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La guerra de Maduro y Duque: La nueva alianza armada puede generar una confrontación violenta en la región

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La guerra de Maduro y Duque: La nueva alianza armada puede generar una confrontación violenta en la región

Francisco Olivares

@folivares10

La conformación del nuevo grupo “Movimiento Bolivariano por la nueva Colombia” liderado por el ex jefe de las FARC, Iván Márquez, que según la inteligencia colombiana, opera desde Venezuela, podría generar una confrontación armada si se repite la experiencia ecuatoriana cuando fuerzas militares atacaron y destruyeron el campamento del jefe guerrillero, Raúl Reyes, ubicado en territorio de Ecuador.

El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, presentó el miércoles 11 ante la Organización de Estados Americanos (OEA) un informe que muestra eventuales nexos entre el gobierno de Nicolás Maduro y grupos terroristas como la disidencia de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El canciller señaló que “el régimen de Venezuela alberga y auspicia organizaciones terroristas; le sirve de refugio a estos delincuentes que desde ese territorio planean acciones criminales que luego ejecutan en Colombia”.

La protección, ayuda diplomática, alianza política, apoyo financiero y respaldo abierto a los movimientos guerrilleros colombianos de las FARC y el ELN, de parte del régimen chavista, ha sido una práctica abierta desde que Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela. Hay una larga lista de hechos, declaraciones y actuaciones, primero de parte de Chávez y ahora de Maduro que confirman dicha alianza.

Más allá de si los documentos publicados por la revista colombiana Semana, en la que presuntamente Maduro ordenó a las FANB resguardar y proteger a los grupos “rojos” en Venezuela, son auténticos; la alianza entre guerrilla y gobierno venezolano, con proyectos comunes, tiene una larga historia que comenzó cuando el chavismo declaró a los grupos armados colombianos como “una fuerza beligerante”. De allí en adelante, las visitas de los jefes guerrilleros a Miraflores y declaraciones de apoyo desde la Asamblea Nacional fueron política de Estado.

Pero ahora, luego de los acuerdos de desmovilización firmados en Cuba, un nuevo escenario geopolítico comienza a abrirse en la región a partir de la nueva situación en la que el segundo jefe de las FARC, Luciano Marín Arango alias “Iván Márquez”, vuelve a tomar las armas y convoca a la conformación del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.

Esa alianza intenta agrupar a toda la disidencia armada que no se acogió al proceso de paz. Estará el ELN, uno de cuyos jefes envió un saludo y reconocimiento a esa iniciativa de Márquez; igual se anexarían los grupos armados anárquicos como Los Pelusos, que es el grupo guerrillero que se ha mantenido en armas del Ejército Popular de Liberación. Ante el acuerdo de desmovilización, otras organizaciones armadas dedicadas al narcotráfico comienzan a ampliar sus territorios y a tomar mayor relevancia como el llamado Clan del Golfo, que cuenta con unos 7 mil hombres; así como Los Caparros, y Los Rastrojos; netamente dedicados al negocio del narcotráfico, no alineados a ideologías.

El nuevo escenario pone en un punto crítico la estabilidad del continente, dado que Márquez, Seuxis Pausias Hernández Solarte alias “Jesús Santrich” y el resto de los jefes guerrilleros que lideraron el regreso a las armas, pudieran estar montando desde Venezuela la nueva estrategia que busca retomar el control de territorios en Colombia por parte de la nueva organización y retomar sus operaciones que proveían de cerca de 500 millones de dólares al año a los grupos armados.

A juicio del comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro “no nos enfrentamos al surgimiento de un nuevo grupo armado organizado; por el contrario, se están develando las intenciones de estos oscuros personajes cuando abandonan los acuerdos. Lo único que querían era pasar a integrar las filas de este grupo armado organizado residual que simplemente es una organización dedicada al narcotráfico y al terrorismo.

