Corrupción

Mientras Diosdado Cabello se frota las manos con los bienes de los corruptos de PDVSA, estas son las preocupaciones sobre la Ley de Extinción de Dominio

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Mientras Diosdado Cabello se frota las manos con los bienes de los corruptos de PDVSA, estas son las preocupaciones sobre la Ley de Extinción de Dominio

Una organización teme el uso que el régimen madurista dará a la Ley de Extinción de Dominio, mientras Diosdado Cabello asegura que son más de 10 mil los bienes que podrían incautarse con el mecanismo legal.

Redacción | Primer Informe

Más de 10 mil bienes han sido identificados por el régimen madurista, en medio de las investigaciones sobre el más reciente escándalo de corrupción destapado en PDVSA contra la poderosa ala de Tareck El Aissami.

Diosdado Cabello, quien hasta hace poco, elevaba alabanzas al ex ministro de Petróleo y alto jerarca del chavismo, informó la cifra y dijo que hay cerca de 19 aeronaves en la lista, a las que sugirió darles uso. «Es un avión que se utilizaba para fiestas, producto del robo a nuestro pueblo», dijo Cabello.

Para el conocido como el segundo hombre fuerte del régimen de Nicolás Maduro, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio permitirá hacerle seguimiento a estos bienes y tomar decisiones sobre éstos.

«Por ejemplo, un avión, si una persona no puede comprobar los orígenes lícitos, esa persona no puede disponer de ese bien. Vale para un vehículo, lanchas, yates, edificios o centros comerciales», añadió.

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Una Ley más que preocupante

Para recuperar los fondos públicos que las redes de corrupción investigadas han sustraído de forma ilegal, el régimen aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Extinción de Dominio, en primera discusión a finales de marzo.

El texto prevé «transferir al Estado la titularidad de los bienes relacionados con actividades consideradas como delito en la legislación contra la corrupción, la delincuencia organizada, el financiamiento del terrorismo, la legitimación de capitales y tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, aun cuando no se haya dictado sentencia en el proceso penal correspondiente».

Cuando Cabello dio a conocer el texto que él mismo impulsó, dijo que «esos dineros robados son del pueblo y deben ser administrados por el Estado y ser usados en atender a nuestro pueblo».

Agregó que la Ley le meterá «la mano en el bolsillo a los ladrones».

Sin embargo, la aprobación de una ley como la que está usando el oficialismo preocupa a la organización Acceso a la Justicia, una organización que funciona como observatorio de justicia en Venezuela.

Acceso a la Justicia publicó en su página web, las cinco preocupaciones que les genera la ley:

1. Limitaciones al derecho de propiedad ya existen en la Constitución: El artículo 116 de la Constitución de Venezuela reza que «no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de bienes sino en los casos permitidos por esta Constitución. Por vía de excepción podrán ser objeto de confiscación, mediante sentencia firme, los bienes de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, responsables de delitos cometidos contra el patrimonio público, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público y los bienes provenientes de las actividades comerciales, financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes».

De esta forma la extinción de dominio no está en la Constitución como terminación del derecho de propiedad. Pero uno de los puntos más destacados es que el proyecto no contempla el supuesto de que el titular de los bienes al que se le aplique la medida, sea declarada inocente. Esta sería una situación que causaría daños considerables.

2. Sin límites temporales: En el borrador de la Ley se lee que «la extinción de dominio se aplicará desde el momento de entrada en vigencia de esta Ley, aun en los procesos que se hallaren en curso». Sin embargo, esto choca con el artículo 24 de la Carta Magna, que dice que esto puede ocurrir pero se debe cumplir lo siguiente: «Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron».

La Ley impulsada por Cabello podría aplicarse en los procesos en curso, pero no se pueden presentar pruebas nuevas que perjudiquen al imputado. Esto violaría el principio de irretroactividad de la ley, tal como lo establece la Constitución.

3. Sin garantías: Según los analistas, las garantías que gozarán los sometidos a esta Ley, son insuficientes. Por ejemplo, el artículo 13 obliga a los funcionarios públicos a denunciar bienes provenientes de supuestas irregularidades, sino quieren ser sancionados administrativa y penalmente. Esto abriría las puertas a acusaciones sin fundamento.

La norma pone en riesgo el secreto profesional y la vida privada de las personas. La disposición, según Acceso a la Justicia, busca legalizar la criticada figura de los «patriotas cooperantes», quienes simpatizando con la dictadura madurista, revelan informaciones, con o sin fundamento, de disidentes y opositores.

Incluso se plantea en el artículo 24 del proyecto de Ley, que los informantes reciban «una retribución equivalente a un porcentaje del producto que el Estado obtenga por la liquidación de dichos bienes, o del valor comercial de los mismos dependiendo de la colaboración. Este porcentaje lo determinará el juez en la sentencia, de oficio, o a petición del Ministerio Público».

Esto incentivaría la entrega de información, sin importar si son falsas, con el fin de recibir una recompensa. Además con la falta de independencia de jueces y fiscales en Venezuela, dejar a discreción el monto que recibirán estos informantes podría afectar al Estado que puede perder más recuperando los activos que manteniéndolos en las manos de los presuntos criminales.

4. Sin control: La Ley plantea que los bienes declarados en extinción de dominio serán enajenados a título oneroso por parte del Ejecutivo. Los recursos de su venta serán usados para financiar el funcionamiento de distintos sistemas en el país, como la protección social o el funcionamiento de servicios públicos de calidad.

Pero en la propuesta no se indican los mecanismos para que el Ejecutivo garantice y supervise el cumplimiento de este uso de los bienes incautados. A esto se añade el hecho de que, mientras se dicta una sentencia en Venezuela pueden pasar años y la entrega de estos bienes a entidades públicas, sin rendición de cuentas o que pueda ser disfrutado por algún funcionario. Por esto un gran error del proyecto es no obligar a dar publicidad sobre cómo se manejan los bienes desde el momento en que se adjudican cautelarmente hasta cuando son adjudicados definitivamente al Estado.

5. Sin Estado de derecho ni independencia: Finalmente, la situación de la justicia venezolana impacta en la implementación de esta ley. La ausencia de Estado de derecho y un texto como el del proyecto de ley Orgánica de Extinción de Dominio, hace que los expertos de Acceso a la Justicia, se pregunten «¿Cómo se puede garantizar que la aplicación de la ley se haga de una manera adecuada y que los bienes que se recuperen realmente tengan el destino correcto en un país cuya justicia penal no es independiente?».

 

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