Análisis: Jaque Mate a Maduro requiere que EE.UU. sancione al gobierno de España

Sin duda, las sanciones hasta ahora han tenido un efecto considerable, principalmente al secar las arcas del gigante petrolero estatal PDVSA. Incluso Rosneft, empresa pública rusa, terminó vendiendo sus activos que perdían dinero en Venezuela al estado ruso, uno de los últimos patrocinadores abiertos de Maduro, junto con China.

Sin embargo, Maduro ha demostrado ser terco y su control del poder se mantiene gracias a su capacidad para resistir las sanciones al encontrar fuentes alternativas de ingresos. Ha hecho esto principalmente traficando drogas, y Washington aún tiene que idear una política que tenga en cuenta esta evasión. Dada la renuencia estadounidense a derrocarlo a través de una intervención, estimular las deserciones entre los altos mandos militares de Venezuela es la única esperanza de verlo irse. Para lograr eso, las sanciones de los Estados Unidos han tratado de cerrar la llave del dinero, un flujo constante de sobornos que garantiza la lealtad de los oficiales militares a Maduro.

El hombre fuerte sabe que no puede darse el lujo de perder al ejército, por lo que cuando se enfrenta a sanciones, su régimen ha mantenido los sobornos al convertir a la cocaína como el nuevo petróleo de Venezuela. Esto no es del todo nuevo: se sabe que Maduro estuvo rodeado por mucho tiempo de pandilleros rebeldes ansiosos por ganar dinero por debajo de la mesa. Sin embargo, se ha ido recuperando gradualmente a medida que Venezuela desata un programa gubernamental masivo que exhibe paralelismos entre Maduro y Manuel Antonio Noriega de Panamá. En 1989, una invasión estadounidense derribó a Noriega después de que su incursión en el narcotráfico fue documentada por la CIA.

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los principales «socios» de Maduro en España que están facilitando la permanencia en el poder del dictador venezolano.

Aquí es donde intervienen las recientes acusaciones del Departamento de Justicia (DoJ) por cargos de narcotráfico. El 26 de marzo, los fiscales del DoJ prometieron cantidades de hasta $15 millones por información que conduzca a la captura de Maduro o de catorce de sus compinches. Esta movida fue interpretada en algunos círculos de la prensa como un clavo oportuno en el ataúd del tirano que aprovechó de forma oportunista los estragos de COVID-19 a la sociedad ya demacrada de Venezuela. Las acusaciones venían siendo trabajadas desde hace mucho más tiempo, y el momento de su presentación tuvo más que ver con la caída de los precios del petróleo a raíz del enfrentamiento entre Arabia Saudita y Rusia, según Ryan Berg del American Enterprise Institute.

El papel del gobierno español ha sido más sutil que simplemente comprar la cocaína de Maduro. Más bien, le ha permitido aferrarse al poder al darle acceso a los mercados europeos para venderla. Según PanAm Post, los miembros de los cuerpos policiales de España se han coludido con los funcionarios del régimen para canalizar los envíos de cocaína desde el estado venezolano de Sucre hacia Europa, utilizando la región noreste de Galicia como punto de entrada.

Estas noticias inéditas se ajustan a un largo historial de tratos amistosos entre Maduro y Podemos, un partido de extrema izquierda ahora en el gobierno de España como un socio de coalición menor para el PSOE, de centro izquierda. También serían coherentes con el reciente acceso de Podemos al órgano de inteligencia más alto de España, el Consejo Nacional de Inteligencia. El líder del partido, Pablo Iglesias, recientemente aseguró un asiento en el CNI.

De acuerdo a reportes, Podemos ha sido el principal beneficiario de los sobornos de dinero de drogas de Maduro a cambio de lidiar con las autoridades policiales de España para permitir que la cocaína fluya libremente. Mientras tanto, José Luis Rodríguez Zapatero, ex primer ministro del PSOE, ha trabajado para legitimar el régimen en el ámbito internacional a través de su llamada «mediación» en los términos de Maduro, y las fuentes de Avendaño sugieren que sus canales secundarios también pueden haber sido financiados con ganancias de drogas. Adicionalmente, Raúl Morodo, ex embajador de España en Caracas, también enfrenta cargos por recibir €34 millones en pagos por servicios de consultoría en gran parte ficticios a PDVSA durante el mandato de Zapatero como primer ministro.

Este fue notoriamente el caso con el ministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, el 20 de enero pasado, cuando violó las sanciones de la UE para permitir que la mano derecha de Maduro, Delcy Rodríguez, aterrizara en el aeropuerto de Barajas de Madrid, un escándalo que desde entonces se denominó el «Delcygate». Se sabe que Rodríguez aprovechó la oportunidad de su presencia ilegal en Madrid para pasar de contrabando cuarenta maletas por la aduana, que luego fueron transportadas por personas anónimas de la embajada de Venezuela en Madrid, supuestamente llenas con montones de dinero y documentos confidenciales.