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Ala interna de Podemos amplía acusación por corrupción contra Pablo Iglesias

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Ala interna de Podemos amplía acusación por corrupción contra Pablo Iglesias

La pareja clave del chavismo español podría recibir una condena de entre 6 meses y 3 años de prisión.

Redacción | Primer Informe

Una ala de Podemos que le planteó oposición a Pablo Iglesias en el congreso regional interno de Vistalegre III amplió su denuncia de corrupción presentada en julio pasado contra la cúpula de este partido.

En la documentación se habla de un «sistema de fraude» para manipular las primarias, a la que se sumarán las declaraciones recopiladas por la Justicia en el otro caso de las primarias adulteradas por Iglesias en la localidad capitalina de Collado Villalba.

La Fiscalía Anticorrupción aún no se pronuncia sobre la denuncia.

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Las primarias sospechosas

Resulta clave para el ala interna de Podemos demandante que en más de 5 años las primarias estuvieron dominadas por la cúpula.

La semana pasada, un tribunal del municipio de Collado Villalba decretó irregulares las votaciones internas del denominado partido del chavismo español.

Por esto el dirigente podemita que desde hace medio año denuncia públicamente la situación, plantea ahora ampliar las acusaciones.

Además de los tribunales ordinarios, remitió a la Fiscalía Anticorrupción una carta anónima de técnicos informáticos del partido que detallan el «sistema de fraude» en las internas, tal como lo publicó Vozpópuli.

Los promotores de la acusación frente a la Oficina Anticorrupción, presentan «nuevas pruebas» útiles para esclarecer el caso.

La carta habla de un «sistema» para falsear las primarias haciendo desaparecer los votos de algunos militantes sin que ellos se den cuenta.

En la sentencia del caso de Collado Villalba, los informáticos hablan de un fraude de este tipo.

También desmienten la defensa del partido de extrema izquierda.

En su declaración meses antes, fuentes de Podemos aseguraron al mencionado portal que la cúpula amenazó con despedir a su equipo de informáticos para evitar filtraciones sobre las irregularidades.

Pero «transcribiremos las declaraciones de los informáticos», pues «son una prueba vital», dicen fuentes conocedoras de la denuncia a la Oficina Anticorrupción.

Las denuncias

La denuncia desde Vistalegre III, se basa en las irregularidades en el cumplimiento del reglamento interno del partido, modificación de listas electorales y sospechas y denuncias recogidas a nivel territorial para las primarias celebradas el pasado julio.

En este congreso de Vistalegre III, Iglesias ganó con el 92% de los votos una votación que se realizó de forma telemática.

La primera denuncia se refirió a «maniobras fraudulentas» del equipo de Iglesias que incumplieron los estatutos internos, la Ley de Partidos y la propia Constitución española.

El ala interna de Podemos detrás de la denuncia señala a cuatro miembros de la cúpula, como lo son Iglesias y su pareja Irene Montero, además de Noelia Vera e Ione Belarra.

Éstos ocuparon dos cargos externos y uno interno, cuando el reglamento sólo permite compaginar dos.

La tesis de la denuncia dice que estos dirigentes no podían presentarse para la elección del Congreso.

Dicen que por la pandemia, la cúpula postergó la votación y la reanudó tres días antes de las elecciones sin previo aviso.

La cuarentena afectó la igualdad de condiciones para luchar por el cargo interno gracias a la «visibilidad» de los dirigentes con cargos oficiales.

Otra de las irregularidades parte del hecho de que la cúpula podemita modificó sin debate previo el reglamento para ampliar su lista electoral.

Votos múltiples y grabaciones

La denuncia concluye con una serie de irregularidades en otros lugares como en La Rioja.

Allí esta ala interna de Podemos descubrió terminales que votaron más de una vez y audios sospechosos de miembros que formaban las listas electorales.

Los candidatos que han decidido revelar estas pruebas buscan que las elecciones se vuelvan a realizar.

«No sólo se trata de unos resultados presuntamente falsos, inventando normas y reglas inexistentes, utilizando DNI inexistentes o usurpando identidades, sino de todo un conjunto de actuaciones delictivas urdidas por un grupo de personas concreto y determinado que junto con el SG y la número 2 del partido (Iglesias y Montero), pretenden perpetuarse en el poder, eliminando cualquier disidencia interna, coaccionando a los inscritos a no poder interpelar a órganos independientes internos ni siquiera poder verificar si el número de personas inscritas existe o no, o si los votos son reales o falsos», concluye el documento.

Los acusados, de encontrarse culpables, podrían purgar penas de entre 6 meses y tres años de cárcel.

 

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