Reportaje

Crece la presión contra el presidente de Argentina por su renovada posición hacia la dictadura de Maduro

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Crece la presión contra el presidente de Argentina por su renovada posición hacia la dictadura de Maduro

Cerca de 20 organizaciones defensora de derechos humanos instaron al presidente Alberto Fernández para que pida a Maduro la liberación de los presos políticos de su régimen.

Redacción | Primer Informe

«Nos dirigimos tras sus recientes declaracione sobre Venezuela para compartir información sobre la situación del defensor de derechos humanos venezolano Javier Tarazona, quien lleva varios meses detenido arbitrariamente a pesar de su delicada condición de salud. Lo instamos respetuosamente a que le pida públicamente a las autoridades venezolanas que responden a Nicolás Maduro la liberación de Tarazona», inicia la carta enviada y firmada por casi una veintena de organizaciones defensoras de derechos humanos al presidente argentino Alberto Fernández.

Entre las organizaciones más relevantes detrás de la iniciativa están Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Comisión de Juristas y The Washington Office on Latin America.

Las organizaciones firmantes son Acción Solidaria, AlertaVenezuela, Caleidoscopio Humano, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB), Centro de derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (CDH-UNIMET), Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ), Civilis Derechos Humanos, Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Comité de Familiares de las Victimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 (COFAVIC), Espacio Público, Foro Penal, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Laboratorio de Paz, Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) y Un Mundo sin Mordaza.

La carta le recuerda a Fernández las condiciones en las que las fuerzas represoras del régimen madurista capturaron a los activistas de la organización de derechos humanos Fundaredes y que mantienen cautivo a Javier Tarazona, su director.

Dicen que Fundaredes «había acusado a las autoridades venezolanas de tener nexos con grupos armados en el estado Apure. Los activistas fueron acusados de traición a la patria, terrorismo e incitación, en base a publicaciones que habían realizado en redes sociales y en la página de la organización. Dos de ellos fueron liberados el 26 de octubre con la condición de que se presenten ante la justicia cada ocho días mientras se realiza el juicio en su contra. Javier Tarazona, el director de la organización, continúa detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas. Miembros de Fundaredes que se han comunicado con Javier Tarazona afirman que ha sido víctima de torturas y que sus necesidades médicas han sido atendidas».

En la carta continúan detallando la situación de Tarazona. Dicen que «la Alta Comisionada Bachelet expresó su preocupación por el caso de Fundaredes, señalándolo como un ejemplo de las restricciones al espacio cívico, ‘en particular la estigmatización, criminalización y las amenazas contra las voces disidentes, sobretodo hacia la sociedad civil, los medios de comunicación y miembros de la oposición’. Durante su última actualización oral sobre la situación en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo, la Alta Comisionada expresó que sigue ‘preocupada por los enjuiciamientos’ y que, a pesar de la liberación de dos miembros de Fundaredes, estos siguen enfrentándose a cargos penales mientras Tarazona sigue detenido y ‘su salud parece deteriorarse'».

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Diagnóstico errado

Las organizaciones firmantes de la carta también se preocuparon por hacerle saber al presidente Fernández que disienten «de su diagnóstico de que los problemas en Venezuela ‘se han disipado’, así como de declaraciones de la portavoz de su gobierno que sugieren que en Venezuela hay ‘democracia'».

En la misiva dicen que «es fundamental que en cualquier comunicación con las autoridades venezolanas se haga hincapié en la necesidad de poner fin a la censura y la campaña sistemática en contra de periodistas independientes, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, así como la liberación de los 239 presos políticos detenidos en Venezuela, según el Foro Penal».

«Confiamos en que esta carta pueda servir de base para un diálogo constructivo con su gobierno sobre la situación real en Venezuela. Estamos a su disposición para mantener una conversación fluida sobre este y otros casos documentados por las organizaciones firmantes», concluye la carta dirigida al presidente argentino.

 

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