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El fracaso tecnológico en las políticas de seguridad del régimen

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El fracaso tecnológico en las políticas de seguridad del régimen

El régimen de Nicolás Maduro se enfocó en fortalecer áreas críticas con soluciones rebuscadas, costosas y sumamente difíciles de ejecutar, todo con el fin de mostrarle al mundo que el socialismo era viable y necesario, punto que pierde peso a medida que transcurre el tiempo y Venezuela se sumerge en números rojos de inseguridad.

(Primer Informe)

Corría el año 2013, y el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el ya conocido Miguel Rodríguez Torres, actual preso político de Maduro, anunciaba los avances en la instalación Sistema Integrado de Monitoreo y Asistencia (Sima), el cual fortalecería tecnológicamente la seguridad de los venezolanos.

Para este ambicioso proyecto, se estableció una alianza China-Venezuela, en la que se contrató el servicio de expertos, especialistas en el tema y además el equipo técnico, por la suma de mil 80 millones de dólares.

En 2013, se presentó un alza en el delito de secuestro y otros delitos menores, por lo que desde el Ministerio de Interior, Justicia y Paz se establecían proyectos y planes que incluían operativos, recorridos, y caminatas policiales, lo que más tarde se establecería como Patrullaje Inteligente compaginado a la tecnología que se instalaba en el país.

Para emprender proyecto el gobierno de Maduro, trabajó con la empresa China National Electronics Importations & Exportations Corporation (CEIEC) en ese entonces el líder del régimen, anunció que el programa piloto iniciaría en el municipio Sucre del estado Miranda.

CEIEC tenía la tarea de instalar 30 mil cámaras de seguridad en 16 estados del país, con esto se concretaría la segunda etapa de 2013, Rodríguez Torres, hacia los últimos ajustes y firmó el contrato SIMA, el cual debía crear:

  • Un Centro Nacional de Comando, Control y Comunicaciones.
  • 7 Centros Regionales de Comando Control y Comunicaciones.
  • 32 Centros de Comandos Municipales y Parroquiales, interconectados con sistemas de telecomunicaciones independientes.

La premisa era que todos estos centros y equipos estarían interconectados, creando una súper red con las más de 200 estaciones policiales de cada comunidad, algo utópico, ya que hay comandos en sectores totalmente rurales, en donde la conexión o la instalación de fibra óptica aún en 2019, se ha hecho cuesta arriba e impagable.

Pero la realidad es otra, no se concretó la instalación de cámaras, y en el país tan solo operan los centros de Comando y Control de La California, Coche, en Caracas, mientras que en las regiones están activos en Nueva Esparta, Monagas, Anzoátegui, Aragua y Zulia.

A pesar de la operatividad, los centros comando no tienen una comunicación efectiva entre los operadores que evalúan donde hay un potencial riesgo y los comandos policiales.

Memoria y cuenta de 2015

En la Memoria y Cuenta del MIJ, en 2015, el Ministro especificó que se aprobó la implementación de los Centros de Comando para los estados Zulia, Anzoátegui y Nueva Esparta y los Centros de Comando en los Municipios Libertador y Baruta.

También fue habilitada la actualización del Centro de Comando del municipio Sucre, en Miranda y se le solicitó a la empresa china CEIEC, iniciar el proyecto en otros cinco: Barinas, Sucre, Mérida, Guárico y Lara.

Lo alarmante en ese entonces, fue que en el informe no se dio detalle de los avances en la instalación de cámaras, tampoco se habló de la efectividad del plan que se ejecutaba y hasta la fecha no se ha podido demostrar de forma veraz que el sistema funciona plenamente en el país.

Hampa común

La mayoría de las cámaras que están en el país fueron destruidas, pues el hampa común aprendió a identificar los artefactos y los dejaba inoperativos, esto representó un gasto doble que tampoco se ejecutó totalmente, ya que son muchos los equipos “instalados” que no emiten imágenes, sonidos o video.

Aquí también afecta el hecho de que muchos de los que manipulan las herramientas lo están haciendo por conocimientos experimentales, y es que los conocedores son los chinos, quienes mantienen la hegemonía para actualizar y configurar el sistema. En Venezuela, solo se han capacitado a operadores del sistema de seguridad (Call Center), que ahora es conocido como VEN911.

Estos operadores, son capacitados para atender llamados de emergencia realizados al número 911, ellos una vez atendida la llamada establecen contacto con el cuerpo de seguridad o preventivo que lo requiera y el evento debe ser atendido en menos de cinco minutos, algo imposible en un país donde los cuerpos de seguridad no cuenta con una flota vehicular para realizar recorridos de seguridad.

VEN 9 1 1

El sistema de seguridad representa un fracaso más de la revolución que Maduro intenta mantener, pues así como el Ejecutivo no puede cubrir una tasa de uniformados de la Policía Nacional Bolivariana, por las constantes bajas. Tampoco puede sustentar un proyecto que demanda millones de dólares cada vez que presenta un problema.

Son innumerables las campañas emprendidas para posicionar al VEN911 como el sistema de respuesta inmediata ante emergencias, pero muchos en la población venezolana desconocen el proyecto, nunca han escuchado de él y no han percibido beneficios en la disminución de los delitos.

El ente encargado de difundir la cifras rojas del país es el Observatorio Venezolano de la Seguridad (OVS), sin embargo este se ha dedicado a maquillar los números basándose en 9 indicadores considerados delitos menores, con esto se deja fuera del conteo ilegalidades de peso que ocurren con frecuencia en la calles de Venezuela.

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