Cuaderno de Notas | Casto Ocando: Bloqueo a la mafia
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La opción de iniciar un bloqueo general contra Venezuela, o poner al país entero en “cuarentena”, es una posibilidad muy seria que podría ponerse en marcha una vez que venza el plazo de la oferta de Washington a Nicolás Maduro para que abandone el poder a cambio de no perseguirlo criminalmente por el resto de su vida.
Maduro no aceptará la oferta, como ya lo ha sugerido, y la ofensiva tendrá lugar por los cuatro costados del país, mediante una coalición de países con Estados Unidos al frente. Una medida inicial será un bloqueo naval –embarcaciones no autorizadas no podrán entrar ni salir-, una medida que interrumpirá no tanto el flujo comercial, reducido al mínimo por decisión de la dictadura, sino el flujo de contrabando de materiales preciosos, productos petroleros robados y droga hacia el Caribe, Centroamérica, Europa y Africa Occidental.
Una cuarentena efectiva debe establecer adicionalmente una estrategia de contención en las fronteras terrestres, principalmente en los numerosos pasadizos que funcionan en la extensa frontera con Colombia y Brasil, obligatoriamente con la ayuda de esos dos países. Pero es quizá la exclusión del espacio aéreo la medida más crucial en el objetivo de bloquear absolutamente y quitarle el máximo de oxígeno al régimen dictatorial, lo cual no podrá ser realidad sin militarizar significativamente el conflicto para asegurar su éxito. Porque como en los tiempos bíblicos y en la Edad Media, la cuarentena se ha aplicado para contener la irradiación de enfermedades malignas como la lepra y la peste negra.
En esta ocasión, es otro tipo de plaga que el presidente Trump está dispuesto a aislar a toda costa en Venezuela: el Socialismo del Siglo XXI, que como ningún otro virus o germen ha provocado más miseria, hambre, criminalidad, narcotráfico, corrupción y una peligrosa oleada de desplazados que amenaza con convertir Latinoamérica en una región caótica como nunca antes se había visto, ni siquiera en Cuba. Aunque un bloqueo general no es propiamente un ataque militar, es su prolegómeno. Fue exactamente la primera medida que Estados Unidos tomó antes de lanzar la masiva invasión a Irak en 2003.
Imponer un bloqueo aéreo obstaculizaría totalmente, por ejemplo, el puente aéreo que jefatura Tareck El Aissami para sacar oro a Turquía, y para recibir las enormes pacas de euros que recibe como pago, a través de vuelos charter que salen desde Estambul o Dubai contratados a empresas de aviación que podrían estar controlando sus propios testaferros. Interrumpiría decisivamente la flotilla de avionetas que salen a Honduras o República Dominicana cargados de hasta 2 toneladas de cocaína cada una desde pistas clandestinas en el sur o en el occidente venezolano.
Detendría los vuelos semanales de aviones venezolanos que recalan en la zona de Cayo Coco, Cuba, con enormes cantidades de efectivo para lavar, y droga para circular, según investigaciones muy recientes de la DEA. La contención terrestre no sería menos importante: clausuraría el tráfico de combustible, alimentos y droga que beneficia no sólo al entorno de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Valdimir Padrino, sino de bandas criminales como El Tren de Aragua y el ELN. Pondría una decisiva pausa a los envíos de cocaína vía Perú, que se hacen a través de gandolas de Pdvsa bajo control de altos chavistas plenamente identificados por Estados Unidos.
Como me lo explicó un especialista del Comando Sur en días recientes: “todos los escenarios han sido analizados en sus más ínfimos detalles, y en todos los escenarios sale la carta del triunfo”. Lo único que falta es la luz verde de Washington, que trae de cabeza al régimen en Caracas. Y ahora parece que esta vez Trump sí está dispuesto a apretar el botón.
Señores de la Guerra
La posibilidad real de un bloqueo forzoso a Venezuela, con o sin portaaviones nuclear, siempre estuvo en los escenarios de cálculo de la dictadura. Desde hace por lo menos cuatro meses, los líderes más destacados se han estado preparando para las peores situaciones, siendo el bloqueo uno de ellos.
Según está investigando una importante agencia de Estados Unidos, varios líderes como Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, están contratando asesores militares extranjeros, principalmente a través de grupos mercenarios privados, para armas sus propias estrategias de defensa personal/grupal para situaciones, aplicando el modelo de los señores de la guerra en Irak y Siria.
