Las condiciones del Tribunal Supremo de Maduro para revisar la inhabilitación de María Corina Machado
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Especialistas consideran que la vía propuesta por el régimen de Maduro carece de una impronta real que busque resolver el tema de las inhabilitaciones de forma democrática, por lo que no se trata de un compromiso concreto.
Redacción | Primer Informe
La candidata opositora de Venezuela que fue elegida en las elecciones primarias, María Corina Machado, podría estar cerca de hacer efectiva su participación en las próximas elecciones presidenciales del 2024, pese a que aún tiene encima una inhabilitación política emitida por las autoridades del régimen de Nicolás Maduro.
Un documento difundido esta semana por Noruega, país que actúa como garante en el proceso de negociación, detalló que las instituciones venezolanas abrieron una opción para revisar la inhabilitación de Machado.
La Embajada de Noruega en México informó a través de una publicación en la red social X, que el Tribunal Supremo de Justicia (controlado por el régimen madurista), iniciará un proceso para «procurar la revisión» de las inhabilitaciones, que fueron dictadas por la Contraloría General de la República, también bajo el control de la dictadura de Caracas.
Entre el 1 y el 15 de diciembre tendrán «cada uno de los interesados» para acudir en persona a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Allí podrán ejercer un recurso contra la inhabilitación que tenga impuesta, «acompañada de un amparo cautelar».
Después de esto, la Sala «se pronunciará sobre la admisión de la demanda y el amparo solicitado, conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia».
Condiciones y limitantes
El procedimiento contiene ciertas condiciones que limitan la libertad de acción de los demandantes. Por ejemplo, estos tendrán que abstenerse de agregar, en los alegatos y en las posteriores declaraciones públicas, «conceptos ofensivos o irrespetuosos contra las instituciones del Estado».
Los solicitantes tambén deberán comprometerse a respetar la Constitución, «honrar y defender la patria» y acatar la decisión «que emane de este recurso», rechazando cualquier forma de violencia en el ejercicio político.
Pese al alivio que produjo la aparición de esta vía judicial aceptada por el régimen madurista, que por el momento evita que se desinstale el acuerdo de Barbados, ésta no ha sido vista como un compromiso concreto. En Venezuela la dictadura controla a su antojo todos los poderes públicos y los usa como brazos para alcanzar sus metas anti democráticas, incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia.
Entrevistada por el medio español El País, la analista político Carmen Beatriz Fernández resaltó que «lo más importante de lo sucedido es que Maduro no rompe con el ultimátum de Estados Unidos». Para la consultora venezolana, Maduro busca «ganar tiempo» sin comprometer nada de fondo. Añade que «Maduro ha abierto las puertas del laberinto, acá no hay nada resuelto».
Una opinión más dura, también ofrecida al mencionado diario ibérico, es la de el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli, para quien a todas luces desde el régimen «no hay ninguna voluntad política de resolver este problema».
Para el abogado venezolano «bastaría con que la propia Contraloría revoque sus actos previos, que son ilegales». Sobre la inhabilitación a María Corina Machado, Rafalli dice que «nada garantiza que le den el amparo y luego se lo revoquen con una sentencia de fondo». El especialista considera que la medida a través del Tribunal Supremo madurista, «no es aceptable».
Por su parte, el jefe de la delegación chavista en los diálogos, Jorge Rodríguez, aseguró en una publicación en la red social X, que «hemos dado un paso más en la dirección correcta (…) para hacer respetar las decisiones de las instituciones del Estado de derecho y la Constitución en Venezuela. Seguimos avanzando. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada».
Mientras tanto, Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en las negociaciones, recordó, a raíz de la aprobación del mecanismo para el eventual levantamiento de las inhabilitaciones, el restablecimiento de los derechos políticos de Manuel Rosales, que se produjo cuando el TSJ admitió una demanda al ahora gobernador del Zulia, que le permitió competir nuevamente en elecciones, tras poco más de tres años de bloqueo.
Un candidato distinto
Para Mariano de Alba, especialista en derecho internacional citado por VOA, el procedimiento sugiere que la oposición puede tener un candidato distinto a María Corina Machado, pues la opción del Tribunal Supremo chavista está orientada a quienes «aspiran» a postularse como candidatos.
El también asesor sénior del International Crisis Group, ve señales de que para Estados Unidos la habilitación de Machado «no es totalmente indispensable». Pero «lo crucial será la implementación de las demás garantías electorales previstas en el acuerdo».
“Los términos del procedimiento denotan que el gobierno, con el visto bueno del gobierno de EEUU y la Plataforma Unitaria, se comprometen a una obligación del medio (un proceso de revisión) pero no de resultado (la habilitación de todos los candidatos)», advierte De Alba.
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