Petróleo

Destrucción de PDVSA anula los beneficios de la última licencia de EEUU

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Destrucción de PDVSA anula los beneficios de la última licencia de EEUU

La infraestructura de la estatal petrolera para procesar gas licuado, le impide aprovechar la licencia emitida por la administración Biden.

Redacción | Primer Informe

La licencia general que renovó Estados Unidos a PDVSA para que la empresa estatal pueda realizar ciertas transacciones para importar gas licuado de petróleo (GLP), no se podrá aprovechar en Venezuela.

El pasado 7 de julio, en una actualización de las condiciones para la industria petrolera chavista, EEUU autorizó las transacciones para exportar GLP a Venezuela. La licencia fue extendida hasta el 12 de julio del próximo año, según la web del Departamento del Tesoro.

El gobierno estadounidense emitió una licencia general el año pasado que estaba a punto de vencerse. La misma autorizaba los envíos a Venezuela de gas licuado de petróleo. Este es usado principalmente como combustible para cocinar a nivel doméstico.

Pese a la autorización, las sanciones no permiten que la licencia pueda utilizarse debido a que prohíben a las empresas proveedoras aceptar pagos en especie de la estatal PDVSA. En los últimos años, esta ha sido la vía principal de comercialización de carga de la empresa venezolana.

Sin embargo, surge otra razón por la que PDVSA puede no usar la licencia. El investigador de CEDICE, Observatorio del Gasto Público, Raúl Córdoba, detalló a Unión Radio. por qué la medida no genera los efectos esperados.

«En Venezuela la infraestructura es la más compleja para la extracción y tratamiento, en comparación con otros países como Colombia o España, que poseen procesos que no requieren de tantos elementos», detalló.

Añadió que en ese sentido, el país quedó atrás y arrastra severos problemas operacionales.

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Negociaciones con Biden

Sobre el canal de reuniones y conversaciones entre el régimen venezolano y la administración Biden, Córdoba cree que «hay mucho en juego».

El economista admite que existen «muchos nudos que atar» dentro de un proceso que no será rápido. Córdoba toma en cuenta lo compleja de la operación y la inversión que requiere.

«Si EEUU levanta mañana las sanciones, habría que resolver problemas de tinte político para estructurar el nuevo contrato que va a regir la materia petrolera, eso puede ser entre 1 y 3 años». Sin embargo, luego del levantamiento «sí se verán resultados con nivel de inmediatez, porque esas medidas generan restricciones».

 

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