Revelan el polémico programa de espionaje secreto de EEUU a funcionarios del régimen venezolano
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Pese a que no existe un mecanismo claro para responsabilizar legalmente a Estados Unidos de la operación, la revelación amenaza con agitar las ya tensas relaciones con el régimen de Maduro.
Redacción | The Associated Press
Un memorando secreto obtenido por The Associated Press detalla una operación encubierta de un año de duración de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) que envió agentes encubiertos a Venezuela para grabar subrepticiamente y construir casos de narcotráfico contra los líderes del país, un plan que Estados Unidos reconoció desde el principio que podría considerarse una violación del derecho internacional.
«Es necesario llevar a cabo esta operación unilateralmente y sin notificar a los funcionarios venezolanos», reza el memorando de 15 páginas de 2018 que amplía la «Operation Money Badger», una investigación que, según las autoridades, tenía como objetivo a decenas de personas, incluido el presidente venezolano Nicolás Maduro.
Si bien no existe un mecanismo claro para responsabilizar legalmente a Estados Unidos, la revelación amenaza con agitar las ya tensas relaciones con el gobierno socialista de Maduro y podría profundizar el resentimiento hacia Estados Unidos en toda América Latina por la percepción de intromisión. También ofrece una ventana poco común a los extremos a los que la DEA estaba dispuesta a llegar para luchar en la guerra contra las drogas en un país que prohibió a los agentes antidrogas estadounidenses hace casi dos décadas.
Algunos de los aliados más cercanos de Maduro fueron atrapados en la investigación, incluyendo a Álex Saab, el empresario recientemente liberado en un canje de prisioneros por 10 estadounidenses y un contratista de defensa fugitivo. Pero hasta ahora, no estaba claro que las investigaciones de Estados Unidos contra Venezuela implicaran tácticas legalmente cuestionables.
«No nos gusta decirlo públicamente, pero somos, de hecho, la policía del mundo», dijo Wes Tabor, un ex funcionario de la DEA que se desempeñó como agregado de la agencia en Venezuela mucho antes de que se iniciara la investigación descrita en el memorando.
Tabor, que no quiso confirmar la existencia de ninguna operación de este tipo, dijo que las acciones unilaterales y encubiertas pueden ser una herramienta eficaz cuando se llevan a cabo con los límites y la responsabilidad adecuados, especialmente en un país como Venezuela, donde las difusas líneas entre el Estado y el hampa lo han convertido en un punto de tránsito ideal para hasta el 15% de la cocaína del mundo.
«No estamos en el negocio de acatar las leyes de otros países cuando estos países son regímenes canallas y las vidas de los niños estadounidenses están en juego», dijo. «Y en el caso de Venezuela, de donde nos están inundando de droga, merece la pena correr el riesgo».
La DEA y el Departamento de Justicia declinaron responder a las preguntas de la AP sobre el memorando, la frecuencia con la que Estados Unidos lleva a cabo actividades unilaterales y la composición del panel que aprueba dichas operaciones.
El Ministerio de Comunicación de Venezuela no respondió a las peticiones de comentarios. Pero en los últimos días Maduro acusó a la DEA y a la CIA -un blanco habitual que utiliza para reunir a sus partidarios- de emprender esfuerzos para desestabilizar el país. La CIA declinó hacer comentarios.
«No creo que el presidente Biden esté involucrado», dijo Maduro en una aparición televisada este mes. «Pero la CIA y la DEA operan independientemente como organizaciones criminales imperialistas».
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Maduro en la mira
El documento nunca antes visto fue redactado en la cúspide de la campaña de » máxima presión » del presidente republicano Donald Trump para destituir al presidente venezolano.
Maduro acababa de dar un giro autoritario, imponiéndose en lo que la administración Trump denunció como una reelección farsa en 2018. En pocas semanas, altos funcionarios de la DEA conspiraron para desplegar al menos tres informantes encubiertos para grabar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narcoestado.
Pero debido a que el plan parecía pasar por encima de las leyes venezolanas e internacionales, requirió la aprobación de lo que se conoce como el Comité de Revisión de Actividades Sensibles, o SARC, un panel secreto de altos funcionarios del Departamento de Estado y Justicia que está reservado para los casos más delicados de la DEA que involucran consideraciones éticas, legales o de política exterior delicadas.
