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El complejo y nuevo caso antimonopolio que pelea la PDVSA de Maduro en Estados Unidos

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El complejo y nuevo caso antimonopolio que pelea la PDVSA de Maduro en Estados Unidos

Los jueces del panel el jueves se erizaron ante una sugerencia del abogado de PDVSA de que el mejor curso de acción sería preguntarle al Departamento de Estado cuál es su posición sobre Maduro ahora.

Redacción | Primer Informe

Un abogado de la empresa estatal de energía de Venezuela pidió el jueves a un panel del 11º Circuito que anule una decisión que rechazó su moción para intervenir en una demanda por chantaje y antimonopolio que acusa a las principales empresas internacionales de comercio de energía de estafar a la compañía por miles de millones en una conspiración de fijación de precios y manipulación de licitaciones.

El tribunal de apelaciones con sede en Atlanta dictaminó en 2021 que un fideicomiso constituido por PDVSA, cuatro años antes no tenía capacidad legal para demandar a los conspiradores que supuestamente participaron en un plan para obligar a PDVSA a vender y comprar bienes a precios inferiores a los del mercado.

El caso contra la corporación energética rusa Lukoil y otros vuelve a estar ante un panel de tres jueces del tribunal de apelaciones después de que el intento de la empresa de sustituir al fideicomiso como demandante fracasara en un tribunal inferior.

PDVSA alegó que las empresas cometieron un fraude multimillonario contra la petrolera estatal venezolana y, por extensión, contra el pueblo de Venezuela. Supuestamente sobornaron a personas para obtener información comercial petrolera propiedad de PDVSA, que luego conspiraron para usar para manipular los precios del petróleo crudo y los productos de hidrocarburos.

Presentado originalmente en 2018, el ya largo y enredado litigio se ha complicado aún más debido a la incertidumbre del poder judicial sobre si la junta directiva de la compañía está reconocida por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El panel de jueces y un abogado de PDVSA tuvieron opiniones divergentes sobre la posición del gobierno federal el jueves. Un abogado de las empresas de comercio de energía fue más punzante en sus declaraciones – llegando incluso a llamar a la empresa, que es administrada por una junta directiva nombrada por el presidente venezolano Nicolás Maduro, un «impostor».

Hasta enero, Estados Unidos reconocía oficialmente a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, como líder legítimo del país. Guaidó se autoproclamó en 2019 después de que Maduro ganara por poco la reelección en una carrera que la oposición y los observadores extranjeros dijeron que era fraudulenta.

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Pero Guaidó nunca pudo empujar a Maduro fuera de la presidencia ni obtener el apoyo de las fuerzas militares del país. Una mayoría de legisladores de la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, votó a favor de disolver el gobierno interino de Guaidó en diciembre.

Los cambios han complicado el caso y han suscitado dudas sobre si una empresa vinculada a un líder que previamente fue considerado «ilegítimo» por el poder ejecutivo del gobierno de Estados Unidos puede tener capacidad legal para presentar demandas ante un tribunal federal de Florida.

El juez de distrito Darrin Gayles denegó la petición de PDVSA de intervenir en la demanda presentada originalmente por el PDVSA U.S. Litigation Trust el año pasado. Gayles dictaminó que el tribunal carecía de jurisdicción en la materia para sustituir a PDVSA como la verdadera parte interesada porque la cesión de PDVSA al fideicomiso no era válida.

En un escrito presentado ante el 11º Circuito, los abogados de PDVSA explicaron que la demanda original fue presentada por el fideicomiso «para que los esfuerzos para responsabilizar a los demandados pudieran proceder sin la interferencia de la inestabilidad política y económica y la corrupción rampante en el gobierno y la sociedad venezolana.»

Los jueces del panel el jueves se erizaron ante una sugerencia del abogado de PDVSA de que el mejor curso de acción sería preguntarle al Departamento de Estado cuál es su posición sobre Maduro ahora.

«¿Por qué haríamos eso?» preguntó el juez superior de circuito de Estados Unidos Stanley Marcus, señalando que la administración Biden no se ha retractado completamente de la denuncia de la administración Trump de que Maduro es ilegítimo. El Departamento de Estado sigue diciendo que Estados Unidos reconoce la Asamblea Nacional de 2015 de la que Guaidó derivó su autoridad.

Argumentando en nombre de PDVSA, el abogado George Carpinello de Boies Schiller & Flexner insistió en que el Departamento de Estado aún no ha hecho una declaración «definitiva» sobre el asunto.

El abogado también sugirió que la decisión del Departamento del Tesoro de EE.UU. de noviembre que permite a Chevron reanudar el bombeo de petróleo en Venezuela podría leerse como un «reconocimiento de facto.» Carpinello dijo al panel que el gobierno no habría concedido la autorización si no reconociera a PDVSA en Venezuela «como un organismo legítimo.»

Pero Marcus no pareció convencido. La persona designada por Bill Clinton le dijo a Carpinello que estaba «en apuros para ver dónde el Departamento de Estado ha renunciado a su posición original».

En oposición, William Burck de Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, un abogado que representa a la firma de comercio de energía Trafigura Trading LLC, argumentó que lo único que importa es la posición del gobierno en el momento de la decisión del tribunal inferior.

«El gobierno de Maduro absolutamente no era visto como un gobierno legítimo», dijo Burck. «Le están pidiendo al tribunal que haga juicios predictivos sobre hacia dónde podría ir el gobierno de Estados Unidos, lo que ni siquiera importa porque al final del día la pregunta ante este tribunal es si el gobierno de Maduro era legítimo en el momento [de la decisión del tribunal de distrito].»

Burck argumentó que la falta de reconocimiento oficial para el gobierno de Guaidó «no hace por lo tanto que el gobierno de Maduro PDVSA sea legítimo.»

A Marcus se le unieron en el panel el juez de circuito de Estados Unidos William Pryor, designado por George W. Bush, y la jueza de distrito de Estados Unidos Kathryn Mizelle, designada por Donald Trump, sentada por designación del Distrito Medio de Florida.

El panel no indicó cuándo tomaría una decisión sobre el caso.

Información de Courthouse News Service.

 

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