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Daniel Ortega inicia persecución total a la disidencia a través de Internet

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Daniel Ortega inicia persecución total a la disidencia a través de Internet

Una nueva normativa con pretensiones de aplicación extraterritorial, obliga a los proveedores de servicios de telecomunicaciones a grabar y facilitar datos de los blancos de persecución política de la dictadura sandinista.

Redacción | Primer Informe

Los diputados al servicio del sandinismo, aprobaron hoy una Ley de Ciberdelitos, nueva herramienta para que el dictador Daniel Ortega persiga a sus adversarios y detractores.

El texto señala que la “propagación de noticias falsas” será sancionada con dos a cuatro años de prisión. Si la “información tergiversada” perjudica el honor de una persona y su familia, la pena será de uno a tres años de cárcel.

Las publicaciones que “incitan al odio y la violencia” recibirán de tres a cinco años de prisión.

La ley se aplicaría, por ejemplo, en casos como los de quienes dijeron que se adelantarían las elecciones de 2021, en alusión a una de las demandas que hizo la oposición durante las protestas de 2018 para anticipar la salida de Ortega del gobierno y que nunca fue satisfecha.

La diputada Azucena Castillo, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), denunció que la ley está “orientada a la oposición” y “viene a encender el clima de represión” que existe en el país desde las protestas antigubernamentales de 2018.

“Esta iniciativa tiene nombre y apellido: es para reprimir a quienes consideren que [el régimen] está yendo por el camino equivocado”, agregó el jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez.

Junto a la llamada «Ley de Agentes Extranjeros», recién aprobada,  la Ley de Ciberdelitos, extiende la capacidad del la dictadura sandinista para neutralizar a la oposición.

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En el último mes el Legislativo nicaragüense, al servicio del dictador Ortega, ha aprobado dos polémicas leyes que socavarán todavía más las libertades en el país centroamericano.

La ley aprobada  faculta al Ministerio de Gobernación, la policía y a la estatal Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (TELCOR) a investigar y perseguir los delitos que sean cometidos por medios de comunicación y aplicaciones informáticas que producen, reproducen y transmiten gráficos y textos.

Los jueces aplicarán las sanciones que oscilan entre uno y ocho años de prisión para una amplia gama de delitos informáticos que los censores sandinistas estime afecten la seguridad nacional. En el caso del delito de espionaje informático, la pena máxima es de 10 años.

Además de las noticias falsas, la ley también castiga el acoso en las redes sociales, la interferencia de datos, el fraude informático, la filtración de información pública reservada y la revelación de información personal sensible, entre otros.

Los jueces podrán autorizar a la policía intervenir y acceder el sistema de informático de los sospechosos y ordenar a los proveedores del servicio de internet grabar y facilitar datos del usuario que es investigado.

La ley se aplicará a quienes transgredan las normas dentro y fuera de Nicaragua, lo que según la oposición incluye a los exiliados que hacen campaña contra el gobierno, para lo cual el Estado recurriría a convenios de asistencia mutua.

Con información de El Espectador

 

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