Cuaderno de Notas | Casto Ocando: Martillando el bolsillo de la Revolución

Durante años, la dictadura de Nicolás Maduro se preparó para sobrevivir no solo a una posible acción militar en su contra, ya fuera patrocinada por factores internacionales, o por grupos de militares venezolanos descontentos; sino también, y muy particularmente, para continuar operando en la eventualidad de un embargo económico y masivas sanciones de Estados Unidos y otros países.

Para tales fines diseñó calculadamente y puso en marcha una economía paralela basada en varios elementos fundamentales: los fondos obtenidos a través de la corrupción pura y dura, las ganancias generadas por el tráfico de cocaína, la explotación de minerales preciosos, y un sistema de lavado y de transferencias de capitales a estructuras financieras internacionales, utilizando organismos del estado como Pdvsa y el Banco Central de Venezuela, entre otros. Parte del plan consistió en reducir al máximo la dependencia en los ingresos petroleros, a sabiendas de que se trataba de una clara vulnerabilidad frente a sanciones petroleras, como en efecto tuvieron lugar.

El alto chavismo se preparó, visiblemente, para depender de otros “commodities” distintos al crudo que había financiado el desarrollo del país por décadas. La infraestructura petrolera, que requería de una extraordinaria inversión pública para mantenerse competitiva a nivel internacional, fue decayendo aceleradamente en los 5 años de Maduro, hasta llegar al abandono que exhibe hoy en día. En contraste, el alto chavismo invirtió tremendos recursos para incrementar negocios como la explotación de oro y el tráfico de drogas.

Según investigaciones actualmente en curso por parte de agencias como la Drug Enforcement Administration (DEA), altos dirigentes del chavismo integraron diversos carteles no solo para organizar el traslado de cientos de toneladas de cocaína a través de territorio venezolano –usando soldados y oficiales del Ejército y la Guardia Nacional Bolivariana, camiones de transporte militar y personal de protección-, sino para crear infraestructura de producción de drogas en zonas rurales y urbanas de Venezuela, una modus operandi sin precedentes en la región.

Al mismo tiempo comenzó a autorizar la explotación de minerales valiosos como oro, diamantes, coltán y otros elementos que eran enviados como contrabando a terceros países para su refinación y/o venta. El chavismo-madurismo creó conexiones criminales en una docena de países, desde Bolivia, Ecuador y Colombia, hasta Cuba, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos, sin contar con las redes en países como Rusia, Turquía, Bulgaria y China, entre otros.

Esta economía invisible generó decenas de miles de millones de dólares en efectivo, que fueron “blanqueados” de diferente manera. Mucho de este dinero se ocultó a través de mecanismos financieros en paraísos fiscales, inversiones en hedge funds y portafolios de bienes raíces, entre otros instrumentos. Tras la imposición de las sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y otros países latinoamericanos, la situación comenzó a cambiar.

Las sanciones contra la dictadura, al lado del incremento de acciones de interdicción y de persecución criminal a las redes de tráfico y lavado, ha causado un serio impacto a las operaciones criminales a través de las cuales el régimen obtiene el flujo financiero necesario para mantener las lealtades. Una operación que anteriormente no tenía muchos obstáculos como el traslado del dinero en efectivo recogido en Estados Unidos de la venta de cocaína para ser enviado a Venezuela, y de ahí blanqueado usando la maquinaria estatal, es ahora una tarea casi imposible.

Aunque Maduro y Diosdado Cabello siguen enviando dinero en efectivo a Cuba y otros países, para inyectarlos en el sistema financiero internacional, la tarea no solo es más costosa sino que conlleva mucho más riesgo de ser descubierta.

“Los lavadores internacionales cobran hasta el 50% del total del dinero a lavar”, me dijo un experto que trabaja con la DEA investigando las redes criminales del narcotráfico auspiciado por el régimen de Maduro.

Los paraísos fiscales tradicionales en Europa, el Caribe e incluso en Asia ya dejaron de ser lugares seguros para esconder el dinero, según especialistas.

El anuncio a principios de la semana pasada del embargo impuesto por la administración Trump a Venezuela, generó una ola de nerviosismo en los bancos de todo el mundo, por temor a que una violación aunque sea involuntaria de estas sanciones tuviera como consecuencia la suspensión de operaciones en el sistema financiero norteamericano.

