En Argentina el kirchnerismo aprovecha protestas policiales para dar un zarpazo a la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires
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Oposición denuncia una violación a la constitución y estudia recurrir a la Corte Suprema.
Redacción | Primer Informe
El kirchnerismo aprovechó el conflicto salarial con la Policía de la Provincia de Buenos Aires para golpear primero y tantear como puede avanzar sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
La capital argentina opera con un régimen de gobierno autónomo desde la reforma constitucional de 1994. Y constituye un bastión de resistencia al kirchnerismo.
Luego de varios días de protestas por los bajos sueldos, los policías bonaerenses decidieron llevar su protesta a la residencia presidencial, la Quinta de Olivos. Rodearon el lugar e hicieron sonar bocinas y las sirenas de las patrullas en un gesto de intimidación.
El presidente Alberto Fernández les recriminó la acción, pero finalmente tuvo que hacer algo para proteger al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, figura clave del entramado de poder kirchnerista.
🎙”Las necesidades que vive Buenos Aires no se resuelven escondidos en patrulleros tocando sirenas, se resuelven hablando frontalmente. Y el Gobierno Nacional va a afrontar este problema junto con el gobernador”. El presidente @alferdez desde Quilmes. pic.twitter.com/WlbojHSKZo
— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) September 9, 2020
¿Cómo resolvió el asunto Fernández? Quitó fondos que correspondían a la ciudad de Buenos Aires para dirigir esos recursos a la provincia.
El dinero cubriría lo que sería un aumento salarial para los 90.000 agentes que prestan servicio en la policía provincial.
La decisión abre un frente de conflicto entre el kirchnerismo y la oposición, especialmente con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el opositor Horacio Rodríguez Larreta, quien hasta ahora había hecho frente común con el presidente y el gobernador Kicillof en el manejo de la COVID-19.
La respuesta de Propuesta Republicana (PRO), el partido de Macri, fue dura.
En un comunicado dijeron que la decisión de Fernández es «inconstitucional, injusta y prepotente, y envía una señal pésima para la convivencia política y democrática en la Argentina».
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De acuerdo con el comunicado, «la decisión es inconstitucional» porque «no respeta los mecanismos institucionales» para repartir los fondos nacionales entre las provincias. «El reparto actual de la coparticipación está sancionado por ley y firmado por todas las provincias», afirma el documento.
La postura iría en alineada con la idea que estudia el gobierno porteño de judicializar la decisión del Presidente.
El comunicado sostiene que la decisión es injusta porque el aumento de la coparticipación que se cuestiona «se hizo para que la Ciudad asumiera la transferencia de la Policía Federal, establecida por la Constitución Nacional y demorada durante más de 20 años».
También, el PRO considera que el despojo de los recursos debilitará los sistemas de salud, educación y seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, que prestan servicio a las poblaciones más vulnerables.
El financiamiento a Kicillof
La Casa Rosada le entregó a la provincia de Buenos Aires el 48,1% de las transferencias no automáticas que dispuso entre enero y julio.
Constitucionalmente, las provincias reciben un importe de la llamada Coparticipación Federal de Impuestos. Ese dinero se recauda con los tributos coparticipables, como el IVA o el impuesto a las ganancias, y es de división automática, de acuerdo con la ley.
A eso se le suman las transferencias no automáticas que el Estado nacional decide con discrecionalidad.
Este año, por caso, se distribuyó 212.000 millones de pesos en este concepto. Hasta julio, Kicillof se llevó el 48,1% del total. El resto se repartió entre los otros 23 distritos.
El diseño de la coparticipación se realizó para que las provincias grandes subsidien a las más pequeñas. La estructura por la cual se rige actualmente el reparto tiene carácter transitorio y fue establecido en 1988 mediante la ley 23.548.
En 1994, la reforma constitucional incorporó el tema y en una de las cláusulas provisorias estableció que el nuevo régimen debía estar terminado en 1996. 26 años después el asunto no se ha vuelto a tocar.
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