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Así castiga la justicia de Maduro a los pacientes psiquiátricos

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Así castiga la justicia de Maduro a los pacientes psiquiátricos

Tras una protesta por la falta de combustible se llevaron detenidos a tres manifestantes, incluyendo a un abogado penalista y paciente psiquiátrico de alto riesgo, quien ha permanecido recluido en condiciones poco aptas para su condición desde hace dos meses

Jaime Garvett  | Primer Informe

Esta semana los familiares y abogados de Miguel Antonio Vargas, Edgaris Viera y Edgar José Sánchez, esperaron todo el día por un pronunciamiento de la jueza que lleva el caso de estos tres hombres que fueron encarcelados el pasado 15 de abril en la población de Churuguara, tras protestar por la falta de combustible que azota a este poblado, uno de los centros agropecuarios y ganaderos más importantes del centro occidente venezolano.

Dos meses atrás, el 15 de abril, la población de esta localidad ubicada al sur del estado Falcón, junto a vecinos de pueblos aledaños, se encontraban esperando para llenar sus tanques de gasolina y así poder movilizarse a sus labores.

Una reyerta comenzó esa mañana porque el orden de la cola lo querían cambiar, lo que generó una reacción de molestia en la multitud que estaba en el lugar.

Propaganda del alcalde chavista Castor Díaz

Los manifestantes piden la presencia del alcalde del municipio Federación, Castor Díaz quien llegó al lugar pero no pudo controlar la situación y de inmediato la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) comienza a lanzar bombas lacrimógenas contra los manifestantes, lo que genera que salga lastimado el alcalde Díaz y un sargento de la Guardia Nacional.

Cuando la Guardia Nacional logra controlar la situación, los ciudadanos vuelven a su cola para abastecerse del combustible.

Pero el día 19 de abril en horas de la madrugada, una comisión del CICPC que se había trasladado al lugar se hizo acompañar de efectivos de la Guardia Nacional para irrumpir en las casas de tres personas que habían estado manifestando el día de la protesta para detenerlas. Estos eran el agricultor Miguel Antonio Vargas Reyes, la comerciante de frutas y hortalizas Edgaris Viera Brarrios y Edgar José Flores Sánchez, quien es abogado penalista y paciente psiquiátrico de alto riesgo.

Esa madrugada fueron detenidos señalados de supuestamente agreder al alcalde del municipio Federación, durante la protesta.

Paciente psiquiátrico sin atención especial

Edgar Flores, quien pudo entregar una carta a su hermana Zuhail, a las pocas horas de ser detenido, pidiéndole que se hiciera cargo de su hija, posee un diagnóstico de depresión clínica y se teme por su estado de salud.

Edgar Flores, uno de los detenidos es abogado y paciente psiquiátrico de alto riesgo, al que la fiscalía y el juzgado no quieren aceptar su condición

Su hermana detalla lo ocurrido en la protesta: «Mi hermano exigía que se abasteciera de combustible pues tenía una cita en Barquisimeto (a tres horas de Churuguara) con su psiquiatra y necesitaba ir para su control y para comprar sus medicamentos».

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«Durante la protesta hubo un cruce de palabras entre el alcalde y mi hermano, otras personas comenzaron a manifestarse y comenzó la pelea. Mi hermano, respondiendo a los insultos del alcalde hacia él y hacia mi mamá, le iba a dar un puñetazo en la cara cuando un capitán se metió y recibió el golpe», describe la hermana del abogado hoy preso y con serios problemas de salud.

Las evaluaciones psiquiátricas a las que se ha sometido Edgar Flores han arrojado diagnósticos de trastorno afectivo orgánico con síntomas psicóticos, cuadro depresivo severo y alucinaciones auditivas y visuales, sumado a antecedentes familiares de esquizofrenia.

Logró graduarse de abogado e incluso ejerció su carrera por poco tiempo, durante el cual también se casó y tuvo una niña que hoy se mantiene cuidando su abuela paterna, tras haberse separado de su esposa.

Pero tiempo después presentó una pérdida de memoria, por lo que decidió emigrar junto a su hermana a Costa Rica, donde repitió sus cuadros depresivos. Luego se movió a Argentina y año y medio después decidió volver con su familia a Churuguara.

Sin ninguna orden de aprehensión, estos tres ciudadanos fueron trasladados a Coro, quienes fueron imputados por la fiscal Elsy Villegas por los delitos de incitación al odio, asociación para delinquir, resistencia a la autoridad y lesiones genéricas, durante la audiencia a cargo de la jueza Alejandra Mora.

