Cuaderno de Notas | Casto Ocando: Torturas, narcodólares, castigo eléctrico, megadeuda y la vigilancia electrónica de la dictadura venezolana
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La tortura, golpe y negociaciones
Esta semana ha demostrado por enésima vez que el régimen de Maduro recurrirá las veces que sea necesario a la tortura mortal y a la mentira estructurada para sostenerse en el poder tanto como sea posible. Por un lado, el brutal asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo producto de torturas se une a un largo expediente de muertes por golpizas de militares y civiles que se oponen al régimen.
Y por otro, las acusaciones de un presunto movimiento golpista no sólo para derrocar a Maduro sino para matarlo, sin presentación de evidencias o permitir el debido proceso de los acusados del supuesto complot, muestran hasta qué punto es capaz de llegar el régimen en su falta de escrúpulos.
La denuncia del golpe presentada por Diosdado Cabello, un notable narcotraficante acusado por varios países, y denunciado como un desalmado capo por varios de sus antiguos guardaespaldas, resulta irónica. Acusó por ejemplo al general Antonio Rivero, actualmente un asilado político en Miami, de participar en la presunta conspiración.
Al mismo tiempo dijo que Rivero no había sido confiable en el golpe del 4 de febrero de 1992, en el que participó activamente Cabello. La noticia del supuesto levantamiento, difundida inicialmente por el psiquiatra Jorge Rodríguez, coincide con el anuncio del reinicio de las negociaciones entre el régimen y el presidente interino Juan Guaidó, una iniciativa que ha experimentado un extendido rechazo entre seguidores y detractores de la oposición venezolana.
A menos que el objeto de la negociación se organizar la salida de Nicolás Maduro y su organización criminal. Por ahora, el régimen está acorralado financieramente, pero militarmente no tiene una “motivación” para abandonar el poder sólo por la vía de la negociación.
¿Qué garantías puede lograr Nicolás Maduro de que no va a ser perseguido en el futuro? O: ¿qué quiere Maduro a cambio de irse de Miraflores? Las preguntas pueden extenderse. Pero queda claro que el tiempo, esta vez, corre en contra de la oposición, y a favor del régimen.
La danza de los narcodólares
El episodio del decomiso en República Dominicana de casi $1.4 millones en efectivo que tenían como destino Venezuela, no es ni único ni aislado, sino un patrón que ha tenido lugar gracias a la maquinaria de lavado de dinero producto del narcotráfico que controla el régimen de Nicolás Maduro.
La operación en general, con ramificaciones en el Caribe y Centroamérica, ha estado bajo investigación de agencias federales de Estados Unidos pormás de 6 años. El lavado de dinero en efectivo proveniente de narcotráfico, es uno de los negocios más lucrativos no sólo para Venezuela, sino para Cuba y otros países como Panamá, Nicaragua, Bolivia, El Salvador, Honduras y República Dominicana.
La estructura del negocio es muy sencilla: el dinero de la venta de la cocaína enviada a través de Venezuela, vía República Dominicana u Honduras, y que llega directamente a Estados Unidos, o de forma indirecta por México, es reunido en ciudades como Nueva York y Miami para ser enviado de regreso en forma de carga aérea o marítima, como contrabando ilegal con destino a Venezuela.
Una de las investigaciones, liderada por el Servicio Secreto norteamericano, entre cuyas funciones está combatir el tráfico de dinero en efectivo, se centró en la flotilla de aviones bajo control de empresarios y/o testaferros venezolanos, entre los cuales se encontraba la flotilla controlada por Samark López en varios aeropuertos privados de Miami y Fort Lauderdale, con empresas administradas por su operador Victor Mones.
En otra investigación, un equipo de la DEA y Homeland Security, se enfocó en las empresas de carga propiedad de venezolanos ubicadas en Doral, incluyendo varias firmas en la Florida controladas por un empresario venezolano residente en Aruba. Antes de que las sanciones del Departamento del Tesoro convirtieran a Pdvsa en una entidad paria, el lavado se hacía a través de las empresas que la petrolera estatal venezolana controlaba en países como Nicaragua y El Salvador.
