Planes fraudulentos de cedulación desde el chavismo buscan afectar próximas elecciones en Colombia
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En Colombia pasó algo similar a lo que ocurrió con la emisión de pasaportes en Venezuela emitidos a terroristas de las FARC, ELN y grupos islámicos.
Redacción | Primer Informe
La pandemia de la COVID-19 fue la única forma de parar la migración de venezolanos a Colombia, que llevaban un objetivo: tramitar su registro civil, pedir la ciudadanía colombiana y retornar a Venezuela.
El trámite era algo normal desde hacía tiempo. Algunos buscaban alguna oportunidad de trabajo del lado colombiano, sin embargo, la mayoría terminaba el trámite y se devolvía inmediatamente.
Sin embargo unas cifras que datan del 2014 llamaron la atención de las autoridades colombianas. En ese año cuando se registró la estampida humanitaria desde Venezuela –debido a las presiones del régimen de Nicolás Maduro, al desabastecimiento y la persecución a la oposición–, los venezolanos que pidieron ciudadanía colombiana fueron 22.147.
Estas cifras se incrementaron exponencialmente y prendieron las alarmas del gobierno de Iván Duque. La Registraduría Nacional, Migración y la Policía consideraron el hecho como un tema de seguridad nacional.
A esta preocupación por el tema se unió también una información que llegó a la Casa de Nariño de muy buena fuente, sobre un presunto plan del régimen chavista dirigido por Nicolás Maduro para intentar influir en las elecciones presidenciales del 2022.
Aparte de las estrategias de desestabilización, el supuesto plan orquestado desde Venezuela, pretendía la cedulación masiva de venezolanos para influir en los resultados electorales. Y es que el incremento de cédulas colombianas originales la mayoría emitidas fraudulentamente a todo tipo de personas, ya ocurrió en otros países trayendo graves consecuencias.
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Una investigación ejecutada por la Policía Judicial de Migración Colombia y alrededor de 50 auditorías de la propia Registraduría en todo el país han establecido que entre los clientes de esta red de funcionarios corruptos figuran desde un cantante colombiano hasta una profesora de una universidad costeña.
De acuerdo a una investigación de El Tiempo, funcionarios al servicio del régimen venezolano también han sacado documentos colombianos. Se trata de efectivos de la Guardia Nacional venezolana, funcionarios el FAES una cuestionada policía del régimen venezolana acusada de violación de derechos humanos y tortura, y a capos miembros de bandas criminales venezolanas, como es el caso de alias Willy Meleán, u peligroso delincuente abadito en Colombia hace unos días.
Según fuentes internas de seguridad aseguraron que Willy Meleán y su mujer obtuvieron cédulas originales con otros nombres, hecho que llevó a Alexander Vega, registrador nacional, a cerrar la sede de la entidad en Galapa, Atlántico, para llevar a cabo una auditoría en el lugar.
Mientras tanto la información sobre el traslado masivo de venezolanos buscando registro civil, cédula y hasta pasaporte colombiana, las autoridades la mantienen bajo reserva.
No obstante El Tiempo pudo acceder a datos recientes que, incluso según el diario colombiano, se han ventilado en reuniones en Presidencia, con el registrador Alexánder Vega; el fiscal, Francisco Barbosa; el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa; el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, y fichas de la inteligencia.
Es claro que, en 2018 y 2019, hubo un incremento exponencial en la solicitud de registros civiles, el primer paso para ir por los otros documentos.
Funcionarios involucrados
Hay al menos cuatro funcionarios con procedimientos abiertos por corrupción en varios departamentos colombianos.
En el municipio Santiago en el Norte de Santander fue suspendido el registrador municipal José Enrique Leal Gélvez. Igualmente se inició una actuación disciplinaria contra Fredy Alberto Ramírez Rodríguez, quien se desempeñaba, para el momento de los hechos, como registrador municipal de San Cayetano, al igual que al actual registrador de Pamplona, Ramón Saíz Reyes, por la pérdida de adhesivos relacionados con la expedición de copias de registro civil.