En entrevista concedida al canal NTN24, el jefe militar colombiano sostiene que ese regreso a las armas no es algo que los haya sorprendido. “Esos bandidos estaban ya en la clandestinidad y nosotros estábamos en un alerta especial porque  se sabía que estaban protegidos por otros grupos residuales (armados) pues era un tema de alta peligrosidad para el Estado”.

Los grupos residuales es la calificación que le dan los organismos de seguridad a estas nuevas estructuras criminales al margen de la ley que no se acogieron al proceso de desmovilización y que dedican a extorsiones, homicidios, terrorismo, narcotráfico, secuestro y otras actividades ilegales. También se les denominan Grupos Armados Organizados (GAO).

Navarro señala que la información que maneja la inteligencia colombiana es que este grupo tomó como su retaguardia estratégica los estados fronterizos de Venezuela con Colombia; de manera específica los estados Apure, Bolívar y Amazonas. “La razón es que esa ubicación geográfica los hace sentir seguros. Están asentados allí porque de alguna manera hay una convivencia de los organismos del régimen de Maduro con estos bandidos”.

El comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia asegura que tienen información de que “el régimen de Maduro los considera como una organización de defensa de la revolución. Estos son los factores que hacen que ellos se hayan ubicado en territorio venezolano. Desde allí hacen sus actividades de economías ilícitas de organización para ir en contra de la seguridad de Colombia y también de la seguridad de los venezolanos”.

En cuanto a la capacidad operativa indica el comandante general que este grupo todavía tiene una capacidad económica fuerte producto de las economías ilícitas. En el mercado negro consiguen material de guerra. “No tenemos detalles con precisión qué tanto les está suministrando el régimen de Maduro; pero puede ser posible que se les esté prestando ese apoyo logístico. Pero el solo hecho de que estén delinquiendo de manera segura y tranquila, desde Venezuela, hace que sus actividades logísticas puedan fluir con mucha facilidad; lo cual no ocurre en Colombia por que se les combate de manera permanente. Bandido que pasa de territorio venezolano a Colombia, es bandido que ha sido capturado o muerto en operaciones militares”, afirma.

Sobre la posibilidad de que tropas colombianas traspasen la frontera para atacar campamentos, perseguir o capturar guerrilleros, precisa: “hay un factor que es muy importante, para combatir el crimen transnacional organizado como se presenta en la amenaza de los grupos residuales y del ELN. Para ello la cooperación internacional es fundamental como la del gobierno legítimo reconocido por el Estado colombiano”. La referencia del general alude al apoyo que reciben de la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, del presidente interino, Juan Guaidó, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En síntesis, señala que el presidente Iván Duque, entre sus políticas tiene claridad de acciones en lo diplomático, político y la aplicación de la jurisdicción internacional.

“Sabemos que esos grupos operan desde Venezuela. Nuestra frontera es compleja; y precisamente por la amenaza de los grupos organizados armados, nosotros tenemos nuestros dispositivos cubriendo los pasos fronterizos”, indica.

El comandante general explica que, en su momento Gener García Molina alias “John 40” y otros integrantes de las FARC, antes de que se firmara el acuerdo de paz, fueron expulsados del proceso. “Ellos son quienes inician este proceso de rearme y ahora lo que estará por verse es cómo van a hacer el enlace estos personajes; cómo es que van a estructurar su organización y tendrán que hacer sus acuerdos criminales y terroristas; porque no es otra cosa que una repartición del botín del narcotráfico y de la minería ilegal”, señala.

Navarro asegura además que tienen  información de que estos grupos se reunieron con los del ELN, en territorio venezolano y buscaban reactivar su plataforma “Continental Bolivariana”; coordinar acciones criminales en frontera, especialmente en narcotráfico y cómo iban a constituir el aparato  de defensa de la revolución del régimen de Maduro.

Ataque al campamento

Colombia dice tener información de la ubicación del o los campamentos, que presuntamente tienen Márquez y su grupo de ex guerrilleros de las FARC en Venezuela.

