descuento de más de USD 470 millones respecto al acuerdo original.

Harvest exige que se le pague tres veces la cantidad que ellos habrían perdido debido a la conducta criminal de PDVSA y del gobierno venezolano, a saber USD 1.500 millones.

En abril de 2018, el juez Keith P. Ellison, titular del citado tribunal, desestimó una demanda contra Juan José García Mendoza, Petroconsultores SC, Petro Consultores International Trading Company INC, Petroconsultores (Barbados) LTD, Petroconsultores INC, Azure 904 LLC, por considerar que no tenían jurisdicción personal en el estado de Texas en todos los aspectos.

Harvest impugnó la casi totalidad de la declaración de García Mendoza para argumentar la falta de jurisdicción personal y procedió a tramitar un descubrimiento jurisdiccional. El 30 de abril de 2018, la corte escuchó un argumento oral sobre la moción de Harvest y el tribunal consideró la situación y amplió los plazos en 60 días.

La corte concedió la moción de Harvest para el descubrimiento jurisdiccional y se determinó que las partes tenían hasta el 28 de junio de 2018 para llevar a cabo un descubrimiento limitado a los vínculos jurisdiccionales y contactos de los demandados. Harvest puede deponer a García, y debe comparecer, pero puede elegir aparecer en Miami, Florida o Houston, Texas. La deposición se llevaría a cabo en una fecha, lugar y hora que las partes acuerden o que el tribunal ordene.

El descubrimiento jurisdiccional puede mostrar que los contactos de García Mendoza con la Florida u otros estado son «continuos y sistemáticos», sometiéndolo a la jurisdicción en Texas bajo la ley RICO. Igualmente, el descubrimiento jurisdiccional podría mostrar que García Mendoza «dirigió a propósito [sus] actividades en [Texas] y [que] los resultados del pleito de presuntas lesiones surgieron o se relacionan con esas actividades». Harvest alega que García pretendía que su solicitud fuera tramitada en Houston, Texas, y que cualquier soborno, si se pagase, necesariamente provendría de las cuentas bancarias de Harvest en los Estados Unidos. García supuestamente sobornó a Harvest-Vinccler, una compañía holandesa, en gran parte propiedad de HNR Energia, una compañía de Curazao, que era propiedad de Harvest, si el descubrimiento establece que la solicitud de soborno de García fue una un agravio intencional dirigido a Texas, eso puede ser suficiente.

Las partes debían completar el descubrimiento jurisdiccional antes del 6 de julio de 2018 y Harvest debía responder a la moción de desestimación de los demandados antes del 3 de agosto de 2018. Los acusados ​​debían presentar una respuesta antes del 10 de agosto de 2018. El argumento oral se realizaría el 24 de agosto de 2018.

Lea la investigación completa aquí.

 

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