Mora además desestimó las pruebas de la defensa sobre la condición del paciente psiquiátrico Flores y solicitó más tiempo para tomar una decisión, mientras la fiscal se niega rotundamente a calificar a Flores como paciente psiquiátrico.

La hermana de Flores dijo a Primer Informe que además «no había orden judicial, sin embargo uno de los delitos es resistencia a la autoridad, cosa que jamás sucedió porque mis padres fueron amables con estos funcionarios y mi hermano se dejó esposar sin problemas», cuando lo fueron a buscar.

Flores ha sido presa de varios episodios de ansiedad y pánico durante su encarcelamiento. Su hermana refiere que aún cuando en el CICPC han entendido su situación, «muchas veces por el cambio de turno y otras situaciones, no le dan el medicamento a la hora exacta y esto ha traído como consecuencia que no haga el efecto que debe hacer».

 

No dan respuesta

Los familiares de Miguel Antonio Vargas Reyes (43 años) también fueron entrevistados por Primer Informe y describieron al trabajador agropecuario como un «TSU en instrumentación, pero dedicado al trabajo del campo desde hace unos 8 años».

Vargas Reyes también posee problemas de salud relacionados con su respiración: «Desde su niñez ha sufrido de asma cronica, estando detenido ha tenido sangrado nasal, cambio de coloración en las manos y presenta crisis hipertensiva».

Miguel Vargas Reyes

Además lo describen coo una persona pacífica, educada y que «nunca ha estado vinculado a hechos delictivos ni mucho menos políticos».

Por su parte, la única mujer entre los detenidos, Edgaris Veria Barrios, de 24 años, es descrita como una «muchacha del pueblo quien desde niña se ha dedicado a la comercialización de frutas, verduras y hortalizas, convirtiéndose en uno de los más grandes distribuidores de este rubro en el municipio», dicen de quien llaman cariñosamente ‘La Gocha’ pues su padre posee descendencia andina.

«En varias oportunidades la han sacado al hospital para hidratarla y se han conseguido con su tensión baja, azúcar baja y una alarmante baja de peso», relatan.

Ninguno de los tres detenidos han podido ser trasladados con la urgencia necesaria cuando han presentado crisis de salud. «Dicen que están en una reunión, que no hay gasolina, que se busque un carro particular, y así dejan pasar los días para llevarlos al médico», relata una prima de Vargas Reyes.

«Hasta ahora ninguno de los familiares ha podido verlos a excepción de cuando los sacan al hospital. Sabíamos de ellos a través de algunas notas que enviábamos al llevar la comida diaria, pero luego fueron prohibidas a todos los detenidos, por órdenes de unas nuevas autoridades», comenta.

Ni las «lesiones genéricas» ni la «resistencia a la autoridad», tipificarían en delitos para la privativa de libertad, por lo que sus familiares consideran injusto la detención pues, además de los daños a su salud, han tenido pérdidas económicas.

«Miguel Vargas sufrió pérdidas en sus cosechas, la madre de Edgaris Verias ha tenido que dejar a sus hijos menores solos y prácticamente a cargo de su negocio en Churuguara, teniendo que pagar estadía en Coro con gastos de comida, abogados y el tiempo que pierden haciendo cola para gasolina», detallan los vecinos de Churuguara quienes están apoyando a las tres familias.

 

Gasolina e indolencia

Churuguara, poblado netamente agricultor y gran centro de producción de la región centro occidental de Venezuela, ha sido afectada en sobremanera por la crisis del combustible generada por el régimen de Maduro.

«Por esto de la gasolina se les ha dificultado trasladar sus productos: pimentón, cebolla, tomate, queso de res y de cabra, carnes, entre otros, hacia las ciudades de Barquisimeto, Coro, Punto Fijo Maracaibo y Caracas», relata un productor falconiano con siembras en el poblado.

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Cabe destacar que, tanto la gasolina como el gasoil no solo lo utilizan los productores para trasladar sus productos sino tambien para sus motores, para fumigar las cosechas, en los tractores, asi como para trasladarse a cada siembra donde tienen un personal capacitado al que deben atender con alimentos, o, en algunos casos trasladarlos  diariamente. Por lo que los productores han tenido que hacer grandes esfuerzos para salvar alguna parte de su produccion.

La jueza de esta causa contaba con un lapso de 15 a 20 días para admitir o no la acusación de la Fiscalía, convocar audiencia oral y juicio, pero esto no ha ocurrido, pese a los intentos que han hecho los familiares y sus abogados para que éstos sean trasladados a Churuguara para ser procesados con una medida de casa por cárcel.

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