ANÁLISIS: Petro no puede permitirse prohibir la prospección petrolera en Colombia
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El petróleo y el gas son cruciales para la economía colombiana y cualquier aumento en las importaciones de hidrocarburos se sentirá en el bolsillo de las personas.
Matthew Smith | Oil Price
La polémica decisión del primer presidente de izquierdas de Colombia, Gustavo Petro, de poner fin a la prospección de hidrocarburos en este país latinoamericano asolado por la guerra, ha sacado a la luz uno de los secretos más ocultos de la industria petrolera nacional: el desmoronamiento de la licencia social. Tras una serie de descubrimientos de petróleo en tierra de talla mundial en las décadas de 1980 y 1990, el petróleo se convirtió en un importante motor económico. A principios de la década de 2000, el aletargado boom petrolero de Colombia volvió a cobrar vida cuando el presidente Álvaro Uribe promovió el desarrollo del sector de los hidrocarburos para maximizar las ganancias económicas inesperadas del petróleo. Como resultado, la industria petrolera colombiana asumió un papel crucial en el milagro económico que se materializó cuando el país andino emergió de décadas de guerra civil y violencia alimentada por la cocaína.
La escasez de reservas probadas de petróleo y gas natural no frenó a Colombia. En 2013, la producción alcanzó un máximo de algo más de un millón de barriles diarios, lo que convirtió al país andino en el cuarto mayor productor de América Latina. Aunque la producción ha disminuido drásticamente desde entonces, con datos del gobierno que muestran que la producción cayó a un promedio diario de 754.199 barriles durante 2022, Colombia es ahora el tercer mayor productor de petróleo de América Latina debido al colapso de la producción de petróleo de Venezuela bajo la inmensa presión de las estrictas sanciones de Estados Unidos. Los datos de la agencia estadística gubernamental DANE muestran que en 2013 el crudo era responsable de más de la mitad de las exportaciones colombianas en valor, el 20% de los ingresos del gobierno y el 4,5% del producto interior bruto. Esto pone de relieve la importancia del oro negro para el milagro económico de Colombia durante la década de 2000, que le permitió poseer una de las economías de más rápido crecimiento de América Latina.
Sin embargo, esto tuvo un precio, ya que Bogotá y los participantes en la industria hicieron la vista gorda ante el impacto de las operaciones de la industria en las comunidades locales. La industria petrolera colombiana es responsable de daños medioambientales considerables, y muchos de estos incidentes quedan ocultos al escrutinio público. Esta es una de las razones por las que las guerrillas izquierdistas, las ahora desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), consideraban las infraestructuras energéticas un objetivo legítimo en su lucha contra el Estado. A principios de la década de 2000, la extorsión a empresas petroleras y el secuestro de trabajadores de la industria se habían convertido en una fuente de ingresos muy lucrativa para las guerrillas, mientras que los ataques a oleoductos, cabezas de pozo y otras infraestructuras de hidrocarburos eran habituales.
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En unas dos décadas, este país sudamericano asolado por los conflictos se hizo económicamente dependiente del crudo y de los enormes beneficios que genera el oro negro. El despiadado empeño de Bogotá por ampliar la exploración y explotación petrolíferas permitió a Colombia convertirse en el tercer productor de petróleo de América Latina, mientras las estrictas sanciones de Estados Unidos aplastaban la industria petrolera de Venezuela. La dependencia del crudo es responsable de considerables repercusiones medioambientales y de un importante descontento de la comunidad. Los vertidos de petróleo y otros incidentes se convirtieron en algo habitual, sobre todo cuando las guerrillas izquierdistas intensificaron los ataques contra las infraestructuras de la industria, especialmente los oleoductos, mientras algunos perforadores demostraban poca consideración por el medio ambiente. Esto es responsable de una alta incidencia de derrames, con al menos 139 sucesos de este tipo ocurridos entre 2011 y 2021, lo que ha exacerbado las tensiones con las comunidades de las regiones en las que opera la industria.
