Lo que se sigue escondiendo en España sobre el «Delcygate»
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El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno niega reiteradamente el acceso a información sensible sobre el ‘Delcygate’. La negativa plantea dudas sobre lo que se sigue escondiendo en España respecto al caso.
Redacción | Primer Informe
Los detalles de la breve y controvertida estadía en España de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, siguen siendo un misterio. Más aún cuando la Justicia suspendió la investigación del caso.
Archivaron el procedimiento pero se mantiene el secreto de sumario sobre las actuaciones.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es un organismo «encargado de promover la transparencia de la actividad pública» en el país ibérico.
Se supone que esa instancia vela por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad y salvaguarda el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. También garantiza la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
Pero el Consejo se empecina en negar que se conozca lo que hizo Delcy Rodríguez las horas del 20 de enero cuando estuvo en España y se reunió con el ministro de Transporte español, José Luis Ábalos.
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Todo el problema en torno al caso se suscitó porque Rodríguez tenía prohibida la entrada a la Unión Europea. La funcionaría de Maduro está sancionada por «menoscabar la democracia y el estado de derecho» en Venezuela.
Sin embargo, basados en un tecnicismo, el Juzgado de Instrucción 31 de Madrid entiende que la vicepresidenta venezolana no llegó a entrar en territorio español.
Más allá de la ley
Las repetidas negativas del consejo a esclarecer las circunstancias en torno al «Delcygate» sólo ratifica sospechas sobre lo que se sigue escondiendo en España.
El organismo público esgrime como justificación el artículo 14 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
El artículo dispone que el derecho de acceso se puede limitar si supone un perjuicio para: la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios.
También si el acceso afecta «la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva ”.
Transparencia agrega que de hacerse pública [la información sobre el Delcygate , se generaría «un juicio mediático paralelo. Y añade que ese «perjuicio podría incluso extenderse más allá de un fallo exculpatorio”.
Con información de Vozpópuli.
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