Análisis

EDITORIAL Washington Post: Maduro rompió su promesa electoral y EEUU debe responder

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EDITORIAL Washington Post: Maduro rompió su promesa electoral y EEUU debe responder

«Biden puede volver a imponer las sanciones anteriores o imponer otras nuevas. Lo único que Estados Unidos no puede hacer es mirar hacia otro lado mientras Maduro aplasta la democracia».

Redacción | Primer Informe

El líder autocrático de Venezuela, Nicolás Maduro, que el año pasado firmó una hoja de ruta para la celebración de elecciones libres y justas este año, ha roto decisivamente con el acuerdo, utilizando la coacción y la duplicidad para silenciar a los críticos y a la oposición. La administración Biden prometió volver a imponer sanciones si esto ocurría. No tiene más remedio que cumplir esta amenaza.

Estados Unidos levantó algunas sanciones en octubre después de que el gobierno de Maduro y la oposición venezolana, conocida como Plataforma Unitaria, acordaran en Barbados el plan electoral. En él se estipulaba que Maduro proporcionaría a todos los candidatos libertad de movimiento y de reunión, así como igualdad de acceso a los medios de comunicación.

Pero Maduro actúa como si el acuerdo nunca hubiera existido. En junio, su gobierno prohibió presentarse a María Corina Machado, una ex legisladora conservadora que ganó unas primarias informales para liderar la oposición. El 26 de enero, el Tribunal Supremo, controlado por el régimen, rechazó su solicitud de reincorporación. Como señaló el Departamento de Estado, el proceso fue una parodia: «Machado no recibió copia de las acusaciones contra ella ni se le dio la oportunidad de responder a las mismas».

El Secretario de Estado Antony Blinken exigió el 18 de octubre que Maduro «defina un calendario y un proceso específicos para la reincorporación acelerada de todos los candidatos». Blinken también dijo que Venezuela debe comenzar la liberación de «todos los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente y los presos políticos venezolanos». Maduro liberó a los estadounidenses, 20 presos políticos en diciembre y devolvió a Leonard Glenn Francis, el contratista de defensa fugitivo, a los Estados Unidos – a cambio de un venezolano detenido en los Estados Unidos por cargos de corrupción. Pero Maduro apenas ha cumplido con la exigencia de restitución de todos los candidatos políticos.

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En su lugar, ha llevado a cabo una nueva oleada de represión. El viernes, las autoridades detuvieron a Rocío San Miguel, de 57 años, activista de derechos humanos y crítica abierta del régimen, experta en las fuerzas armadas de Venezuela. Dirige la organización no gubernamental, Control Ciudadano, que aboga por el control civil de las fuerzas armadas. San Miguel fue detenida en un aeropuerto de Caracas, junto con su hija, y se desconoce su paradero.

El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, emitió un comunicado en el que afirmaba que San Miguel había sido detenida acusada de conspiración y traición por su implicación en un complot contra Maduro y otros funcionarios, pero no se facilitaron pruebas ni detalles. Su ex pareja, Alejandro González, fue acusado de revelar secretos militares. Otras cuatro personas, incluida su hija, fueron detenidas y posteriormente puestas en libertad.

En las últimas semanas, el régimen ha presentado acusaciones engañosas similares de conspirar contra Maduro contra al menos otras 33 personas, incluidos miembros de la oposición democrática, la sociedad civil, antiguos militares y periodistas. La presidenta de una misión independiente de investigación de las Naciones Unidas en Venezuela, Marta Valiñas, dijo que las detenciones «parecen ser parte de un plan coordinado para silenciar a los críticos y opositores percibidos». Más de 200 organizaciones de la sociedad civil de Venezuela emitieron una declaración en la que denunciaban la «detención arbitraria y desaparición forzada» de San Miguel y pedían su liberación. El jueves, Venezuela ordenó a la oficina local de derechos humanos de la ONU que suspendiera sus operaciones y dio a su personal 72 horas para abandonar el país. El ministro de Asuntos Exteriores, Yván Gil, dijo que la oficina había sido utilizada por la comunidad internacional «para mantener un discurso» contra Venezuela.

Después de que su gobierno aireara por primera vez las acusaciones de conspiración, Maduro declaró en televisión nacional: «Los acuerdos de Barbados están heridos de muerte. Los declaro en cuidados intensivos, los apuñalaron, los patearon». Añadió: «Espero que podamos salvar los acuerdos de Barbados y avanzar en el diálogo para lograr grandes acuerdos de consenso nacional … sin planes para asesinarme, asesinarnos o sembrar la violencia en el país.»

Pero Maduro ha demostrado que no tiene intención de permitir una competencia real en las elecciones de este año.

En octubre, Blinken fue inequívoco. «El incumplimiento de los términos de este acuerdo llevará a Estados Unidos a dar marcha atrás en las medidas que hemos tomado», afirmó. Estados Unidos concedió una licencia de seis meses que permite a Venezuela exportar petróleo y gas, lo que supone un importante levantamiento de las sanciones. La licencia expira el 18 de abril, y la administración Biden ha dicho que decidirá entonces cómo proceder. El Departamento del Tesoro dijo que mantendría las sanciones levantadas «sólo si los representantes de Maduro cumplen sus compromisos y dan pasos concretos y continuos hacia unas elecciones democráticas para finales de 2024».

Biden puede volver a imponer las sanciones anteriores o imponer otras nuevas. Lo único que Estados Unidos no puede hacer es mirar hacia otro lado mientras Maduro aplasta la democracia.

Publicado por The Washington Post, con el título original ‘Venezuela’s Maduro broke a promise on elections. The U.S. must respond‘.

 

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