Un banco basado en Nueva York, por ejemplo, intentó en vano por diversos medios obtener la lista oficial de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, a fin de incluirlos en su lista negra, pero se tuvo que conformar con la lista que aparece en Wikipedia, hasta nuevo aviso.

El brazo largo del embargo está alcanzando zonas tan remotas como Angola, Suráfrica, y la diminuta isla de Malta, una zona usada por la dictadura venezolana para “bypasear” las sanciones.

Washington advirtió recientemente al gobierno de Malta sobre las actividades ilegales de trasbordo de combustible y productos petroleros en una zona llamada Hurds Bank, ubicado en aguas territoriales al este de Malta, donde se han transferido un total de 400,000 toneladas de productos refinados desde principios de junio. Los productos son trasladados a Venezuela para usar en la extracción de crudo pesado de la Faja del Orinoco, suministrado por proveedores rusos.

Según el Lloyds List, una publicación especializada en operaciones marítimas internacionales, Venezuela realizó transferencias de este tipo de productos con al menos una decena de tanqueros en aguas a las afueras de Malta, con los llamados transponders (sistema de identificación del barco) apagados.

Hurds Bank ha sido usado en el pasado en el tráfico ilegal de productos petroleros procedentes de Libia, en operaciones coordinadas por grupos extremistas libios y elementos de la mafia italiana. Estados Unidos podría haber confiscado o congelado decenas de millardos de dólares y euros pertenecientes al estado venezolano, incluyendo fondos de particulares identificados como operadores, testaferros o representantes con lazos estrechos con el régimen dictatorial.

Uno de ellos es Samark López, cuya fortuna que él mismo admite que se ubica en unos $1,200 millones (amasados, según su narrativa, en un período de una década de contratos lícitos con la revolución chavista), antes de que fuese incluido en la lista OFAC en 2017.

Tras la sanción, el Departamento del Tesoro le congeló fondos de unos $500 millones, incluyendo un yate de $16 millones, y una mansión también de $16 millones, bienes tan costosos que el gobierno norteamericano le permite a Samark pagar por su mantenimiento.

Y eso sin contar con la flotilla de aviones, sobre la que escribiremos en el futuro cercano, que le manejaba su socio y actual detenido en Nueva York, Víctor Mones. Tomando en cuenta que Estados Unidos considera a Samark testaferro número 1 de Tareck, el congelamiento de bienes es un golpe directo a las finanzas del sirio-venezolano acusado por la DEA de narcotraficante. Pero este no es el único golpe que Tareck ha recibido.

En El Salvador, por ejemplo, una combinación de actuación de la DEA y el cambio de gobierno dejó a Tareck fuera de juego, al menos por el momento. El tráfico de drogas y las operaciones de lavado en conjunto con el ex comandante guerrillero del FMLN devenido magnate, José Luis Merino, está suspendido y Tareck ya hace rato que no envía sus agentes y empresarios en aviones de Pdvsa, porque sabe que está bajo la mirilla intensa.

Diosdado Cabello es otro que le han estrujado el bolsillo. Al menos una docena de operativos que mantenían cuentas y propiedades en Estados Unidos en su nombre, han sido puestos al descubierto y sus fortunas puestas en remojo, mientras explican el origen de estos fondos. Cosa que no ha pasado aún, de acuerdo a mis fuentes en la fiscalía de Houston.

Las rutas del oro, que varias agencias de inteligencia monitorean de cerca, es un objetivo más complicado pero no menos imposible de “traquear” y detener. No solo por los sofisticados equipos que monitorean todo, sino por la gente que desde adentro está cooperando activamente. El golpe al bolsillo de la revolución bolivariana, crucial para sostener al régimen, está provocando más deserciones internas que cualquier otra medida aplicada hasta ahora. La pregunta es: ¿arrojará los resultados esperados?

Infiltrados en Miami

La detección del abogado chavista Antonio Amado Molina viviendo a sus anchas en Miami, por parte de Iván Simonovis –una muestra que sus años de prisión no redujeron ni por un centímetro sus habilidades de sabueso policial- puso en evidencia un problema que muchos creían terminado: la infiltración, aún activa, de elementos de la dictadura en la boca del lobo imperial.

A Molina le espera un procedimiento que no le será agradable: en algún momento de su aplicación para ingresar a territorio norteamericano. Es casi seguro que Molina olvidó decir al oficial de inmigración norteamericano cuando aplicó para su visa, que en su pasado, sencillamente había sido una pieza clave para encarcelar injustamente a más de una docena de oficiales, y que había sido líder de los círculos bolivarianos en la era de Chávez.

