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Últimas decisiones de la Fiscalía española benefician sospechosamente al gobierno de Sánchez e Iglesias

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Últimas decisiones de la Fiscalía española benefician sospechosamente al gobierno de Sánchez e Iglesias

La fiscal decidió que no se investigue la ‘caja B’ de Podemos, ni el 8-M, o la gestión de la pandemia; todos temas que afectan a la coalición que compone el Ejecutivo de España.

Manuel Marraco | El Mundo

El escrito oponiéndose a investigar al Gobierno por la gestión de la pandemia es la última de una lista de decisiones de la Fiscalía de España que favorecen al Gobierno. En los ocho meses transcurridos desde que Pedro Sánchez trasladó a Dolores Delgado del Consejo de Ministros a la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público ha aliviado la presión al Ejecutivo en la tres causas más delicadas a las que se ha enfrentado.

Antes de oponerse a que el Supremo escudriñe al Gobierno, la Fiscalía ya se había enfrentado a la juez que asumió la causa sobre la autorización de marchas como el 8-M con la pandemia en ciernes. Más recientemente, propuso dejar en la raspa la causa sobre la ‘caja B’ que amenazaba a Podemos.

La decisión jurídicamente más llamativa fue la de recurrir la apertura de la investigación del 8-M, que afectaba al delegado del Gobierno y secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco. Dentro de la Fiscalía hubo polémica, con opiniones que sostuvieron que se estaba actuando con un celo inusual para desactivar la imputación. Tras la intervención de la Fiscalía General, se presentó una cadena de recursos, en algún caso dirigidos de forma expeditiva directamente al tribunal que revisaba las decisiones de la juez.

También a Podemos

El socio menor del Gobierno también ha recibido buenas noticias en la causa penal que más le preocupa. El Ministerio Público se ha adherido a las tesis de Podemos y ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que limite la causa abierta sobre la regularidad de sus cuentas. En concreto, ha rechazado que haya base para indagar en prácticamente todas las presuntas ilegalidades denunciadas por el ex coordinador legal de la coalición.

De aceptarse el criterio de la Fiscalía, la causa quedaría limitada a lo que era inevitable: que siga adelante sólo lo que afecte a las irregularidades ya detectadas en el Tribunal del Cuentas por los pagos a la consultora chavista Neurona.

La Fiscalía comparte con Podemos no sólo la petición de archivo, sino las críticas al juez. Formalmente, el escrito niega que, como dice la coalición, se haya abierto una causa general en su contra. Pero en sus razonamientos, la Fiscalía viene a decir eso mismo. Lo hace cuando acusa al juez instructor de emprender investigaciones sólo en base a «rumores, sospechas y suspicacias».

Tras los casos de la ‘caja B’ y el 8-M ha llegado el escrito de la Fiscalía negando que Pedro Sánchez o sus ministros puedan ser investigados por la gestión de la pandemia. Lo ha hecho acusando a las víctimas u organizaciones denunciantes de presentar acusaciones vagas. Y, al tiempo, ha derivado las posibles responsabilidades penales fuera del Ejecutivo central, hacia los gobiernos de las comunidades autónomas y las empresas que compraban material sanitario.

La fiscal general informó de que no intervendría en este asunto, que afectaba a un gabinete del que había formado parte. Sin embargo, sí han participado extensamente la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, encabezada por Álvaro García Ortiz, recién ascendido al puesto por decisión de Delgado.

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La Fiscalía ha ido de la mano del Ejecutivo en otros asuntos con más recorrido político que, de momento jurídico. Así sucedió en agosto, cuando la fiscal general revocó la decisión de su predecesora Consuelo Madrigal de oponerse a las comisiones rogatorias enviadas por la juez argentina Salvini por delitos de lesa humanidad durante la Transición.

Delgado abre así la puerta a investigaciones sobre la Transición y se alinea con la intención del Gobierno de llevar de nuevo al debate público la memoria histórica: este martes el Ejecutivo ha aprobado un anteproyecto de Ley de Memoria Democrática.

En la última semana, la Fiscalía del Supremo también se ha pronunciado sobre la investigación por maltrato a su esposa del magistrado del Tribunal Constitucional Fernando Valdés. El recorrido de la causa podría desembocar en su salida del TC, menguando así el peso el bloque progresista (fue designado a propuesta del PSOE). La Fiscalía ha respaldado que se investigue, pero al mismo tiempo ha pedido un informe médico que podría exonerarle, para valorar la repercusión que pudo tener en su comportamiento la medicación que toma.

‘Kitchen’ y ‘Dina’

Frente a estas decisiones, el balance que puede hacer el principal partido de la oposición de la actuación reciente de la Fiscalía no es favorable. El Partido Popular ha visto que como la operación Kitchen volvía a ponerse de actualidad no sólo por el levantamiento del secreto, sino por la petición del Ministerio Público de interrogar como imputados al ex ministro Jorge Fernández Díaz y a la ex secretaria general del partido María Dolores de Cospedal.

La investigación de Kitchen es una de las múltiples ramas del caso Tandem abierto por las actividades del ex comisario José Manuel Villarejo. Otra de esas ramas es el caso Dina, que también se cierne sobre Podemos. La causa ha virado en contra de Pablo Iglesias por su actuación en relación con la tarjeta de memoria robada a su asesora Dina Bousselham.

En el caso flota la supuesta connivencia entre uno de los fiscales del caso y la abogada de Podemos, que podría haber favorecido los intereses electorales de la formación. La última decisión relevante de la Fiscalía sobre Iglesias fue claramente perjudicial para él: retirarle la condición de víctima. Sin embargo, la decisión clave que más podría pasarle factura está por llegar: si se denuncia ante el Supremo la actuación del vicepresidente del Gobierno. La actuación de la Fiscalía en el caso apunta a que, como acaba de suceder con las querellas contra el Ejecutivo, dirá que no.

 

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