Después de las sanciones, las rutas cambiaron y ahora República Dominicana, que es un centro neurálgico de operaciones del Chavismo-Madurismo, se convirtió en un eje clave para el lavado de dinero en efectivo. La investigación del caso de los $1.4 millones se enfoca ahora si el dinero está vinculado directamente a Diosdado Cabello, que también controla sus propias redes de lavado masivo.
Hasta ahora hay casi una decena de implicados, entre venezolanos y dominicanos, y la policía dominicana, bajo presión de Washington, está cooperando más activamente de lo que quisiera.
El “hombre nuevo” de la revolución bolivariana
Antes de que le dedicaran una sanción personalizada en el Departamento del Tesoro, Nicolás Maduro Guerra, alias Nicolasito, el hijo único de Nicolás Maduro, era considerado un gran operador de actividades ilícitas en Venezuela, desde narcotráfico hasta contrabando de minerales preciosos.
Sobran las historias que describen la arrogancia y al mismo tiempo la impunidad con que se desenvuelve este “hijo” auténtico de la revolución bolivariana. En agosto de 2017, por ejemplo, el ex militar Sunny Balza Dugarte reveló que Nicolasito transportó “bultos desconocidos” a través el aeropuerto de la Isla de Margarita. “Las cargas se efectuaban durante horas nocturnas por parte de camionetas pick up que ingresaban directamente a rampas con bultos desconocidos, dijo el ex capitán de la Guardia Nacional venezolana que comandaba una unidad militar en el aeropuerto Santiago Mariño.
Estas alegaciones han sido investigadas por la DEA luego que reportes afirmaran que el propio capo mexicano Chapo Guzmán solía visitar la isla para descansar y reunirse con intermediarios del régimen. Otra investigación señala al hijo de Maduro como jefe de una red de exportación de anfetaminas hacia el Cono Sur, según fuentes de inteligencia consultadas para esta columna.
En noviembre de 2018, el diputado opositor Américo de Grazia denunció que Nicolasito en combinación con Diosdado Cabello estaban implicados en la extracción ilegal de coltán y oro en el estado Bolívar. “En nuestras denuncias hemos dicho que Nicolás Ernesto Maduro Guerra tiene en su poder las minas de Coltán, el oro azul que reposa en Bolívar y Diosdado Cabello tiene un pran llamado ‘Jhon Petricaʼ que funciona en Las Claritas.
Eso despertó la furia de Nicolás Maduro y por ello me amenazó en cadena nacional de muerte a mí y a Andrés Velásquez. No nos vamos a callar”, dijo de Grazia, hoy un refugiado político en la embajada de Italia en Caracas. La empresa de fachada usada por el hijo de Maduro se llama Wall Marketing. Hace dos meses, el gobierno italiano decomisó 5 toneladas de coltán provenientes de Venezuela debido a violaciones en las regulaciones sobre importación de minerales.
El mineral habría sido exportado ileegalmente desde Venezuela por la organiación de Nicolasito. El hijo de Maduro utiliza un contingente de la Guardia Nacional y funcionarios del Servicio Bolvariano de Inteligencia (Sebin) como su servicio de protección personal, no sólo usando ilegalmente recursos del Estado venezolano sino promoviendo el abuso de autoridad.
En junio de 2017, unamujer fue detenida por el Sebin en Maracaibo, luego que tomara fotos de Maduro Guerra en una fiesta privada. Las sanciones de la OFAC, que habían sido anunciadas previamente por el asesor de seguridad nacional para América Latina de la administración Trump, el cubano- americano Mauricio Claver- Carone, están basadas en reportes de que presionó a las FANB para detener el ingreso de ayuda humanitarian internacional a Venezuela; promueve la censura y explota ilegalmente minas en Venezuela “al lado de Maduro y su esposa Cilia Flores”, según el expediente de Nicolasito en el Departamento del Tesoro. Se trata de un castigo que Nicolasito tendrá de por vida, y que como a muchos otros funcionarios del gobierno de su padre, lo convierte en un paria internacional.