Marcó una agresiva expansión de «Money Badger», que la DEA y los fiscales de Miami crearon en 2013 y que llegaría a investigar a un centenar de iniciados venezolanos, según dos personas familiarizadas con la operación que hablaron bajo condición de anonimato para discutir los detalles de la aplicación de la ley.
Al autorizar transferencias electrónicas ilícitas a través de empresas fachada y cuentas bancarias con sede en Estados Unidos, la DEA pretendía desenmascarar a los narcotraficantes colombianos y a los funcionarios corruptos que aprovechaban el sistema de cambio de divisas de Venezuela, estrictamente controlado, para blanquear ganancias mal habidas. Pero con el tiempo se amplió, centrándose en la familia de Maduro y sus principales aliados, aunque el presidente acabaría siendo acusado en otra parte, por la Fiscalía de EE.UU. en Manhattan, por cargos de tráfico de drogas.
Ninguna de las acusaciones contra venezolanos, ni antes ni después del memorando de 2018, hacía mención alguna al espionaje estadounidense. Y «para limitar o mitigar la exposición de las actividades unilaterales», el documento aconsejaba a los funcionarios de la DEA proteger a sus informantes y reducir las reuniones en persona con los objetivos.
No está claro si «Money Badger» sigue en marcha.
Desde que el presidente demócrata Joe Biden asumió el cargo en 2021, su administración ha hecho retroceder las sanciones y ha presentado pocos nuevos procesamientos de personas cercanas a Maduro, ya que la atención del Departamento de Justicia se ha centrado en Rusia, China y Oriente Medio. La administración de Biden también ha tratado de atraer a Maduro de nuevo a las negociaciones con la oposición respaldada por Estados Unidos, amenazando con volver a imponer sanciones al petróleo si la nación de la OPEP no cumple con un acuerdo para celebrar elecciones justas y libres este año.
Sobre la operación contra el círculo íntimo de Maduro no es la primera vez que Estados Unidos lleva a cabo operaciones policiales en el extranjero sin notificarlo al país anfitrión.
En 1998, México reprochó a Estados Unidos que le ocultara información sobre una operación de blanqueo de dinero de tres años de duración conocida como «Operación Casablanca» -realizada en parte en territorio mexicano- que implicó a unas 160 personas, entre ellas varios ejecutivos de banca.
En particular, los expertos jurídicos afirman que ninguna corte o tribunal internacional tiene jurisdicción para exigir responsabilidades a Estados Unidos o a sus agentes por acciones policiales encubiertas en otros países, y el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha confirmado las detenciones y las pruebas recogidas en tales misiones.
Evan Criddle, profesor de Derecho en la Universidad William & Mary de Virginia, dijo que el derecho internacional prohíbe las operaciones encubiertas como las descritas en el memorando que tienen lugar en el territorio de otro país sin consentimiento. Espera que la publicación del memorando «cause cierta vergüenza a Estados Unidos, induzca a los diplomáticos venezolanos a registrar sus objeciones y pueda inhibir la cooperación futura».
Varios funcionarios actuales y anteriores de la DEA que examinaron el memorando dijeron a la AP que les sorprendió menos la desfachatez del plan que el hecho de que la agencia lo reconociera en documentos internos.
«Rara vez se hace, simplemente porque siempre existe la posibilidad de que le explote en la cara al gobierno de Estados Unidos», dijo Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. «Pero Venezuela ya se había convertido en un Estado delincuente. Creo que pensaron que no tenían nada que perder».
Publicado por accidente
Nunca se pretendió hacer público el memorando de la Operación «Money Badger».
Fue subido inadvertidamente entre docenas de pruebas del gobierno a un sitio web de intercambio de archivos por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos en Manhattan durante el juicio por conspiración de soborno a finales del año pasado de dos ex supervisores de la DEA que ayudaron a encabezar la ofensiva de la agencia contra el gobierno de Maduro. Sería retirado horas después de que un reportero de AP comenzara a preguntar por él.
