Venezuela pagó sobreprecio de $235 millones en compra de alimentos para Clap
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De acuerdo a una investigación del gobierno argentino empresas de ese país en confabulación con funcionarios de Maduro se beneficiaron de manera fradulenta con compras para el programa alimenticio
(Primer Informe)
De acuerdo a un informe de la Sindicatura General de la Nación Argentina Venezuela pagó un sobreprecio por un total de 235 millones de dólares a empresas proveedoras de Argentina, que suministraban alimentos y productos para los combos Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un programa ideado por Maduro para distribuir una caja de alimentos y así mantener cautiva a una parte de la población.
Este programa no ha estado exento de polémicas ligadas a corrupción en el pasado, pero ahora aparece otro caso que involucra a la administración de Maduro con irregularidades por las compras para los Clap.
El informe de la Sindicatura de la Nación argentina, que fue citado por el diario La Nación de Argentina, detalla que Venezuela desembolsó 20.000 millones de dólares a unas 15 empresas de la nación austral, en el período comprendido entre los años 2012 y 2016, con sobrefacturación que alcanzan preliminarmente a 235 millones de dólares.
La nota del diario La Nación destaca que la Sindicatura comparó los precios de la mayoría de las operaciones con los del mercado internacional en la fecha de contratación y detectó una sobrefacturación de hasta 90% en algunas operaciones, durante el período 2012-2016.
Importantes corporaciones argentinas, como Sancor, un fuerte competidor en el sector lácteo, y la avícola Granja Tres Arrolyos, aparecen implicadas como proveedoras del gobierno venezolano.
En concreto, Sancor hizo negocios con el gobierno de Venezuela por 403 millones de dólares y la supuesta sobrefacturación alcanzó un excedente de 23% sobre los precios de referencia.
La empresa señaló a La Nación que aplicó un sobreprecio a sus ventas a Venezuela por la inseguridad de recibir los pagos correspondientes, por lo que esta fue una suerte de «estrategia de cobertura» y, además, reivindica una deuda remanente de 30 millones de dólares.
Organismos de la justicia argentina investigan este caso con la hipótesis de que se cometió un presunto delito de soborno continuado, lo que habría conducido a una grave defraudación del fisco venezolano.
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