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En España los socialistas en el poder, como los chavistas, viven como potentados

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En España los socialistas en el poder, como los chavistas, viven como potentados

El temor del líder socialista Pablo Iglesias a la manifestaciones ciudadanas se convierte en un gasto extra para los cuerpos que velan por su seguridad personal.

Redacción – Primer Informe

Hasta cincuenta agentes han llegado a estar destinados por la Guardia Civil española para vigilar el lujoso chalé que Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno español, mantiene con su pareja Irene Montero, quien ejerce como ministra de Igualdad.

La principal razón para ese cerco de seguridad se debe al temor de Iglesias ante los cacerolazos, totalmente pacíficos, que los vecinos del municipio de Galapagar hacen para quejarse de la pésima gestión que el gobierno socialista ha hecho de la crisis de la COVID-19.

El cuidado de ese chalé es un quebradero de cabeza para la Guardia Civil de Madrid y una sangría de recursos que está afectando la seguridad de municipios aledaños.

Hasta medio centenar de agentes ha llegado a tener en algunas jornadas, cuando se detectaba a través de redes sociales y de otras fuentes, que habría más personas en las protestas.

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Desde que empezaron los cacerolazos el pasado mayo, el perímetro de seguridad que exige Iglesias va en aumento. Cada vez se ha alejado más de la vivienda. Y sin  importar que los que se manifiestan cada vez son menos y mantienen una conducta cívica, Iglesias exige que al menos haya 10 agentes cada turno vigilando su residencia.

Sin embargo, Iglesias no se confía y convoca a sus simpatizantes a antagonizar con los manifestantes. De esa situación se han generado altercados que hasta ahora no pasan de ser verbales.

El chalet de Iglesias, que han llegado a custodiar hasta 50 funcionarios, costó entre 600 mil y 800 mil euros.

Seguridad especial

Los agentes se han quejado que prácticamente se han visto obligados a cerrar toda la urbanización. Reconocen que la conducta de los vecinos de la pareja de políticos es ejemplar.  «A este paso cortamos la urbanización entera», ironizan los agentes, molestos.

Ya antes del estado de alarma, el matrimonio contaba con seguridad personal, como todos los ministros, de la Policía Nacional, más una patrulla de Guardia Civil 24 horas en la puerta. Tuvieron que instalar una garita para paliar las pésimas condiciones de trabajo de los agentes.

Desde mayo, cuando las caceroladas se trasladaron, entre otros lugares, a la mansión, la Comandancia, entonces mandada por el coronel Diego Pérez de los Cobos, estableció dispositivos de seguridad a diario.

Esa seguridad se mantiene día tras día con un número variable de integrantes (la media es de diez agentes), pese a que últimamente no son más de veinticinco los «españoles indignados» que se concentran en las inmediaciones de la casa, con sus banderas de España a la espalda y sin provocar ningún altercado.

Desde hace un par de semanas otra decena de guardias de Grupos de Reserva y Seguridad, unidad de élite del Cuerpo experta en seguridad y control de masas, o de la USECIC, grupos también elitistas de respuesta rápida, patrullan por las inmediaciones en previsión de altercados.

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