Maduro ha desplegado tropas y unidades de defensa en la región; a la vez convocó al Consejo de Defensa de la Nación, ante un posible ataque de tropas colombianas. Un escenario bélico que mucho descartan pero que en palabras del comandante militar colombiano deja entrever esa posibilidad.

Existe un precedente importante cuando un escenario muy similar se presentó en la frontera sur, entre Colombia y Ecuador. El hecho ocurrió el primero de marzo de 2008 cuando las fuerza militares colombianas procedieron a realizar un ataque sobre la zona selvática ecuatoriana conocida como Angostura, en un lugar en el que se encontraba resguardado el campamento de uno de los principales jefes de las FARC, Raúl Reyes.

La operación aérea  y terrestre que fue denominada “Operación Fénix” se efectuó con un bombardeo aéreo al campamento guerrillero y la utilización de helicópteros artillados. Allí murió Reyes, el legendario jefe de las FARC, para el momento el segundo de la organización, y otros 22 guerrilleros.

La ubicación del campamento se encontraba en territorio ecuatoriano, cercano a la población Santa Rosa de Yanamaru, en frontera con el departamento de Putumayo, Colombia. Desde luego que esa acción produjo una crisis diplomática en la región.

Llevó dos años

El ataque, decidido por las autoridades colombianas durante la presidencia de Álvaro Uribe, no fue un hecho  fortuito decidido en último momento. Desde hacía dos años la inteligencia colombiana conocía los movimientos de Reyes en territorio ecuatoriano. El gobierno de Uribe esperó el mejor momento para actuar militarmente.

El 28 de enero de 2006, dos años antes del ataque, aeronaves colombianas incursionaron en el espacio aéreo ecuatoriano, en una operación de seguimiento a una columna de las FARC en la que se encontraba Raúl Reyes. El incidente generó una protesta de Ecuador que lo llevó al retiro de su embajador en Colombia. De modo que la detección y el seguimiento llevó dos años para finalmente proceder a la operación militar.

De acuerdo a los análisis de la acción, se indica que se trató de una “operación quirúrgica”; es decir que se sabía a quién, dónde y cómo se atacaba con información ratificada por gente infiltrada.

En esos años era reiterado el reclamo y las denuncias ante el gobierno socialista de Rafael Correa sobre la incursión y establecimiento de frentes guerrilleros en territorio de Ecuador. Es de recordar que luego de que es destituido el presidente Lucio Gutiérrez en 2005, con Correa, aliado de Chávez, se produce un cambio radical en la política exterior de seguridad de Ecuador, similar a la venezolana que se tradujo en una posición “neutral” frente al conflicto armado colombiano y se desactivaron las operaciones combinadas entre las fuerzas de ambos países; especialmente en la lucha contra el narcotráfico y los grupos guerrilleros.

A partir de allí, aumentó el tráfico de armas por esa frontera; que se reflejó en los informes militares colombiano que enumeraban la incautación de armamentos que tenían como destino a las FARC. También daban cuenta del establecimiento de laboratorios de producción  de droga y el tráfico ilegal en esas zonas.

Entre los documentos hallados en la computadora de Reyes, luego del ataque, se encontró que existía una intervención directa del Director de Seguridad de Ecuador con acuerdos de colaboración e intercambios que se negociaban con el movimiento guerrillero.

Es de recordar que para esos años, se había puesto en marcha el plan bajo la tutela de Cuba y Chávez para conseguir una zona de despeje para las FARC en su proyecto de reconocimiento internacional como una fuerza beligerante y eliminarles la calificación de “terroristas”. En ese proyecto Chávez incorporó a Correa en Ecuador. Para ese objetivo, las FARC habían liberado a 4 ex congresistas colombianos poco antes del ataque. Por ejemplo, en un comunicado del secretariado de las FARC del 22/09/2007, se señala: “Va el proyecto de carta dirigido al presidente Chávez instándolo para que siga adelante con su labor humanitaria y de acuerdo con sus posibilidades logre interesar a otros gobiernos del continente. Con ello gana su proyecto geopolítico y nosotros, sin que lo digan, vamos ganando reconocimiento como fuerza beligerante…”.