Castigo a los responsables de la crisis eléctrica
Además de Nicolasito, el Departamento del Tesoro castigó a dos altos funcionarios del régimen, que jugaron un papel clave en la actual catástrofe eléctrica de Venezuela: el ex ministro de Energía Eléctrica Luis Motta Domínguez, que presidió Corpoelec entre 2015 y 2019, y su viceministro de Finanzas e Inversiones Eustiquio Lugo Gómez. Tanto Motta Domínguez como Lugo Gómez fueron acusados de participar en un esquema de corrupción y lavado de dinero a través de bancos del sur de la Florida, en conexión con los empresarios Jesús Ramón Veroes y Luis Alberto Chacín Haddad, ambos residentes de Miami.
La investigación se inició en febrero de 2018, cuando Motta todavía era la más alta autoridad eléctrica de Venezuela, gracias al testimonio de uno de los implicados, Veroes, presuntamente molesto por que no le pagaron lo prometido. Según el testimonio, Veroes ofreció a su socio Chacín Haddad usar su estrecha relación con Motta Domínguez para asegurar contratos millonarios de suministro con Corpoelec.
Motta Domínguez estuvo de acuerdo y designó a su viceministro Lugo Gómez como encargado de las negociaciones. Tras el contacto, Veroes y Chacín recibieron varios contratos de Corpoelec: un primer contrato en 2016 para suministrar montacargas por un valor de $6.4 millones; un segundo contrato para entregar transformadores por valor de $9.8 millones; un tercer contrato, el mismo año, para proveer generadores eléctricos por $900,000.
Luego vinieron otros dos contratos: uno por $5.8 millones para suministrar bombillas, y otro por $35 millones para enviar bombillas para postes de luz en calles y avenidas. Los envíos se hicieron a través de varias compañías de Miami: Search Trading LLC y Headline LLC, propiedad de Chacín, y NV Oriental Trading Corporation, propiedad de un familiar de Veroes.
Para principios de 2018, Veroes no había recibido el pago esperado, y decidió cooperar con las autoridades. Agentes de la DEA comenzaron a grabar las conversaciones entre Veroes y Chacín, y con el viceministro Lugo Gómez y Motta Domínguez. Adicionalmente, entregó una amplia gama de evidencias: transacciones bancarias, correos electrónicos, chats de Whatssapp, facturas y otros documentos.
Tras declararse culpables, Veroes y Chacín deben devolver, cada uno, $5.5 millones en ganancias que habrían obtenido en la operación, incluyendo los montos pagados en sobornos a Motta Domínguez y Lugo Gómez. Este es el último caso de una serie de investigaciones criminales que implican a funcionarios eléctricos no sólo en Estados Unidos sino en España, Andorra, Brasil, China y Cuba, entre otros. Ex funcionarios como Nervis Villalobos y Javier Alvarado se encuentran detenidos en España acusados de pagar commisiones ilegales para otorgar contratos a empresas españolas.
En Brasil, una investigación está actualmente en curso en torno a las operaciones ilegales del gigante Odebrecht en Venezuela, con contratos de varias decenas de miles de millones de dólares con presunto sobreprecio. Otras empresas de China y Cuba también se encuentran en la mira por contratos vinculados al sector eléctrico cuyos resultados han sido deficientes. El caso contra Motta Domínguez y Lugo Gómez amplía la lista de funcionarios del sector eléctrico responsables de la catástrofe del suministro de energía eléctrica en Venezuela.
Lo que trajo Christopher Figuera
La llegada a Washington del general chavista Christopher Figuera causó una ola de reacciones pero no sorpresas. Vino a ampliar y a corroborar información sobre cuyas pistas ya estaban actuando numerosas agencias federales que investigan las redes criminales del régimen de Maduro.
