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Víctimas de las FARC en EE.UU. cerca de incautar millones en cuentas congeladas de empresario venezolano Samark López

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Víctimas de las FARC en EE.UU. cerca de incautar millones en cuentas congeladas de empresario venezolano Samark López

Tres contratistas norteamericanos secuestrados por las FARC planean recolectar al menos $53 millones de las cuentas congeladas de Samark López en Citibank.

Redacción | Primer Informe

Tres contratistas de defensa estadounidenses retenidos durante cinco años por rebeldes izquierdistas en Colombia están más cerca de cobrar una sentencia de $318 millones contra sus antiguos captores de las FARC después de que un magistrado de la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara una apelación de último minuto de un empresario venezolano sancionado cuyos activos buscan reclamar.

El juez Clarence Thomas se negó a escuchar una apelación de emergencia por parte del empresario Samark López, y dejó en pie una orden de un tribunal federal de apelaciones que entregó inmediatamente $53 millones de las cuentas bancarias de Lopez en EE. UU.

Samark López es un empresario venezolano acusado por Estados Unidos de actuar como testaferro del actual presidente de PDVSA, Tareck El Aissami, también acusado por Washington de mantener vínculos con el narcotráfico de las FARC y el terrorismo islámico.

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La decisión salió a la luz el jueves en un informe de Russ Dallen, director de Caracas Capital Markets, que monitorea de cerca los litigios relacionados con Venezuela, reportó la agencia Associated Press. Los abogados de Samark López ahora confían sus esperanzas en una apelación de emergencia presentada el martes ante la juez Sonia Sotomayor de acuerdo con las reglas de la Corte Suprema.

Los contratistas norteamericanos Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes fueron tomados cautivos por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o FARC, cuando su avión fue derribado durante un vuelo de control de drogas en 2003. Su piloto, Tom Janis, fue asesinado por los rebeldes. después de que el avión se estrellara.

Los tres eran empleados de Northrop Grumman. Fueron liberados hace 12 años junto con la ex candidata presidencial colombiana Ingrid Betancourt en un osado rescate por parte del ejército colombiano, durante la presidencia de Alvaro Uribe.

En 2012, un juez federal en Florida otorgó a los hombres $318 millones para pagar de cuentas bancarias incautadas de narcotraficantes vinculados a las FARC, un grupo terrorista designado.

Pero en su mayoría no habían podido cobrar hasta que el presidente Donald J. Trump promulgó en silencio la Ley de Clarificación Antiterrorista en 2018, que permitió a las víctimas de grupos terroristas adjuntar activos incautados por el gobierno de los Estados Unidos bajo la ley contra el narcotráfico.

La nueva ley permitió a los hombres perseguir los activos bloqueados de López en los Estados Unidos, que incluyen una cuenta Citibank de $269 millones, dos yates por valor de más de $20 millones, un avión y bienes inmuebles de lujo en Miami, incluyendo una mansión valorada en $16 millones.

López es un poderoso hombre de negocios en Venezuela cuya fortuna se disparó gracias a los contratos gubernamentales en las últimas dos décadas de gobierno socialista. Fue sancionado por los Estados Unidos en 2017 como un «capo de la droga» junto con el entonces vicepresidente de Venezuela y ahora ministro de petróleo, Tareck El Aissami, por el supuesto lavado de ganancias del narcotráfico internacional.

Pero los vínculos de López con las FARC son tenues en el mejor de los casos, según sus defensores, incluido Dick Gregorie, un ex fiscal de Miami con una larga historia de poner narcos tras las rejas.

Expertos contratados por el equipo legal de López, incluido un ex agente de la DEA, afirmaron que López solo tenía vínculos indirectos con las guerrillas a través de su amistad con El Aissami, de quien los funcionarios estadounidenses han creído que ayudó a las FARC a mover cocaína a través de Venezuela.

No se mencionó a las FARC por su nombre cuando López y El Aissami fueron sancionados en 2017 y los únicos cargos criminales conocidos contra los dos hombres son por fletar vuelos privados en los EE. UU. en violación de sanciones, no por tráfico de drogas.

Dallen dijo que si los tres hombres tienen éxito en su búsqueda judicial, podría permitir a las víctimas de las FARC adelantarse a los acreedores y opositores del presidente Nicolás Maduro en busca de recuperar activos presuntamente robados por corrupción.

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