Luego de concluida la liberación de los rehenes, en documento del 28-02-2008 señala Reyes al secretariado: “Concluyó con éxito la fase de liberación unilateral de prisioneros. Nos quitamos varias cargas de encima y apuntalamos nuestra política hacia el presidente Chávez”. Con ello, las FARC lograrían detener el avance militar de la alianza Colombia-EEUU, reconocimiento internacional y una recuperación de la organización que sufría constantes bajas, y acusaba numerosas deserciones en todos los frentes.

Violación del territorio

El ataque colombiano y la violación al territorio ecuatoriano fue discutido en aquella oportunidad en reuniones de la OEA, y se acordaron resoluciones sobre el ataque al campamento guerrillero a la luz del concepto de “soberanía territorial”, que se establece en la carta de la OEA como único principio que regía la discusión.

Consultado en aquel momento, el proyectista de la Ley contra la Delincuencia Organizada y estudioso del tema del terrorismo internacional, Bayardo Ramírez Monagas, explicó que en las deliberaciones en la OEA fueron dejadas de lado “estratégicamente” las Convenciones de la ONU y las convenciones internacionales, contra el terrorismo y su financiamiento, suscritas por los países del continente. Todo ello en un mundo donde los ejércitos ya no pelean sólo contra los ejércitos, sino contra amenazas. Se trata de un mundo globalizado en lo económico, político, tecnológico y militar, con grandes fenómenos globales que no fueron previstos.

En tal sentido, precisó Ramírez Monagas, que por efectos indeseados, la delincuencia organizada y el terrorismo internacional, también se globalizaron como aparatos de poder y como estados paralelos. Estos nuevos enemigos son tan poderosos como lo puede ser un estado formal. Nos encontramos en un mundo donde la soberanía territorial, si bien es cierto que hay que respetarla, ella no debe ser sólo territorial porque el terrorismo y la delincuencia organizada actúan en el hiperespacio, utilizan el sistema financiero globalizado y establecen alianzas políticas y económicas extraterritoriales, que incluyen a gobiernos que por intereses ideológicos y económicos, comparten objetivos comunes con el terrorismo.

De allí que Ramírez Monagas establece una soberanía superior que identifica como “soberanía compartida”. Esta no sustituye la territorial pero significa que hay una amplitud diferente que contiene una obligación internacional. Cuando los estados firman la convención contra el terrorismo (1999) o la convención contra la delincuencia organizada (2000), se adquieren una serie de compromisos que los países deberían asumir, precisa el experto.

De acuerdo a la experiencia ocurrida en Ecuador, la vigilancia a los grupos armados en territorios fronterizos ha sido una práctica constante de las fuerzas militares colombianas. Duque, retomó las políticas de seguridad de su antecesor, Uribe, en las que se aplicó el Plan Colombia con el respaldo de Estados Unidos con el aporte de 10 mil millones de dólares en ayuda militar para el combate a la guerrilla y al narcotráfico. Esa estrategia había sido sustituida a partir de 2010 por el Plan Paz Colombia, con la llegada de Juan Manuel Santos a la Presidencia.

Duque en su nuevo plan de seguridad, presentado el pasado mes de febrero, hizo  énfasis en la seguridad fronteriza y la conflictividad en Venezuela, como amenazas externas. En las directrices presentadas destacó aspectos como “el crimen trasnacional, la amenaza que representan los regímenes no democráticos y la injerencia de potencias que no son del hemisferio”; es decir, el nuevo rol de China y Rusia, a través de su aliado, Venezuela.

El plan denominado Política de Defensa y Seguridad (PDS) también señala que no negociará “ceses bilaterales al fuego” al tratar con los llamados Grupos Armados Organizados (GAO), al ELN y los disidentes que han vuelto a las armas. “Las fuerzas de seguridad buscarán la desarticulación de estos grupos para imposibilitar la formación de nuevas estructuras criminales”, señala el documento.

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