Uno de los grupos contratados es el Grupo Wagner, que emplea ex militares de Rusia, Ucrania y otros países de Europa del Este. Cada alto chavista está diseñando su propio grupo paramilitar para fines de protección, me asegura una fuente de inteligencia.
Incluso Iris Varela, temiendo quedarse por fuera en posibles negociaciones para la salida de Maduro, ha dicho abiertamente que tiene su propio ejército de presidiarios, 30,000, una cifra nada despreciable.
No es posible anticipar si esta estrategia de Señores de la Guerra funcionará, pero al menos deja ver el nivel de preocupación de los señores de la revolución bolivariana, y de su convencimiento de que no estarán dispuestos aceptar las sugerencias de Oslo o del Grupo de Contacto de la Unión Europea, y salir de Venezuela pacíficamente.
Tareck, el oro y Banco del Tesoro
El seguimiento internacional a Tareck El Aissami es tan detallado, pese al uso de pasaportes falsos y posiblemente lentes oscuros, gorras u otros adminículos para ocultar su identidad –como lo hacía su congénere Hugo Carvajal-, las autoridades han identificado las rutas aéreas y el mecanismo usado por el activista de origen sirio para vender y cobrar oro venezolano de forma ilegal para burlar las sanciones impuestas por Estados Unidos.
Bien es sabido que entre 2017 y 2018, Venezuela vendió unos $2,000 millones en lingotes que salieron de forma ilegal –violando las leyes venezolanas e internacionales que establecen la obligatoriedad de reportar cualquier transacción en oro-. Como publicó en marzo pasado el portal runrún.es, la venta de los lingotes se hizo a dos empresas con oficinas en Dubai (Noor Capital y Goetz Gold) y una en Estambul (Sardes Kiymetlí Madenler A.S.).
Para trasladar las 73.2 toneladas vendidas, se realizaron 27 vuelos en aerolíneas como la turca Turkish Airlines (estatal), la panameña Copa, las emiratíes Rotana Jet y E-Cargo, y Solar Cargo, una empresa con sede en Miami. Pero eso fue en 2018.
En 2019, las operaciones han tomado un curso distinto. Aunque algunas líneas, como Solar Cargo, han continuado operando “discretamente” en el traslado de oro de Venezuela a Turquía –según fuentes, bajo amenaza de suspenderles las operaciones de carga Miami-Venezuela sino cumplen-, las operaciones usan ahora vuelos charters contratados a firmas como MNG Jet, de Estambul, y otros aviones de Rusia cuyos propietarios no aparecen en los registros aeronáuticos.
Los envíos son organizados por Tarek El Aissami bajo protección diplomática, y consignados en Estambul bajo protección del régimen turco, que exige un “impuesto” oneroso. Según las fuentes, El Aissami exige el pago en billetes de euros, pero el traslado del efectivo a Venezuela lo hace otros funcionarios chavistas, entre ellos Eneida Laya, actual presidenta del Banco del Tesoro.
Laya viaja con regularidad a Turquía y a otros países en vuelos privados para recoger el dinero y traerlo a Venezuela, razón por la cual se ha ganado un puesto entre las favoritas de Nicolás Maduro. La ruta podría llegar a su fin en cualquier momento.
La estrategia de “Discovery” de Samark López
El pasado 1 de agosto tres venezolanos con ciudadanía norteamericana que fueron apresados bajo acusación de integrar una red de lavado de dinero y narcotráfico liderada por Tarek El Aissami y su “testaferro” Samark López Bello, se declararon inocentes de los cargos ante un juez federal de Nueva York, negando que hubieran cometido delito alguno.
A los acusados –Alejandro Miguel León Maal, Víctor Mones Coro y Michols Orsini Quintero-, se les señala de haber usado varias empresas con sede en Estados Unidnos para violar y/o intentar violar las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro (OFAC) contra El Aissami y López Bello.
La estrategia de declararse inocentes tienen una razón poderosa: al negarse a declararse culpables y negociar una reducción de la pena, los acusados tendrán acceso a las pruebas recopiladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en Manhattan, para justificar el caso criminal en contra de los tres empresarios y sus “jefes”, El Aissami y Samark.
