Así es la guerra jurídica que quiere iniciar Baltasar Garzón por Alex Saab
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El bufete del ex juez español considera que el gobierno estadounidense busca «presionar a Venezuela» con la extradición del llamado testaferro de Maduro.
Redacción | Primer Informe
El bufete de Garzón, el International Legal Office for Cooperation and Development (ILOCAD), ha confirmado que está al frente del caso Alex Saab, del que creen que hay «evidencias de que se puede estar incurriendo en malas prácticas por parte de las autoridades norteamericanas».
“Consideramos que existen claros indicios de que se están vulnerando derechos fundamentales por parte del Gobierno estadounidense”, señala el despacho a través de un comunicado. “Es importante destacar cómo muchas de las acciones judiciales en EE UU están condicionadas por los intereses políticos y diplomáticos del Ejecutivo, motivo por el cual se están instrumentalizando para presionar a Venezuela en el plano político internacional”, agregan.
Garzón aún no ha declarado personalmente, pero estos dichos de su bufete dan pie para entender cuál es la estrategia que planteará la defensa.
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Alex Saab, empresario muy cercano a Maduro y su círculo, quien llegó a convertirse en una figura clave para todo el aparato chavista. fue detenido en Cabo Verde a mediados de junio por las autoridades caboverdianas que recibieron una circular de Interpol que solicitaba su captura.
Estos hechos han generado mucha inquietud dentro del régimen de Caracas, desde donde se consideró ilegal la detención pues Saab estaba actuando como representante del Gobierno, con inmunidad diplomática.
El equipo de abogados liderados por Garzón considera que «el señor Saab se ha visto perjudicado por una serie de irregularidades, tales como una clara falta de proporcionalidad en la acusación, la falta del derecho al debido proceso y las garantías procesales, en caso de ser extraditado”. La defensa lo sitúa, en definitiva, en el centro de un cerco diplomático internacional contra Venezuela, “una estrategia política de guerra jurídica inaceptable por parte de aquel país”.
Pese a que la presencia de Saab en el círculo chavista ya era relativamente conocida, según las acusaciones, el empresario colombiano se convirtió en el testaferro personal de Nicolás Maduro desde que éste llegó al poder en Venezuela, en 2013.
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La estrategia de la defensa es desechar toda la información que lo incrimina y concentrarse en los trámites de extradición. El ILOCAD anunció que acudirá “a los diferentes organismos e instituciones competentes dependientes de Naciones Unidas y de la Unión Africana para hacer valer los derechos del señor Saab”.
Los abogados del empresario denuncian, además, que el pasado lunes el embajador de Venezuela en Cabo Verde, Alejandro Correa Ortega, trató de visitar a Saab y el director de la prisión en la que está bajo custodia se lo impidió, lo que motivó la presentación de una queja formal de su letrado en el archipiélago, José Manuel Pinto.
“Estos hechos, sumado a que el equipo legal ha tenido el acceso al señor Saab restringido durante los últimos 40 días, se tratan de una radical vulneración al derecho a la defensa, al impedir una visita de un miembro de su equipo legal”, se lee en una comunicación de sus defensores. “Pero más grave aún es que se trata de una violación al derecho que tiene toda persona privada de libertad en un país extranjero a ser visitado y asistido por la autoridad consular (cónsul o embajador) que le representa”.
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