En Valledupar se le dio captura al ex registrador de San Juan del Cesar, La Guajira, fronteriza con Venezuela, por presuntos delitos de tráfico de migrantes y falsificación de documento público.
En Soledad, Atlántico, avanza la investigación para resolver el presunto caso de corrupción dentro de la Registraduría del municipio, donde supuestamente se estaban nacionalizando ciudadanos venezolanos de manera irregular.
Según El Heraldo, dos personas que estaban en proceso para obtener su cédula colombiana contaron que debieron pagar $1.700.000 y había un “compromiso de votar” en las próximas elecciones.
La corrupción en Colombia está alentada por una ley que data de 1970, que permite que cualquiera se registre con la sola presencia de dos testigos. Esta que estaba prevista para nacimientos en el campo o con parteras, ahora se utiliza en el tráfico de testigos falsos y en algunos casos, hay registradores que ponen sus huellas y venden los documentos por dos millones de pesos.
Las cifras expuestas por El Tiempo son alarmantes. En 2014, pidieron ser reconocidos como colombianos 22.147 venezolanos, supuestamente con padres colombianos. En 2015, la cifra saltó a 41.450, y el año siguiente, a 66.966.
Pero el gran brinco se produce en 2017, 2018 y 2019: hubo primero 93.975 solicitudes; luego, 159.413 y 142.208. En lo que va corrido de 2020, con pandemia incluida, la cifra es de 42.586, para un total de 568.825. De ese universo de nuevos colombo-venezolanos, en el censo electoral aparecen 379.334, listos para votar.
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Con todos los datos anteriormente expuestos, es evidente que no todos harían parte del supuesto plan del chavismo, sin embargo la información que hay es que en camino van 200.000 más.
Un investigador dijo a El Tiempo que “la cifra puede parecer insignificante si se tiene en cuenta que un presidente se elige con 10 millones de votos. Pero podría ser el tiquete para una segunda vuelta. Hace poco uno de esos cupos se definió con menos de 300.000 votos”.
A parte de la auditoría que se planea hacer en el Registro también está presente otra posibilidad. Echando mano de la facultad que le permite proteger el censo electoral, Vega podría optar a suspender la inscripción de registros civiles para venezolanos, usando testigos. La única excepción serían los menores de edad, los cuales están protegidos por normas internacionales.
Otra de las medidas es que los colombo-venezolanos que quieran votar vuelvan a inscribir su cédula dentro de un lapso determinado y en un proceso que incluya incluso biometría facial. Es posible que en unos días se conozcan medidas para empezar a blindar el censo electoral.
Los documentos colombianos han dado para todo, no solo para mafiosos colombianos. Según las investigaciones pasó algo similar a lo que pasó en Venezuela con los pasaportes. Cubanos, árabes y sujetos de otras nacionalidades han pagado por registros.
La mafia que hay en Colombia en torno a la expedición ilegal de identidades es monumental y tiene en alerta a autoridades de Estados Unidos, Francia, Emiratos Árabes, España e Italia, entre otros países.
El portafolio que ofrecen incluye dar de baja documentos de mafiosos –como José Berley Guarín Loaiza, alias el Ilustre–, para que aparezcan como fallecidos y cese su persecución. Y también le expidieron cédulas al extinto guerrillero ecuatoriano alias Guacho; al sanguinario jefe del Eln, alias Pablito, y a alias el Mocho, el criminal que estalló la bomba en la Escuela de Cadetes General Santander (2019).
En una de las auditorías ordenadas por la Registraduría se encontraron 89 árabes con identidad colombiana, obtenida a partir de registros civiles fraudulentos. Todos juraban ser de Pivijay, Magdalena, y algunos posaron para la foto con sus turbantes.
Agotadas todas las instancias y respetando el debido proceso, la Registraduría les anuló los documentos a Base Safady Amiri, Kamal Zgheib, Nadia Issa Nashman, Yamal Gardou, Haisam Haime Atat, Al Hariri Ahmad, Tuameh Bacahar y Mohammed Bazar, entre otros. Y ahora harán lo mismo con un cantante de Maracaibo y con una doctora que dicta clase en la Costa.
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