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Un último suceso refleja la xenofobia a la que están expuestos los venezolanos en Perú

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Un último suceso refleja la xenofobia a la que están expuestos los venezolanos en Perú

El agresor recibió una multa por 4.300 soles equivalentes a más de 1.200 dólares y luego en un vídeo pidió disculpas públicas contra el joven trabajador venezolano.

Redacción | Primer Informe

La situación que han vivido los venezolanos luego de salir de su país en busca de mejor calidad de vida ha venido acompañada de los peores episodios de xenofobia que hayan vivido cualquier comunidad de migrantes en la historia reciente en la región.

En Perú, se vivió recientemente un reprochable episodio de xenofobia en contra de un trabajador venezolano encargado de hacer repartos a domicilio. Un ciudadano peruano recriminó la supuesta tardanza en la entrega de su pedido, con insultos, y además responsabilizó de su error a su nacionalidad venezolana.

A través de un vídeo que se hizo viral en redes sociales muestra al ciudadano insultando y profiriendo comentarios xenófobos contra Junior Ramírez un trabajador de la empresa de delivery Rappid.

 

Ramírez explico que las bebidas que traladaba en su bicicleta se salieron de su envase provocando que la bolsa de papel en dónde llevaba el resto de los productos se mojara. Sin embargo, la responsabilidad del empacado del paquete que llevaba era de la empresa que vendía la comida.

El caso fue tan sonado y logró tal viralidad que de inmediato se levantó un proceso de sanciones. El abogado penalista Claudio Cajina, dijo que en este caso se podían abrir dos tipos de procesos en contra del agresor, primero por injuria y otro por discriminación.

El primero solo puede ser iniciado por el agraviado, mientras que el segundo debería serlo de oficio por el Ministerio Público.

“En el frente penal puedes ir desde una querella por injuria, un delito menor que sanciona cuando una persona insulta a otra, de la forma que se advierte en el video. Un delito como este se sanciona con servicio comunitario y días multas. Además, en este mismo proceso se podría dictar una indemnización en beneficio del trabajador”, explicó dijo el abogado a El Comercio.

Imponen multa

Por su parte la municipalidad de Miraflores, jurisdicción dónde ocurrió el hecho impuso una sanción con una UIT (s/ 4.300) en contra del agresor del trabajador venezolano, aplicando lo inidicado en las Ordenanzas 437 y 480/MM. «La Procuraduría Municipal pondrá en conocimiento de los hechos a la Fiscalía para los fines correspondientes», reza un tuit del alcalde de Miraflores Luis Molina Arles.

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El abogado Cajina agregó que el caso del proceso por discriminación, que a diferencia de la injuria, las penas van de dos a tres años y con servicios comunitarios. “También advierto un delito de discriminación por la nacionalidad de esta persona, por lo que pudiera generarse un proceso por esa vía. En el caso de este delito, y dado que esto ya es de conocimiento público, el fiscal debería iniciar una investigación en contra del agresor. En ninguno de los casos estamos hablando de prisión efectiva”, detalló.

Defensoría en favor del venezolano

El adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo explicó que entre los motivos de discriminación está también el tema económico, el social, el xenofóbico, entre otros tantos.

“En este caso, el trabajador tiene el pleno derecho de poder entablar contra este señor una denuncia penal por haber sido objeto de injurias discriminadoras. Desde la Defensoría estamos llanos a colaborar con este joven en lo que significaría plantear la denuncia penal. Este tipo de hechos no deberían quedar impunes”, dijo a El Comercio.

Percy Castillo explicó que el joven agraviado tendrá que decidir poner una denuncia por injurias y que la empresa donde trabaja podría colaborar con lo que serían los gastos de lo que puede implicar afrontar este proceso.

“Nuestra sociedad, como ya ha dicho al Defensoría, necesita todavía mucha claridad en el combate contra la discriminación y acciones que nos ayuden a sacar este tipo de conducta en el imaginario social”, expresó.

El Estado y la xenofobia contra los venezolanos

La xenofobia ha sido una de los flagelos que más ha afectado a los venezolanos al menos desde el año 2018 cuando se presentó la fuerte oleada migratoria de estos hacia el país andino.

El 27 de marzo del 2019, el alcalde de Huancayo (Junín), Henry Fernando López Cantorín, anunció que presentaría una ordenanza “frente a la creciente y descontrolada presencia de extranjeros”. Según un comunicado, el municipio expresó que esta situación “conlleva al crecimiento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos”.

La Municipalidad Provincial de Huancayo señaló que estaba trabajando una ordenanza municipal que tenía como sustento legal la ordenanza regional N°108-2011-GRJ/CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de marzo de 2011, que en su artículo quinto establece “que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias, que desarrollen sus actividades económicas de la región Junín, fomente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal”. Sin embargo, la ordenanza buscaba que se llegue a un porcentaje superior al 80%.

Por esto el Ministerio Público abrió una investigación contra el burgomaestre por presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación. Tanto el proyecto como las declaraciones de López Cantorín fueron rechazado por la Defensoría del Pueblo. “Sobre la propuesta de alcalde provincial de Huancayo, recordamos que debe respetar principios constitucionales de igualdad y no discriminación”, publicó la Defensoría en su cuenta de Twitter, en ese momento.

Por otro lado, el 21 de julio del mismo año, en Cusco, el gobierno regional publicó en el diario oficial El Peruano una ordenanza para sancionar a las empresas que despidan a ciudadanos cusqueños para contratar a extranjeros “en informalidad y subempleo”. Esta medida declaró de necesidad pública la priorización de la mano de obra regional en la convocatoria de nuevos puestos de trabajo.

Esta medida fue considerada como inconstitucional por el Ministerio de Trabajo, ya que ningún gobierno regional o municipalidad puede dictar competencias sobre trabajadores inmigrantes. Estas le corresponden a la referida cartera.

El perdón del nuevo agresor

Luego del mal momento vivido por el joven venezolano que le tocó emigrar por el mal estado económico y social que vive su país, Guillermo Miranda su agresor, público un vídeo a través de las redes sociales pidiendo perdón por el lamentablemente momento.

«Yo personalmente quiero pedirte disculpas de corazon Junior Ramírez por haberte hecho sentir tan mal. No hay razón que pueda justificar mi actitud», dijo Miranda a través de un corto vídeo difundo en Twitter.

https://twitter.com/SergioNovelli/status/1329174610429026312?s=19

 

Por su parte la empresa Rappid emitió un comunicado rechazando cualquier acto de violencia y descriminación contra sus repartidores.

 

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