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La empobrecedora fórmula de Nicolás Maduro para los trabajadores ante la dura crisis económica de Venezuela

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La empobrecedora fórmula de Nicolás Maduro para los trabajadores ante la dura crisis económica de Venezuela

Además de que el monto de los bonos es insuficiente en términos de su capacidad de compra real, su aplicación tiene carácter discriminatorio porque margina a los ya precarizados pensionados y jubilados del IVSS, y a quienes no pueden acceder a la plataforma del Sistema Patria.

Redacción | Primer Informe

El 1 de mayo de 2023 el gobierno venezolano decretó el ajuste del ingreso mínimo mensual y no del salario mínimo general: aumentó el bono de alimentación (de 1,82 dólares a 40) y anunció el pago de un bono contra la guerra económica de 20 dólares. Así, desde marzo de 2022 el salario mínimo se mantiene en 130 bolívares mensuales (unos 3,7 dólares en octubre de 2023), mientras la devaluación y la elevada inflación le hacen perder poder adquisitivo.

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Bonos y no salarios

El salario mínimo sirve de base para calcular los beneficios de seguridad social de los venezolanos. Mantenerlo inalterado responde a dos circunstancias:

  • La intención del gobierno de minimizar el impacto fiscal del salario, por la incidencia que cualquier ajuste tiene en las tablas salariales, en términos de: prestaciones sociales, utilidades, vacaciones y demás beneficios legales de los trabajadores.
  • La posibilidad de usar la estrategia de bonificación como mecanismo de diferenciación, al otorgar privilegios a unos y desproteger a otros, administrando la escasez de recursos en favor del control político en vísperas de elecciones.

Además de que el monto de los bonos es insuficiente en términos de su capacidad de compra real, su aplicación tiene carácter discriminatorio porque margina a los ya precarizados pensionados y jubilados del IVSS, y a quienes no pueden acceder a la plataforma del Sistema Patria a través del cual se tramita la entrega de estas bonificaciones.

En todo caso, el gobierno desatiende los acuerdos de marzo de 2022, impulsados por la OIT, relativos a la fijación de salarios mínimos. Lo mismo sucede con las exigencias sindicales de ajuste de las escalas salariales, principalmente de la administración pública, quienes reciben montos cercanos al mínimo legal.

A pesar de las presiones sindicales y de las exigencias de la Comisión de la OIT asentada en el país, el gobierno insiste en seguir otorgando bonos sin carácter salarial, cuyo monto y periodicidad fija unilateralmente y sin criterios conocidos para su determinación.

Lea la nota completa en Semana.com

 

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