Análisis

Inglaterra ordena congelar activos de asesores de Daniel Ortega

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Inglaterra ordena congelar activos de asesores de Daniel Ortega

El gobierno británico sanciona a seis funcionarios vinculados a Ortega por violaciones a los Derechos Humanos. El mismo grupo había sido previamente sancionado por la Unión Europea.

Redacción | Primer Informe

El Reino Unido anunció esta semana la imposición de sanciones a dos asesores de Daniel Ortega, y a cuatro jefes policiales, incluyendo un consuegro del presidente nicaragüense, a los que se les señala como responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos y la represión.

La Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Tesoro del Reino Unido ordenó a la banca congelar activos y bienes de Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad nacional de la Presidencia y de Sonia Castro, exministra de Salud y asesora especial de estos temas de la presidencia.

Los otros cuatro sancionados son el director de la Policía de Nicaragua y su consuegro, Francisco Díaz; Ramón Avellán, subdirector de la institución; al jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, Luis Alberto Pérez Olivas, y al jefe de la fuerza élite policial, Justo Pastor Urbina.

A Moncada Lau se le señala de ser responsable de la toma de decisiones de seguridad nacional y de establecer políticas represivas contra los manifestantes antigubernamentales de abril del 2018.

Castro, por su parte, era ministra de Salud cuando estallaron las protestas y se le señala como responsable del acceso a la asistencia médica para los heridos, además de ordenar al personal sanitario a que denunciaran  a los  manifestantes que eran llevados a los hospitales.

A Díaz, director general de la Policía Nacional, lo responsabilizan de dirigir «las principales fuerzas policiales que cometen violencia contra los civiles, incluuido el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y detenciones y torturas».

Mientras que a Avellán le atribuyen ser el responsable de coordinar la represión en Masaya, a 28 kilómetros de Managua, ciudad que opuso la mayor resistencia al Gobierno de Ortega durante las manifestaciones.

A Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía, se le señala de estar involucrado en la implementación de la represión durante 2018 contra los manifestantes, particularmente en Managua.

Por su parte, a Pérez Olivas, oficial principal de auxilio judicial de la cárcel El Chipote, se le atribuye la coordinación de torturas y diversas formas de maltrato degradante.

Los seis funcionarios son los mismos a los que la Unión Europea aplicó el lunes pasado sanciones como restrucciones de viaje y congelación de activos, por las graves denuncias por las que se les señalan.

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