Linda Loaiza exige al Estado venezolano cumplir sentencia de la Cidh en su caso

Recientemente se cumplió un año en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) dictó sentencia sobre el caso de Linda Loaiza y el Estado venezolano no ha cumplido.

(Primer Informe)

A través de su cuenta en Twitter, Linda Loaiza publicó un comunicado donde explica la medida que dictó la Cidh, donde hace responsable al Estado venezolano de las diversas omisiones que permitieron los delitos cometidos por un particular en su contra.

En el año 2001, durante dos meses y medio Loaiza estuvo secuestrada, fue violada, mutilada, agredida y torturada salvajemente por Luis Carrera Almoina. Fue rescatada el 19 de julio de 2001 por bomberos y funcionarios policiales.

Cuando se presentó la acusación formal contra Luis Carrera Almoina por delito de violación y homicidio frustrado calificado, el 5 de noviembre de 2004 la jueza Rosa Cádiz emitió una sentencia absolutoria de todos lo cargos a favor de Carrera Almoina, Gustavo Carrera Damas y Leyda Josefina Reina Torres.

Años más tarde, se abre un nuevo juicio en el que se condena a Carrera Almoina y sentenciado a seis años y un mes de prisión por los delito de lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad.

Carrera Almoina fue apodado como “El Monstruo de Los Palos Grandes”, ya que en esa zona se ubicaba su residencia y fue donde mantuvo cautiva a la joven de 18 años.

A continuación el comunicado íntegro compartido por Linda Loaiza:

El Estado venezolano, sigue en desacato absoluto y mantiene en orfandad los derechos de las mujeres

El pasado 16 de noviembre se cumplió un año desde que La CortelDH se pronunció con una sentencia CONDENATORIA al Estado venezolano haciéndolo responsable de las diversas omisiones que permitieron los delitos cometidos, por un particular, en mí contra.

La CortelDH condenó al Estado venezolano por la violación de mí integridad personal, dignidad, autonomía y vida privada, también lo responsabiliza por la ínfima sentencia con la que fue condenado el agresor, el cual no incluyó los actos de tortura y violación de los que fui víctima, todos estos delitos valorados como violación de mis derechos humanos.

De acuerdo a la Convención Americana, todo Estado que la ha suscrito, es responsable de obligaciones internacionales que le impone sancionar los delitos que por omisión o ataque directo haya producido daño a las víctimas y tiene el deber de repararlos adecuadamente. El Estado venezolano, se encuentra en total y sistemático desacato con todas las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, pecuniarias y garantías de no repetición en el caso Linda Loaiza López y familiares.

Ésta es la primera vez que el sistema interamericano declara y condena la responsabilidad por la omisión de un Estado frente a hechos atroces cometidos por un particular, delitos sancionados por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención Belem Do Paré. Además, La CortelDH también condenó al Estado venezolano como responsable por la violación del derecho a la integridad personal de mis padres, hermanas y hermanos.

Los Estados no pueden seguir siendo cómplices de los agresores, son muchas las formas en la que un sistema judicial revictimiza y multivictimiza a las víctimas, esa dolorosa realidad que he vivido en carne propia a través de una tortura atroz.

La justicia, por muy eficiente que pudiera ser, no devuelve a las víctimas lo conculcado pero, su verdadera aplicación, sería un avance importante en la desaparición de esta impunidad.

El Estado venezolano debe acatar sus obligaciones frente a las convencionales internacionales de buena fe (pacta sunt servanda), tal y como lo dispone el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969.

La respuesta silente del Estado frente a la condena de la cual ha sido objeto, muestra que, el actual gobierno, autodenominado feminista se comporta con una realidad que lo desmiente muy contundentemente en su negación y omisión frente a su responsabilidad por la violación de los derechos humanos de las mujeres desde su gestación hasta su vejez. Las muestras están en las altas y alarmantes cifras de los delitos de femicidios y violencia de género. El Estado no muestra la más mínima intención y voluntad en generar verdaderas y efectivas políticas públicas para prevenir esta violencia y sancionar ejemplarmente a los responsables. Esto solo alimenta el clima de impunidad desbordada y la revictimización de las mujeres víctimas que acuden al sistema judicial.

Es indudable que la omisión de Estado venezolano es el escenario de la continuidad de los delitos que me revictimizan e igualmente a mí familia. La sentencia de la CortelDH es una obligación que se debe cumplir y no puede convertirse en letra muerta porque son obligaciones convencionales de protección que el Estado venezolano está obligado a cumplir.

Sigo caminando por los atajos de espinas e impunidad.

Linda Loaiza López