Ahora no volverá por el resto de su vida a los paseos vespertinos por las calles seguras de Miami. Lamentablemente Molina no es el único infiltrado en la comunidad del sur de la Florida. Nótese, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Chourio, sobrino del general recién ascendido Jesús Suárez Chourio, que por años ha manejado empresas de envío de carga a Venezuela desde la comodidad de Doral.

Chourio fue señalado de exigir un soborno de $2 millones a una empresas de Miami que tenía pagos pendientes con Bariven. En el caso judicial que tuvo lugar en Miami, Bariven tuvo que pagar más de $40 millones, pero Chourio no fue acusado penalmente. Seguro que tampoco dijo nada en el consulado en Caracas cuando pidió una visa para viajar al imperio.

En todo caso, las oficinas de Homeland Security en las cercanías del Dolphin Mall están atentas y activas –incluso para recibir cualquier tipo de información- sobre los operadores, disfrazados o no, de la dictadura en Miami. Incluyendo los sapos que el Sebin envía cada cierto tiempo.

Maduro y el narcoterrorista ciego

Jesús Santrich es un líder de las FARC que saltó a la prominencia no solo por su formación –se graduó de sociólogo e historiador-, sino por que no le tembló el pulso a la hora de cometer toda clase de crímenes, incluyendo el envío de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos después de la firma de los tratados de paz auspiciados por Juan Manuel Santos.

Muchos se preguntan cómo hace un hombre ciego para dirigir una organización criminal de alto vuelo, y evitar las traiciones. Porque Santrich es lo que Estados Unidos califica de narcoterrorista por derecho propio. Conviene saber que Santrich no nació ciego sino que perdió gradualmente la visión desde los 14 años, desde cuando era miembro de la Juventud Comunista en Colombia.

Actualmente es fugitivo de dos justicias, la de Colombia y la de Estados Unidos. Por eso huyó como pudo a Venezuela, bajo la protección de Nicolás Maduro. Santrich escapó nuevamente a La Habana, según información difundida por el expresidente colombiano Andrés Pastrana, en el mismo avión usado por Maduro. Lo cierto es que Santrich estuvo protegido todo el tiempo en las afueras de Caracas por tres equipos de vigilancia, coordinado por la Casa Militar de Maduro, según agentes de inteligencia colombiana.

El hombre ciego estaba acompañado de otro colombiano que entraba y salía del refugio, una casa de dos niveles con guardias por los cuatro costados. La ubicación por GPS permitió monitorear al narcoterrorista. Santrich ahora tiene la protección de Raúl Castro. Pero no por siempre.

La persecución de las Criptomonedas

Una manera que la dictadura de Nicolás Maduro está usando cada vez más para bypasear las sanciones económicas son las criptomonedas. Y la OFAC lo sabe. No en vano, el Departamento del Tesoro ha creado una coalición de 15 países para monitorear juntas cualquier tipo de transacción sospechosa, a través de un sistema de colección de data que identifica las personas que participan en estas transacciones.

El objetivo crucial del llamado Grupo Tarea de Acción Financiera (Financial Action Taskforce, FAT) del Departamento del Tesoro es la de evitar que usuarios de criptomonedas laven fondos a organizaciones criminales y terroristas, como el caso de la narcodictadura venezolana.

Las operaciones de FAT se incrementaron desde la época en que Maduro anunció las operaciones del Petro. Inmediatamente después del anuncio, la OFAC advirtió en una declaración oficial que “personas y empresas basadas u operando en Estados Unidos que negocien en la moneda digital venezolana (petro) se arriesgan a exponerse a ser sancionados”.

La OFAC no solo está recopilando información de una docena de plataformas que negocian criptomonedas, sino que está creando una lista negra especial para operadores y plataformas digitales de este tipo de transacciones que crucen la línea roja.

La regulación más sensible de la OFAC para la dictadura madurista es la exigencia de que evitar negociaciones en monedas digitales emitidas por países sancionados como Venezuela, o con “direcciones digitales” que aparezcan en la lista negra mencionada arriba.

Hezbolá y Barbados

Es hora de admitirlo: la narcodictadura no tiene una sola motivación real para entregar el poder. Ha sido objeto de sanciones como ningún otro país, la persecución internacional está en pleno desarrollo. Cada día es más difícil para los maduristas obtener dinero de sus acciones criminales, sea tráfico de drogas, contrabando de oro o robo a la cosa pública. Pero la única amenaza que terminaría de convencerlos –la posibilidad real de una solución de fuerza- no está inmediatamente a la vuelta de la esquina, aunque la opción está .

