Así se originó el control de los grupos criminales sobre el Arco Minero
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Extorsión, castigos corporales, mutilaciones y asesinatos son comunes como parte del manejo de los «sindicatos» sobre la minería.
Redacción | Primer Informe
En el informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el Arco Minero de Orinoco (AMO), se le atribuye a la nacionalización de las actividades de exploración y explotación del oro, hecha en 2011, el origen de la actuación de los grupos violentos en el estado Bolívar, al sur de Venezuela.
Entonces, mediante un decreto, el régimen chavista dispuso que sólo la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) estaba autorizada a procesar y recolectar el oro. Ese fue el comienzo del fin de la paz para las comunidades de la zona.
Ese año, al tiempo que esto sucedía, los sindicatos de la construcción en Bolívar veían como la actividad económica relacionada con las industrias básicas decaía. El oro aparecía como una salvación para grupos violentos asociados a esas asociaciones gremiales y que estaban vinculados en actividades delictivas como la extorsión.
Ese origen es que hace que los grupos violentos que gestionan las minas se autodenominen «sindicatos». Y actúan con la aprobación implícita de las instituciones del estado chavista.
En el informe de la ONU, se señala que, por ejemplo, el Banco Central de Venezuela que registra u aparte del oro extraído no detalla el origen del mineral en sus reportes. El cual puede, lógicamente, provenir de una actividad extractiva ilegal.
El resultado es que hoy gran parte de la actividad minera, tanto dentro como fuera de la zona del AMO, está controlada por estos sindicatos, grupos delictivos organizados.
Lo que no incluye el reporte de Bachelet es la mención directa a la actividad de facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la explotación aurífera.
Simplemente añade la presencia de «grupos irregulares» que han tomado el control de ciertas minas en la parte central, del estado de Bolívar y cerca de la frontera con Guyana.
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Terror con mano de hierro
El control que ejercen estos grupos sobre las poblaciones asociadas a las minas es brutal. Los sindicatos han reproducido el modelo del «pranato» que existe en algunas cárceles de venezolanas. Son estructuras criminales sometidas a un «jefe o pran» que impone sus órdenes y controla actividades ilícitas dentro y fuera de las minas.
Los sindicatos deciden quién entra y sale de las minas. Imponen reglas y aplican castigos físicos crueles a quienes las rompen.
Sacan beneficios económicos de todas las actividades en las zonas mineras, incluso recurriendo a
prácticas de extorsión a cambio de protección.
Algunos de los ejemplos citados en el informe relatan el caso de un minero fue golpeado en público por robar un cilindro de gas.
A otro joven le dispararon en ambas manos por robar un gramo de oro. Por supuestamente robar el teléfono a un miembro de un sindicato, una mujer fue apaleada, y a un minero le cortaron una mano por no declarar una pepita de oro.
Entre los castigos también se incluyen asesinatos. Según el informe es frecuente que cadáveres de mineros sean arrojados en pozos abandonados que sirven de fosas clandestinas. Los familiares temen denunciar.
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