ANÁLISIS: El narco penetra la Corte Penal Internacional

Pero no ha sido nada más, Tarek El Aisami, exvicepresidente de Venezuela, acusado, en marzo de 2018, por una Corte del estado de Nueva York, por ser barón de la droga. NTN24 informaba el 18 de octubre de 2018 que, otro vinculado con tal red criminal era, Feras El Aisami, hermano de Tarek, exsocio del narcoconvicto, Walid Makled, ejecutor de numerosas operaciones ilegales, entre ellas, el negocio de los sobornos y el ingreso, ilegal a Venezuela, de ciudadanos de origen árabe. En la actualidad, Feras, reside en Montevideo, donde preside una empresa off shore, encargada de legitimar dinero sucio de su parentela.

Un tercer personaje “clave” en la supuesta organización criminal, es Husam El Aissami, primo de los dos referidos al comienzo. Husam no solo ha trabajado como consejero de la embajada de Venezuela en Jordania, sino que ha sido protagonista en la entrega de visas y pasaportes a miembros del grupo terrorista islámico Hezbolá. Otro primo, Fady El Aissami, también ha sido señalado, públicamente, como gestor de contrataciones con el Estado, para favorecer a empresas de la familia.

Imposible no mencionar a Haifa El Aissami, hermana del exvicepresidente, embajadora de Venezuela ante el Reino de los Países Bajos y representante del régimen ante la CPI. Haifa ha fungido de lobista o cabildera –algo absolutamente ilegal en el ámbito judicial– ante dicha Corte, con sede en La Haya, para evitar que se profundicen investigaciones contra Nicolás Maduro y su propio hermano.

Informaban “La Razón” y “El Cooperante” –impresos en Caracas, ediciones de febrero 2018– de la supuesta existencia de la llamada “Mafia de las Togas” alrededor de la CPI. Los argentinos Adolfo Pérez Esquivel, beneficiario a través de su fundación de jugosas donaciones otorgadas por el fallecido Hugo Chávez; Luis Moreno Ocampo, protegido de Pérez Esquivel y exfiscal principal de la CPI; Silvia Fernández de Gurmendi, expresidenta de la CPI; Fabrizio Guariglia, director de la División de Acusaciones de esa misma Corte; la esposa de este último, de nacionalidad belga, defensora judicial del exjuez Baltazar Garzón, éste, a su vez, supuesto asesor de Nicolás Maduro y relacionado con el susodicho Moreno Ocampo, para finalizar con Fatou Bensouda, Fiscal Principal de la CPI, nacional de Gambia.

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Ante la citada Corte Penal, han acudido, numerosas víctimas venezolanas; una delegación de 198 parlamentarios de ocho países latinoamericanos; los gobiernos de Canadá, Perú, Argentina, Chile, Colombia y Paraguay; el secretario general de la OEA, Luis Almagro, todos a denunciar los crímenes de lesa humanidad perpetrados, en Venezuela por, Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Pero la señora Bensouda, no se ha dado por enterada y durante su mandato, no ha castigado ni a una sola persona por delitos que han estado a la vista del Mundo entero.

Además, la señora Bensouda ha estado envuelta en varios escándalos que desdicen de su probidad. Uno de ellos, por traficar influencias, junto a su marido, para que un banco con sede en Emiratos Árabes Unidos, le descongelase US $16 millones, de dudosa procedencia, a exjefe policial compatriota suyo (¿Cómo justifica un jefe de policía semejante fortuna?) y otra falta no menos grave, su comadreo con la susodicha, Haifa El Aisami, como lo demuestran varios testimonios fotográficos, en los que ambas damas aparecen compartiendo en eventos sociales como lo que son: amigotas. La normativa universal prohíbe tal especie de intimidades, como penaliza las llamadas reuniones ex parte, esto es, encuentros de operadores de Justicia, a solas, con uno de los contendientes y por ende, a espaldas del adversario en la lid judicial.

No constituye ninguna desmesura afirmar que, la única instancia de tuición de DDHH que no ha constatado la comisión, en Venezuela, de crímenes de lesa humanidad, en los últimos 20 años, ha sido la CPI. Los han constatado, entre otros, los siguientes órganos de la ONU: el Grupo de Trabajo Contra las Detenciones Arbitrarias; el Comité Contra la Tortura; los cinco últimos informes anuales, muy contundentes, rendidos por la oficina del Alto Comisionado de DD HH; la Relatoría para la Independencia de Jueces y Abogados; la Comisión especial designada por la Secretaría General de la OEA y más recientemente, la Comisión, ad-hoc, Independiente, creada por el Consejo de DDHH de la ONU (Resolución 42/25 del 27 septiembre de 2019). Lo que no ha podido, mejor dicho, no le ha venido en gana hacer, a la Fiscalía de la CPI, en 18 años de colusión, primero con Chávez y muerto éste, con su sucesor, lo ha logrado en 11 escasos meses, la Comisión mencionada en último término: señalar como criminales de lesa humanidad a, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Néstor Reverol, entre otros, integrantes de la cadena de mando.

Todo parece indicar que Nicolás Maduro, vía la mencionada integrante del clan El Aisami, ha traficado influencias, con la señora Bensouda y dados los antecedentes de falta de probidad de esta última, no hay que ser muy zahorí para sospechar de encubrimiento, quizás individual de la señora Bensouda, quizás en bloque de la CPI de La Haya, para favorecer a integrantes del narcogobierno de Venezuela.