“Los mafiosos no ceden el poder y las ganancias (ilegales) porque respetan el mundo civilizado”, afirma Jiri Valenta, investigadora asociada del Centro de Estudios Estratégicos Begin-Sadat, con sede en Jerusalén, comentando específicamente el caso Venezuela.

No son solo los carteles de la droga que operan muy lucrativos negocios en Venezuela, o los grupos delictivos y de guerrilleros disidentes que se benefician del contrabando de oro, el tráfico de mujeres y armas, las vacunas en zonas fronterizas, y otras actividades “menores” como secuestro y robo de propiedad privada.

Por ejemplo, la sobrevivencia de la organización terroristas Hezbollá depende no de lo que ocurra en el Medio Oriente sino decisivamente de sus relaciones con Nicolás Maduro, asegura Valenta. Venezuela ayuda al grupo terrorista a lavar su dinero y beneficiarse de las redes de tráfico de droga para obtener financiamiento crucial a sus operaciones terroristas internacionales. Hezbollá también usa su relación con Maduro para “procurar información de inteligencia” sobre organizaciones criminales internacionales para mantenerse en alerta.

El Secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo es de la misma exacta opinión. Las operaciones en Venezuela de Hezbolá son “un negocio para hacer dinero”, dijo Pompeo ante un panel del senado sobre Narcotráfico Internacional recientemente.

Según Pompeo, se trata de una operación “designada para generar ganancias a Hezbolá y sus actividades, que son mayormente conducidas en el Medio Oriente”. En otras palabras, explicó Pompeo, Hezbolá paga su nómina en el Medio Oriente gracias a los negocios criminales conducidos con ayuda de Maduro en Venezuela.

Luego están los casos judiciales abiertos en media docena de países contra altos personeros del chavismo, incluyendo a Maduro, Cilia Flores, sus hijos y sobrinos, y Diosdado Cabello y su familia, y la extensa prole de El Aissami, casi toda implicada como un verdadero clan en el crimen transnacional. Y después no hay que descartar los grupos armados que operan con suficiente autonomía en territorio nacional.

Un elemento clave de toda negociación es tener la capacidad de convencer al enemigo con quien se negocia, en este caso la dictadura madurista, de que lo que vendrá será peor que lo que pueden obtener mediante negociación. Maduro acaba de revelar que el ofrecimiento más duro hasta ahora de la oposición en Barbados es cabildear para retirar las sanciones. ¿A cambio de que Maduro se vaya? Parece muy improbable.

La violencia en USA vs. Maduro

Recientemente una ola de ataques armados con saldo de tres decenas de fallecidos y múltiples más heridos, sacudió diversas zonas de Estados Unidos, en ataques perpetrados por antisociales y perturbados. Las masacres sorprendieron al país y pusieron de relieve un fenómeno preocupante para los estadounidenses.

Actualmente, Estados Unidos ocupa el lugar 28 en muertes por armas de fuego en el mundo: un total de 4.43 muertes por cada 100,000 habitantes en 2017, mucho más alto que otros países del primer mundo. El índice es más alto en algunas regiones como el Distrito de Columbia -16.34 por cada 100,000 habitantes-, y Louisiana, 10.68 por 100,000.

Las masacres en Texas y Ohio la semana pasada, generó críticas en todas partes, incluyendo una advertencia de la dictadura madurista a los viajeros venezolanos a territorio norteamericano, sobre el nivel de la violencia a la que se exponen.

Lo cual resulta una ridícula ironía por parte del régimen dictatorial. Venezuela ocupa el segundo lugar en el mundo entero, entre los países con el más alto índice de muertes por armas de fuego, 42.15 por cada 100,000, diez veces el nivel de violencia de Estados Unidos, según estadísticas del Instituto de Evaluación y Medición de Salud, con sede en Seattle.

En 2018, una encuesta Gallup designó a Venezuela como el país más violento del mundo por segundo año consecutivo. Las matanzas de Texas y Ohio equivalen quizá a una noche de violencia en Caracas. O mucho menos. No en vano la revolución bolivariana, que se precia de pacifica, ostenta un récord aún no superado en la región: más de 350,000 muertes en una zona que no está en situación de guerra.

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