Entre los temas más atractivos está la presencia cubana, de la cual Christopher es testigo privilegiado, ya que era considerado uno de militares los más pro-cubanos del régimen, hasta que se volteó, dejando en evidencia que hasta los cubanos están penetrados por el enemigo.
Quizá lo más importante es toda la información concerniente al CESPPA, que es el organismo que centraliza la apabullante vigilancia electrónica que el régimen, con la ayuda de chinos, rusos y cubanos, lleva a cabo en contra de los venezolanos.
De acuerdo a fuentes de inteligencia, Christopher ya ha confirmado el uso del régimen del famoso sistema de inteligencia artificial Watson, con fines de persecución política. El aparato de vigilancia electrónica, facilitado por el control que tiene el régimen sobre las telefónicas públicas y privadas que proveen servicio telefónico y de internet en Venezuela, permite a Maduro conocer las conversaciones de la oposición en tiempo real, lo cual le otorga un elemento clave para promover divisiones internas que están dificultando la tarea del presidente interino Juan Guaidó.
La información provista por Christopher a lo largo de varias semanas a agencias federales primero en Bogotá y luego ahora en Washington, producirá resultados muy específicos. La “arena movediza” de Maduro.
En una entrevista con el canal VPI, de Miami, el asesor de seguridad nacional Mauricio Claver-Carone, insistió una vez más en el mensaje que ha venido repitiendo cada vez que tiene oportunidad: que Maduro está rodeado de arenas movedizas traicioneras, que no duerme bien de noche, que no confía en nadie. Claver habla incluso de un “quebrantamiento institucional alrededor” de Maduro.
Reveló que mantiene conversaciones con militares venezolanos y aseguró que hasta ahora ninguno le ha dicho que es “leal” a Maduro. Otro dato clave es lo que Estados Unidos está dispuesto a negociar con Maduro: “Estamos proponiendo una salida segura (de Maduro), con condiciones; es la única conversación que estaríamos dispuestos a tener con Nicolás Maduro”.
En otras ocasiones, Claver ha sugerido que la inteligencia norteamericana conoce dónde duerme Maduro cada noche, y a cuáles sitios se mueve, donde se esconde. El objetivo de Claver es doble: intimidación (no te puedes esconder de nosotros), y división (todos alrededor de Maduro estaban y están buscando una salida).
El escándalo de la deuda de Chávez y Maduro
Mientras el país avanza en el camino catastrófico liderado por Nicolás Maduro, la economía exhibe un balance igualmente catastrófico, al menos desde el punto de vista de la deuda externa. El más reciente cálculo del tamaño del endeudamiento incurrido por Venezuela desde la llegada del chavismo en 1999 lo acaba de suministrar el profesor Mitu Gulati, de la Duke University, en el foro esta semana organizado por el Imperial College de Londres: entre $150,000 y $200,000 millones.
La falta de exactitud se debe a la ausencia de estadísticas oficiales y al desconocimiento de cuánto y quiénes son los que controlan los papeles de la deuda, lo cual impide hacer una valoración exacta sobre el costo real de esos papeles en el mercado financiero internacional. “Saber quién tiene control sobre esos papeles es crucial cuando se trata de reestructurar (la deuda)”, afirma Gulati.
El académico de Duke University afirmó que con una orden ejecutiva, el presidente Donald Trump podría abrir laspuertas para reestructurar la deuda venezolana como estrategia para recuperar las finanzas públicas de Venezuela una vez que Nicolás Maduro salga del poder.
Para tener una idea del tamaño de la deuda, en 1999, cuando Chávez llegó al poder, la deuda pública externa del país era de unos $28,000 millones, según el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Alexander Guerrero. Desde entonces, Venezuela ha tenido ingresos cercanos a los $2 trillones ($2,000,000,000,000).
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