Justicia española reactiva el ‘Delcygate’
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El Tribunal Supremo quiere conocer la opinión de la Fiscalía sobre las fianzas impuestas a Vox y al Partido Laócrata, antes de decidir si archiva el caso o inicia formalmente la investigación al ministro involucrado con la funcionaria del régimen madurista.
Redacción | Primer Informe
El Tribunal Supremo de España reactivó el caso que involucra a Delcy Rodríguez y al ministro José Luis Ábalos, tras meses de parálisis.
Las fuentes jurídicas dicen que la Sala Penal quiere conocer la opinión de la Fiscalía sobre los recursos de Vox y el Partido Laócrata contras las fianzas que tendrían que pagar para ejercer la acusación contra el ministro Ábalos por su reunión en Barajas con la vicepresidenta y ahora ministra de Economía del régimen madurista, Delcy Rodríguez.
Después de que el Ministerio Público se pronuncie, los jueces tomarán una decisión y trasladarán de nuevo la pregunta a la Fiscalía sobre el fondo de la cuestión. Desde allí el Tribunal Supremo decidirá si abre una investigación formal contra Ábalos por un presunto delito de prevaricación, por la reunión secreta con Rodríguez dentro de un avión sobre la pista de aterrizaje del aeropuerto madrileño en enero.
Rodríguez tiene prohibida la entrada en territorio de la Unión Europea al estar acusada de violar los Derechos Humanos. La primera denuncia que presentó el partido Laócrata defendía que «las distintas versiones que dio el ministro Ábalos sobre lo ocurrido acreditan el dolo», pues cambió tantas veces su explicación «porque sabía que lo que hacía era ilegal».
Desde la Fiscalía, indicaron al portal Vozpopuli que durante todo este tiempo no han recibido ninguna petición de informe, lo que había mantenido paralizado el caso por el Decreto de Esado de Alarma que paralizó los plazos procesales hasta inicios de junio, debido a la pandemia del coronavirus, que impactó especialmente fuerte en España.
La comunicación que reactiva el ‘Delcygate’ salió del Tribunal Supremo a la Fiscalía a finales de la semana pasada.
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El tribunal compuesto por cinco magistrados y que preside Manuel Marchena dictó el pasado 6 de marzo un auto en el que le imponía a VOX una fianza de 6.000 euros para personarse en el caso como acción popular. Tan solo unos días antes, el 20 de febrero le había impuesto en al partido Laócrata 12.000 euros de fianza. Ambas formaciones recurrieron la decisión al considerar la suma demasiado elevada.
La diferencia en las cuantías, según las fuentes consultadas, se debe a que las fianzas tienen el objetivo de garantizar el rigor de una acusación popular. VOX cuenta ya con numerosas personaciones en el Tribunal Supremo mientras que los Laócratas eran hasta ahora una formación desconocida. Sin embargo, a la hora de imponer la fianza a la formación que lidera Santiago Abascal, los jueces le advirtieron de que tenía que supeditarse a la dirección de los laócratas por haber denunciado primero.
La ley permite ejercer como acusación popular en una causa cuando no eres un perjudicado directo (acusación particular) y se entiende que el hecho denunciado ha generado un perjuicio público. Asociaciones, colectivos o incluso cualquier ciudadano pueden ser parte en un proceso si reciben el visto bueno del tribunal. En los últimos años, los partidos políticos se han sumado a esta opción, desde las grandes investigaciones por corrupción hasta el juicio del procés. Su presencia ya ha sido objeto de recelo por parte del alto tribunal.
En el mismo sentido, la causa paralela que se instruye en el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid contra los policías que acompañaron a Ábalos durante su paso por Barajas también ha sufrido un importante parón con la crisis del coronavirus. Como no se consideró una causa urgente, el juez que instruye la misma, Antonio Serrano-Arnal, no pudo impulsar sus pesquisas, explican fuentes jurídicas a este diario. En julio, la Fiscalía se opuso a la solicitud del partido Laócrata de reducirse la fianza de 5.000 euros que le impuso el juez.
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