El premio que le dio Maduro a uno de los principales torturadores señalados por la ONU
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El dictador Nicolás Maduro ascendió a un general acusado de realizar y ordenar detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Redacción | Primer Informe
El líder del régimen socialista venezolano, Nicolás Maduro, ascendió esta semana a Rafael Franco Quintero, uno de los jefes militares señalados por la ONU de ser uno de los funcionarios incurso en delitos y torturas contra presos políticos.
Maduro ascendió al grado de General de División a Quintero, quien comenzó su carrera en el Ejército en 1995 pero fue en 2013 cuando comenzó a llevar a cabo sus crímenes cuando fue incorporado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), donde fue nombrado Director Regional de Operaciones en la Región Central y luego en la sede de Boleíta.
Entre noviembre del 2016 y noviembre del 2018 fue el jefe del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) hasta que fue sustituido. Se dice que desde ese momento, Quintero no trabajó más en la DGCIM pero varias fuentes coinciden en desconfiar que se haya alejado de la unidad y que al contrario, siguió allí ejerciendo torturas y maltratos.
Informantes anónimos aseguraron que Quintero asumió la jefatura de Contrainteligencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en la Región Central. Esta información fue confirmada en julio del 2020 cuando Maduro lo declaró General de Brigada de la milicia.
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‘La maldad’
Quintero ha gozado de total impunidad para planear y ejecutar atroces actos y crudas violaciones contra opositores. A este militar le apodaron «la maldad» en el centro de detenciones en Boleíta, donde se ganó a pulso el historial de ser el director más sádico, según publica Infobae.
Ex prisioneros y funcionarios militares aseguraron que su llegada en 2016 al CICPC cambió todo en la Contrainteligencia Militar pues su gestión representó un empeoramiento sustancial en las torturas y maltratos realizados.
El superior de Quintero y de quien supuestamente recibía las órdenes, fue Hernández Dala, director de la DGCIM. Sin embargo este también tenía la potestad de ordenar a sus subalternos e incluso participar personalmente en las sesiones de torturas, ya sea burlándose a un costado o ejerciendo fuerza. Algunos testimonios refieren que Quintero grababa con su celular y se reía mientras eran los detenidos eran agredidos.
Al mismo tiempo, Quintero encabezó operaciones de inteligencia sobre militares disidentes y fue clave para que la Fiscalía Militar abriera múltiples investigaciones a figuras de alto nivel, contando con su participación en docenas de interrogatorios a detenidos y arrestos.
Instauró el régimen de «tortura obligatoria» al llegar a la sede de Boleíta, donde antes se realizaba de forma selectiva para obtener información de presos políticos.
A su vez, una misión de la ONU encargada de investigar estos sucesos, dijo que Quintero ordenó la «tortura despiadada» de un militar de alto rango detenido en el centro que, poco después fue liberado por la mala salud que generaron los malos tratos recibidos en el lugar.
El General Quintero tambuén se encargó de eliminar «beneficios» que los presos habían conseguido antes de su llegada al centro de detención, que no eran más que derechos básicos, como el acceso a comidas regulares, tiempo al aire libre, libros, televisión y más de 5 minutos para asearse. Quintero ordenó que las luces permanecieran encendidas en todas las celdas las 24 horas del día y que, para librarse de esto, eran llevados al llamado Cuarto de los Locos, donde se pasaban los días en completa oscuridad. Quienes llegaban a este castigo sabían que las visitas de sus abogados y familiares serían canceladas y que los bienes que éstos les llevaran serían interceptados y repartidos entre los funcionarios corruptos de la DGCIM.
La ONU mantiene una investigación abierta a Quintero por todos estos crímenes y también por violencia sexual, otra de las prácticas repetitivas de la gestión del militar hoy ascendido por Maduro.
Respaldando el proceso de la ONU, varios países sancionaron al general. Estados Unidos congeló sus activos y prohibió su participación en cuestiones financieras en julio del 2019, debido a su participación en los «abusos sistemáticos de los derechos humanos y la represión de la disidencia».
Ese año la Unión Europea y el Reino Unido hicieron lo propio y emitieron una prohibición de viaje. Suiza impuso las mismas medidas más adelante ese año.
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