Unos días más tarde, a pesar de las objeciones de la AP, el juez federal que preside el juicio por soborno tomó la medida muy inusual de sellar la sala mientras se discutía el documento, diciendo que hacerlo en audiencia pública tendría «graves repercusiones diplomáticas.» Ni él ni los fiscales explicaron cuáles podrían ser.
Los ex supervisores de la DEA Manny Recio y John Costanzo Jr. fueron finalmente condenados por filtrar información confidencial de las fuerzas del orden a abogados defensores de Miami como parte de una conspiración de soborno. Uno de los casos que discutieron fue el de Saab, un empresario de origen colombiano que a su vez sería objetivo de «Money Badger» por el presunto desvío de 350 millones de dólares de contratos estatales.
Recio, que más tarde trabajó como investigador privado reclutando nuevos clientes para los abogados defensores, envió los planes venezolanos a su cuenta de correo electrónico personal días antes de su jubilación en 2018. Aprobó los planes como agente especial adjunto a cargo, mientras que Costanzo, un experto en Venezuela, supervisó la operación encubierta. Se espera que ambos hombres cumplan condena en una prisión federal, uniéndose a una creciente lista de agentes de la DEA tras las rejas.
«Información como ésta nunca debería salir de los servidores del Gobierno», declaró a puerta cerrada Michael Nadler, ex fiscal federal en Miami que también ayudó a coordinar la operación en el extranjero, según una transcripción redactada. «Contiene información que proporciona datos identificativos sobre personas que han accedido a cooperar con Estados Unidos en situaciones bastante peligrosas».
La AP no está publicando el memorando real ni identificando a los informantes para evitar ponerlos en peligro.
«Riesgo especial»
El memorando se remonta a una época anterior de crecientes hostilidades entre Estados Unidos y Venezuela, cuando ambiciosos investigadores federales de varios distritos -Nueva York, Miami, Houston y Washington- competían por ver quién podía penetrar más profundamente en el submundo criminal de Venezuela.
Como parte de esa carrera no declarada, el Grupo 10 de la División de Campo de Miami de la DEA reclutó a un informante de ensueño: un blanqueador de dinero profesional acusado de desplumar 800 millones de dólares del sistema de divisas de Venezuela mediante un esquema de importación fraudulenta.
La actividad ilícita del informante en Venezuela lo posicionó para ayudar a la DEA a reunir pruebas contra el principal objetivo de la operación unilateral: José Vielma, uno de los primeros acólitos del difunto Hugo Chávez, que en dos décadas de servicio a la revolución bolivariana pasó por varios altos cargos, entre ellos el de ministro de Comercio y el de director del Servicio de Impuestos Internos de Venezuela.
El presunto socio criminal de Vielma, según el documento de la DEA, era otro ex militar: Luis Motta, entonces ministro de Electricidad. El memorando de la DEA autorizaba a tres informantes a grabar en secreto reuniones encubiertas con los objetivos.
«Existe un riesgo especial de que (las fuentes confidenciales) corran peligro si su cooperación con la DEA se expone a los funcionarios del país anfitrión», señala el memorando. «Las posibles penas incluyen el encarcelamiento».
Si los riesgos merecían la pena sigue siendo una cuestión abierta.
Vielma y Motta fueron acusados de blanqueo de dinero relacionado con sobornos, no con narcotráfico. Ambos permanecen en Venezuela y son leales a Maduro, con Vielma como legislador de alto rango y la esposa de Motta como gobernadora de un importante estado. Pero al igual que docenas de personas con acceso a información privilegiada sobre Maduro buscadas en Estados Unidos, es probable que ninguno de los dos sea llevado ante la justicia -a pesar de la recompensa de 5 millones de dólares por la detención de Motta- a menos que viajen fuera de Venezuela.
Zach Margulis-Ohnuma, abogado del general retirado Hugo Carvajal, un ex jefe del espionaje venezolano que espera juicio en Estados Unidos por cargos de narcoterrorismo en una investigación separada, dijo que «la reputación de la DEA por su anarquía está bien ganada».
«Un programa que institucionaliza la violación de la ley al autorizar a agentes e informantes de la DEA a violar leyes extranjeras», dijo, «hace poco para detener la entrada de drogas a Estados Unidos, al tiempo que socava la integridad de la DEA y la reputación de Estados Unidos en el extranjero.»
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