Cuáles son las labores del bufete que contrató en EEUU el Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio
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El bufete de abogados hablará con las autoridades del gobierno estadounidense sobre la política de sanciones vinculada a los jueces exiliados y de las cuentas del gobierno de Guaidó.
Redacción | Primer Informe
Un grupo de jueces venezolanos exiliados alineados con el presidente interino reconocido por Estados Unidos, Juan Guaido, contrató al bufete de abogados Bryan Cave Leighton Paisner para que se comprometa con funcionarios estadounidenses sobre los efectos de las sanciones de EEUU.
La firma reveló su trabajo en una presentación ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Dijo que anteriormente había ofrecido asesoramiento jurídico a los jueces. Sin embargo ahora su trabajo para las figuras extranjeras se extiende a la actividad política. Esta debe ser revelada bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de Estados Unidos.
El bufete de abogados, con sede en Estados Unidos y Reino Unido, hablará con las autoridades del gobierno estadounidense sobre la política de sanciones vinculada al grupo de jueces exiliados, así como sobre «las cuentas puestas a disposición del gobierno liderado por Guaidó», dijo.
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El socio Pedro Martínez-Fraga firmó la divulgación, pero aún no dan declaraciones a la prensa, al igual que los jueces del TSJ en el exilio.
Bryan Cave Leighton Paisner dijo en la presentación que está cobrando al grupo el 80% de sus tarifas regulares. Martínez-Fraga, con sede en Miami y Nueva York, tiene la tarifa más alta del equipo legal, según los documentos, y facturará 1.156 dólares por hora. Le acompañan el socio director del bufete en Miami, C. Ryan Reetz, y los cabilderos David Russell y Russ Carnahan.
Funcionarios estadounidenses y venezolanos se reunieron en marzo para discutir la posibilidad de aliviar las sanciones petroleras, pero lograron pocos avances para llegar a un acuerdo.
Los jueces huyeron de Venezuela en 2017 después de que el Congreso, controlado por la oposición, los nombrara para un Tribunal Supremo alternativo. Los líderes de la oposición afirmaron que el Tribunal Supremo existente en el país estaba repleto ilegalmente de partidarios de Maduro.
El tribunal en el exilio celebró en 2018 un juicio simbólico contra Maduro en Bogotá, Colombia, declarándolo culpable de cargos de lavado de dinero y corrupción, según informes de prensa.
Información de Reuters.
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