El proceso es conocido como “discovery” en la jerga de la justicia federal, y es el momento en que acusadores y acusados comparten evidencias antes de ir a un juicio público. Al tener acceso a las pruebas en su contra tanto El Aissami como Samark podrán conocer con certeza lo que Estados Unidos sabe sobre ellos, a fin de organizar la defensa en un juicio criminal.
Durante años, López Bello pagó enormes cantidades de dinero a importantes bufetes en Estados Unidos, entre ellos el costosísimo DL Piper de Washington DC, para “blindarlo” en caso de que fuese sancionado o acusado criminalmente.
Permitió incluso que auditores norteamericanos que habían trabajado previamente en el Departamento del Tesoro, examinaran todas sus cuentas, contratos, transacciones financieras y vínculos financieros con el gobierno venezolano. Luego de la costosa operación –se estima que pagó más de $60 millones en estas asesorías- Samark se sentía protegido y no tenía inconveniente en afirmar que había amasado una fortuna de $1,200 millones a través de “contratos legítimos”.
Cuando en febrero de 2017 la OFAC lo incluyó en la lista de sanciones, López reaccionó contrariado que se trataba de una medida política por su amistad con El Aissami. La OFAC “no ofrece evidencia factual o justificación legal de por qué Samark López debería estar en la lista”, respondió airado en un comunicado de prensa. Desde ese momento no cesó en su esfuerzo de intentar probarle al gobierno norteamericano que era un empresario impecable.
Buscó contratar al famoso bufete de Miami Ballard, pero nunca tuvo la ocasión de probar su inocencia al gobierno de Trump. Sin embargo, el Departamento del Tesoro no es el único tras la pista de sus actividades. El “discovery” es una parte crucial del esfuerzo de López y El Aissami de tratar de probar que la acusación criminal presentada por Estados Unidos carece de méritos. Pero a estas alturas del juego, puede ser un poco tarde ya para El Aissami y López Bello.
La cooperación de Hugo Carvajal
La estrategia de presión multilateral contra la dictadura de Nicolás Maduro montada por Estados Unidos desde enero de 2019 con la llegada de Juan Guaidó a la Presidencia encargada, ha generado resultados devastadores para el régimen, en cuanto al tipo de testigos y evidencias recolectadas con la ayuda de personeros claves surgidos desde las entrañas del narco-régimen.
El más reciente en la lista es el ex general Hugo Carvajal, de fama bien conocida. Carvajal, que había huido de Venezuela vía República Dominicana a España, había planeado negociar un acuerdo de protección que no incluyera prisión, fuese con Estados Unidos o con el gobierno de Madrid.
La jugada no salió según lo planeado, y fue apresado por la Guardia Civil Española. Su más reciente decisión de no pelear judicialmente la solicitud de extradición en su contra presentada ante la Audiencia Nacional por Washington, es crucial. Ofrecerá, según sus abogados, su extenso testimonio y las pruebas que recopiló por muchos años, para reducir al máximo el tiempo de prisión.
Las pruebas salpicarán a medio mundo en el chavismo, comenzando por el propio comandante galáctico, y también a Diosdado Cabello, lo cual no sorprende a nadie. Pero otros nombres aparecen en la lista de “encargos”: Jorge Arreaza, toda la familia de Rafael Ramírez, Cilia Flores, su hermano Bladimir, toda la familia Chávez –incluyendo María Gabriela y Rosa Virginia-, José Vicente Rangel, y la extensa tribu El Aissami, entre otros.
Chevron
La Administración Trump ha concedido un nuevo plazo a la multinacional petrolera Chevron para que continúe operando en Venezuela, al lado de otras corporaciones nortamericanas como Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International.
Sin embargo la extensión sólo fue otorgada por tres meses y no por seis, lo usual hasta ahora. Según una fuente familiarizada con la decisión, la renovación bien podría ser un tiempo en que estas transnacionales deben preparar su inminente salida de Venezuela, ante la radicalización de las medidas por parte de Washington contra Maduro.
Las firmas norteamericanas no son las únicas bajo presión gracias a la dictadura. Las corporaciones rusas que aún operan en Venezuela, han redoblado su personal de seguridad con mercenarios rusos ante lo que avizoran como un inminente estallido social que convertirá al país en un caos incontrolable, según reportó recientemente el portal ruso Meduza.
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