Empresa de venezolanos en Houston podría estar ayudando a Maduro a evadir las sanciones petroleras de EEUU
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«Están burlando las sanciones porque saben que bajo esta administración no hay consecuencias», dijo un experto que ayudó a diseñar las sanciones de la administración Trump al régimen de Maduro.
Redacción | Primer Informe
Una empresa con una oficina en Houston y otra propiedad de dos ciudadanos estadounidenses parecen estar ayudando al régimen de Venezuela a eludir las sanciones de Estados Unidos. Las sociedades estarían transportando discretamente millones de productos petroleros a bordo de un buque cisterna construido en Irán, según ha sabido The Associated Press.
La evasión de las sanciones está basada en una refinería inactiva y una terminal petrolera adyacente en la isla caribeña holandesa de Curazao, que hasta 2019 era un importante centro de envío para la compañía petrolera estatal de Venezuela, PDVSA.
El 28 de septiembre, el buque cisterna Colon, de bandera togolesa, descargó 600.000 barriles de fueloil en la terminal de Bullenbaai, operada por la empresa estatal de refinación de Curazao en asociación con una empresa incipiente, Caribbean Petroleum Refinery, propiedad de dos venezolanos con doble nacionalidad estadounidense.
La empresa estatal emitió un comunicado de prensa en el que celebraba la llegada del Colon como un «momento histórico», diciendo que era la primera entrega para la terminal reactivada, que es capaz de almacenar hasta 7 millones de barriles de productos petrolíferos.
Aunque el comunicado no menciona el origen del fuel, el petrolero de fabricación iraní ha transitado durante el último año exclusivamente por puertos de Venezuela. Los datos de seguimiento de los buques muestran que dos días antes de su llegada a Curazao, el Colon cargó su gigantesco casco rojo y negro en el puerto de Amuay, donde se encuentra la mayor refinería de Venezuela.
El cargamento de petróleo, poco notorio, parecería violar el espíritu -si no estrictamente la ley- de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, que desde 2019 apuntan sin éxito a forzar la salida del poder del presidente Nicolás Maduro.
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Con el gobierno socialista de Maduro rechazado como un paria financiero en Occidente, PDVSA ha tenido que recurrir a transacciones cada vez más complejas para mover el petróleo producido por las enormes reservas de petróleo de la nación de la OPEP, la más grande del mundo.
Pero hasta ahora, muchas de esas transacciones implicaban pagos con grandes descuentos en criptomonedas por parte de oligarcas rusos, empresas fantasma en lugares como Hong Kong y «petroleros fantasmas» que apagan sus transpondedores obligatorios para evitar ser detectados por las autoridades estadounidenses.
Por el contrario, Curazao, cuyas relaciones exteriores son manejadas por los Países Bajos, un aliado incondicional de Estados Unidos, se ha adherido estrictamente a las sanciones de Estados Unidos, una vez incluso confiscando los inventarios no vendidos de PDVSA después de que su contrato de arrendamiento de la refinería expiró en 2019 para pagar a las compañías petroleras estadounidenses estafadas por Venezuela durante años.
Las autoridades de Curazao pueden estar apostando por una aplicación laxa por parte de la administración Biden, dijo Marshall Billingslea, un ex alto funcionario del Departamento del Tesoro que ayudó a elaborar la actual política de sanciones. Durante la administración del ex presidente Donald Trump, Estados Unidos congeló los activos de más de 140 personas de Maduro y amenazó con tomar represalias incluso contra las empresas no estadounidenses atrapadas en el comercio de crudo de Venezuela.
Por el contrario, el presidente Joe Biden no ha impuesto ninguna sanción adicional a Venezuela desde que asumió el cargo y ha prometido retirar las restricciones existentes si Maduro da pasos significativos hacia la celebración de elecciones libres y justas.
«Están burlando las sanciones porque saben que bajo esta administración no hay consecuencias», dijo Billingslea.
Según las sanciones de Estados Unidos, los estadounidenses y las entidades de ese país tienen prohibido hacer negocios con la empresa petrolera estatal de Venezuela. Sin embargo, esa prohibición se hace más difícil de aplicar cuantas más veces cambie de manos un cargamento de petróleo y se mezcle con otros envíos, lo que oscurece el papel de PDVSA como beneficiario final de cualquier venta internacional.
Documentos internos de PDVSA muestran que el cargamento transportado por el Colón fue vendido en septiembre por PDVSA a United Petroleo Corp. Poco se sabe de United, que se registró en Panamá el año pasado. Pero ha surgido como el segundo mayor cliente de PDVSA este año, con facturas impagas por productos petroleros vendidos en consignación por más de 400 millones de dólares, según los documentos, que alguien con conocimiento de la transacción compartió con AP con la condición de que la persona permaneciera anónima.
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El cargamento del Colón fue descargado en una instalación de almacenamiento propiedad de la refinería estatal de Curazao en asociación con Caribbean Petroleum Refinery.
Caribbean Petroleum Refinery se registró en Curazao en junio y entre sus directores figura un empresario estadounidense de origen venezolano, Raúl Herrera. Un holding relacionado con un nombre similar tiene como director a Luis Giusti, otro ciudadano con doble nacionalidad que fue director general de PDVSA cuando el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, fue elegido en 1998.
Cuando se le preguntó si el envío se originó en Venezuela, Patrick Newton, director de la refinería estatal de Curazao, dijo que su empresa cumple plenamente con las sanciones de Estados Unidos y sus contratos requieren que sus clientes se adhieran a las mismas leyes.
Mientras tanto, Herrera dijo que la participación de su empresa en la transacción se limitó a proporcionar almacenamiento al propietario de la carga, que identificó como Knob Trading SA, una empresa registrada en Panamá que tiene una oficina en Houston en su sitio web.
«No estamos operando con productos venezolanos», dijo Herrera, que también es presidente de una empresa de consultoría de préstamos del sur de Florida. «No somos los propietarios ni los vendedores de esta carga».
Se desconoce a dónde fue a parar el crudo después de llegar a Curazao.
Sin embargo, un mes más tarde, los comerciantes trataron de descargar el cargamento con cautela, comercializándolo para su reexportación como 1 millón de barriles de «Bullenbaai Fuel Oil» – posiblemente una mezcla de diferentes grados ya que Curazao no produce petróleo. Eso es lo que dice un certificado de origen del 29 de octubre supuestamente emitido por Caribbean Petroleum Refinery. Una copia del certificado fue proporcionada a la AP por un comerciante de petróleo al que un corredor que trabaja con Knob le había ofrecido el cargamento. Habló bajo condición de anonimato por temor a ser identificado con una transacción que infringe las sanciones de Estados Unidos.
El certificado fue supuestamente preparado por Frank Verhoets, identificado como director gerente de Caribbean Petroleum Refinery. Sin embargo, Herrera dijo que nadie con ese nombre trabaja en la empresa y calificó el documento, en el que aparece tachado el nombre de Knob, como un claro fraude.
«Lamentablemente en la industria hay muchas falsificaciones e información engañosa», dijo.
Información de The Associated Press.
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