Se ha denunciado que muchas comunidades locales fueron coaccionadas para aprobar proyectos petrolíferos y que los perforadores y el gobierno nacional no han proporcionado las infraestructuras, los pagos y los servicios prometidos durante las negociaciones. Esto ha avivado el descontento en las zonas donde opera la industria petrolera, la mayoría de las cuales son regiones remotas con escasa presencia gubernamental y carentes de infraestructuras básicas, como carreteras, escuelas y centros de salud. También existe consternación por la supuesta connivencia de las fuerzas armadas colombianas y los grupos paramilitares de derechas con los actores de la industria para sofocar la disidencia de la comunidad. Por estas razones, las relaciones entre los diversos grupos comunitarios, los perforadores y el gobierno nacional son tensas y explican por qué los bloqueos de carreteras, las invasiones de campos petrolíferos y las protestas violentas de la comunidad son acontecimientos frecuentes en las regiones donde opera la industria.
Estos factores indican que no hay una solución fácil para resolver las tensiones comunitarias y la dependencia económica de Colombia del crudo. De hecho, a pesar de que la contribución económica del petróleo ha disminuido en la última década, la industria fue responsable del 2,6% del PIB de Colombia durante 2022, así como de un tercio de las exportaciones y casi un quinto de los ingresos del Gobierno, lo que demuestra que el petróleo sigue desempeñando un papel económico decisivo. Eso sólo se ampliará, a pesar de la promesa de Petro de poner fin a la adjudicación de contratos de exploración de hidrocarburos, debido a los aumentos de impuestos de noviembre de 2022. Dichas reformas contemplaron la aplicación de un impuesto incremental sobre el producto de las ventas de petróleo cuando el precio del Brent supera los valores establecidos y la eliminación del pago de regalías como deducción del impuesto sobre la renta. Si a esto se añaden otras reformas fiscales, como un mayor gravamen sobre el pago de dividendos y la introducción de un impuesto sobre el patrimonio, Bogotá espera generar unos ingresos fiscales adicionales de 4.000 millones de dólares en un momento en el que los déficits presupuestarios están aumentando vertiginosamente.
Poner fin a la exploración de hidrocarburos amenazará la autosuficiencia energética de Colombia y pondrá en entredicho la seguridad energética del país. Se teme que las reservas de hidrocarburos de Colombia se agoten en una década y que la producción de petróleo caiga un 30% en ese periodo. Un descenso tan acusado obligará a Colombia a aumentar considerablemente la importación de petróleo, gas natural y productos relacionados, principalmente gasolina, gasóleo y gas natural licuado, para satisfacer las necesidades energéticas nacionales. La escasez de gas natural ya está afectando a Colombia. La Asociación Colombiana de Comercializadores de Gas (AGREMGAS) estima que las importaciones de gas licuado de petróleo deberán cuadruplicarse en 2022 para satisfacer la creciente demanda interna, a medida que se acentúen las restricciones de suministro.
Cualquier aumento sustancial de las importaciones de hidrocarburos ejercerá una presión significativa sobre la frágil economía colombiana, que depende en gran medida de la contribución financiera del sector de los hidrocarburos. También existe el potencial de desencadenar una crisis energética, sobre todo si se tiene en cuenta que la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) cree que las reservas de hidrocarburos del país andino se agotarán en una década si se prohíbe la exploración petrolera. El plan de Petro de importar gas natural de la vecina Venezuela, para cubrir al menos un déficit de suministro, parece irrealizable a pesar de haber conseguido un acuerdo con la petrolera nacional PDVSA, miembro de la OPEP, para exportar el combustible a Colombia. La combinación de una infraestructura de oleoductos corroída, la falta de capital y las sanciones de Estados Unidos dificultan enormemente a PDVSA la entrega de los 50 millones de pies cúbicos prometidos.
El presidente de Colombia y su ministro de Energía expresaron recientemente su compromiso de poner fin a la exploración de petróleo y la transición del país a una economía más verde y menos dependiente del petróleo. Aunque las consecuencias para Colombia podrían ser graves, se verán contrarrestadas por la garantía de Petro de que su administración respetará los acuerdos existentes con la industria, lo que permitirá a los participantes en el sector continuar con sus operaciones con confianza. Sin embargo, esta decisión entraña graves riesgos para la ya frágil economía colombiana, al reducir significativamente las exportaciones y los ingresos públicos. Esto afectará a las finanzas de Bogotá en un momento crucial en el que la economía se enfrenta a una incertidumbre considerable y a una inflación galopante, que se verá magnificada por la caída del peso a medida que descienda el valor de las exportaciones.
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