Cabo Verde teme pago de sobornos de Nicolás Maduro para influir en caso de Alex Saab, y vigila a su personal judicial
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El gobierno de Cabo Verde, con ayuda de EE.UU., monitorea cualquier transacción financiera y bancaria sospechosa que implique a empleados de su sistema de administración de justicia, incluyendo jueces y fiscales, por temor a la corrupción madurista.
Casto Ocando | Primer Informe
El gobierno de Cabo Verde incrementó la vigilancia de funcionarios de su sistema judicial en previsión de posibles intentos de pagos de sobornos por parte del régimen de Nicolás Maduro, para influir en la decisión final sobre el caso de Alex Saab.
Fuentes familiarizadas con la operación en EE.UU. dijeron a Primer Informe que Cabo Verde vigila principalmente movimientos financieros fuera de lo común y transferencias bancarias que se hayan realizado recientemente y sin explicación, en cuentas nacionales e internacionales de funcionarios vinculados a la administración de justicia en Cabo Verde.
Agencias federales norteamericanas están cooperando con Cabo Verde para monitorear posibles transacciones financieras sospechosas, debido al peligro potencial de que operadores vinculados a Nicolás Maduro ofrezcan pago de sobornos para influir en decisiones judiciales relativas a Saab, dijo una fuente de la fiscalía de Miami.
Investigadores federales también están examinando las transacciones financieras para pagar las costosas facturas de la defensa de Saab. El informante de la fiscalía dijo que agentes federales están estableciendo el origen de los $65 millones transferidos inicialmente desde Suiza a las cuentas de un bufete en Madrid que coordina la defensa, y una nueva transferencia de otros $10 millones realizada más recientemente para cubrir nuevas acciones legales.
El interés sobre esta indagación estriba, según la fuente, en que estos dineros podrían ser usados para pagar la defensa cuando Saab llegue a Miami y comience el juicio en su contra. Según las leyes norteamericanas, las personas sancionadas por la OFAC y/o acusadas de lavado de dinero proveniente de la corrupción y el narcotráfico, están obligados a identificar y certificar el origen legal del dinero usado para la defensa en cortes de EE.UU.
La vigilancia fue ordenada luego que se conociera que el régimen venezolano ofreció hasta $10 millones por el «rescate» de Saab, actualmente detenido en una prisión de Cabo Verde desde el pasado mes de junio.
Saab es acusado por Estados Unidos de actuar como testaferro de Maduro y de operar una red de lavado de dinero que utilizó el sistema financiero norteamericano para blanquear al menos $350 millones procedentes de actividades ilícitas.
En Venezuela, es común el uso de sobornos de jueces y magistrados para influir en sentencias y decisiones judiciales.
De hecho, Estados Unidos acusó en marzo pasado al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro, Maikel Moreno, de recibir sobornos para producir decisiones judiciales, incluyendo $800,000 enviados a su cuenta en un banco norteamericano desde dos cuentas en Suiza y Austria, por el empresario Raúl Gorrín, considerado por EE.UU. como un fugitivo.
Según la acusación federal, Moreno gastó $1 millón en aviones privados y pilotos en viajes desde Venezuela a Miami y otros destinos, $600,000 en compras con tarjeta de crédito de productos de lujo de Prada, Ferragamo y otros artículos de diseño en Bal Harbour Shops de Miami, además de $50,000 en un taller de reparación de relojes de lujo en Aventura.
Recientemente, el magistrado venezolano Miguel Angel Martín, miembro del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, denunció que parte del dinero usado para la defensa de Saab habría provenido de las arcas del régimen de Nicolás Maduro, una especie que la familia de Alex Saab negó.
«La defensa Álex Saab ha sido contratada exclusivamente por la familia de este ciudadano colombiano y venezolano», indicó una comunicación de la familia Saab enviado al diario colombiano El Tiempo.
Además de los abogados del equipo de la defensa local en Cabo Verde, Saab contrató a un equipo legal en España presidido por el ex fiscal Baltazar Garzón, y otro equipo en EE.UU., encabezado por la también ex fiscal de Miami María Domínguez Trujillo.
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