Reportaje

Cuaderno de Notas | Casto Ocando

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Cuaderno de Notas | Casto Ocando

Investigación a Maduro. La reciente solicitud del senador Marco Rubio al Fiscal General William Barr de abrir un expediente criminal a Nicolás Maduro, es realmente una solicitud que ya en parte se ha cumplido. Un tribunal federal en Miami ya avanza en la indagación sobre la participación de Maduro en un esquema de lavado de dinero producto de la corrupción en calidad de co-conspirador. En el caso están implicados sus hijastros (hijos de Cilia Flores), y otros operadores financieros. Evidencias y testigos ya han sido presentados ante un Gran Jurado, y es posible que ya exista una orden de captura, aunque esto último no ha sido confirmado. Los lazos de Maduro con los negocios ilícitos y corruptos son añejos. Cuando era el canciller de Chávez y su esposa Cilia la presidenta del Congreso, el narcotraficante Walid Makled le dijo a la DEA que la ahora pareja presidencial controlaba una parte importante de las operaciones en Puerto Cabello, sobre todo la “exportación” de materia prima como bauxita, de donde sale el aluminio, haciéndola pasar como chatarra para no llamar la atención. La operación en Puerto Cabello, que estaba a cargo del entonces coronel Fabio Zavarce, producía en aquella época varios millones de dólares semanales. Por otro lado, no hay investigación sobre Maduro que no implique a Cilia. Y los vínculos de la Primera Combatiente del régimen madurista ha sido implicada en una amplia variedad de ilícitos: desde el desfalco de Pdvsa hasta el tráfico de oro y el lavado de dinero procedente del narcotráfico. El problema, sin embargo, no será encontrar razones sino ejecutar la medida de captura que sigue a toda declaración de culpabilidad en el sistema judicial norteamericano.

¿Diosdado al mando? El alzamiento del 30 de abril pasado propiciado por Juan Guaidó no sólo puso al descubierto que muchos chavistas estaban negociando con el Imperio “mesmo”, incluyendo radicales pro-cubanos como el general Christopher Figuera. También dejó en claro que nadie estaba representando los intereses de Diosdado. De ahí el endurecimiento que se ha producido en las últimas semanas contra la oposición. De ahí el control de los cuerpos de inteligencia que recuperó con el posicionamiento de su perro leal, el general Gustavo González López, en su viejo puesto de jefe del Sebin. Y ahora, el viaje a Cuba, para tomar él mismo las riendas. Y su intento de erigirse ahora como nuevo líder de la izquierda continental usando el Foro de Sao Paulo. La estrategia exhibe también su terror a quedar aislado. El temor de que, al parecer, está rodeado de potenciales traidores. Y que en cualquier momento, lo van a traicionar. Hasta su mujer. En este punto de su carrera narcopolítica, Diosdado no confía en nadie. Porque vigila a todo el mundo: a sus aliados, a sus guardaespaldas, a sus socios en el narcotráfico. La permanente paranoia que lo lleva a pernoctar no más de tres días en un mismo sitio. La pesadilla de que sus múltiples y peligrosos enemigos, que ha cultivado por décadas, le hagan una jugada que en el peor de los casos, lo ponga tras las rejas por el resto de su vida. Entretanto, Diosdado juega todas sus cartas. Hasta la que ni él mismo esperaba: la alianza contranatura con los cubanos, que no una sino varias veces trataron ya de entregarlo a la DEA para apartarlo del medio. No se sabe si el ascenso de Diosdado, lejos de consolidar su poder, sea más bien la etapa final del desplome del régimen. Porque si su liderazgo es lo mejor que tiene el chavismo-madurismo para ofrecer al mundo, hay muchas razones para sentirse optimista.

La traición por dentro. El Presidente Interino Juan Guaidó asegura con tono confiado que tiene el control sobre lo que ocurre en la oposición, y que las diferencias, aireadas por un molesto Secretario de Estado Mike Pompeo en privado, es parte del juego democrático. Por lo pronto, ha detenido toda conversación en Oslo o cualquier otro escenario, en parte por las extravagantes peticiones que está haciendo el equipo negociador de Maduro. Washington no sólo rechaza cualquier condición que salga del equipo de Maduro. También le ha advertido al líder venezolano sobre la posibilidad de que sectores internos de la oposición penetrados por el régimen, intenten una jugada para dejarlo infraganti y “desprestigiado”. Según una fuente con conocimiento del caso, un emisario de la oposición estaría ofreciendo propuestas económicas a personas del entorno familiar de Guaidó, específicamente al propio Presidente Interino o alguno de sus hermanos, para luego filtrar la información como parte de una campaña del régimen para minar su prestigio. El personaje opositor estaría en estos momentos bajo investigación por presunta cooperación con el oficialismo, en desmedro de l liderazgo de Guaidó.

Contratistas militares y Operación Libertad. A medida que transcurre el tiempo, se hace más difícil la unidad opositora y se complican los escenarios para la salida del régimen de Nicolás Maduro, en Washington importantes voces comienzan a plantear un nuevo tipo de estrategia de intervención para enfrentar un régimen con tendencias criminales y armado hasta los dientes: una combinación de fuerzas venezolanas y contratistas privados que puedan crear una “amenaza creíble” para acelerar la caída del régimen. “Venezuela está ocupada por Cuba, Rusia e Irán”, escribió Mary Anastasia O’Grady, editorialista del influyente The Wall Street Journal. “Y los ocupantes no tienen incentivo para retirarse”. Según la analista, “los patriotas venezolanos necesitan ayuda externa, como pasó con la Resistencia Francesa durante la Alemania nazi, y los Contra nicaragüenses durante la primera dictadura de Daniel Ortega”. A continuación, la sugerencia sin ambages de O’Grady: entrenar una fuerza de venezolanos fuera del país, organizada y equipada por el grupo de países aliados del presidente interino Juan Guaidó, para conducir operaciones militares y lograr un punto de partida en territorio venezolano a partir de la cual se pueda expandir una ofensiva para recuperar el país. Este tipo de iniciativa ha sido apoyada con éxito por Estados Unidos en el pasado. En el fondo, se trata de darle “poder real” a Guaidó para sacar a Maduro, acota O’Grady. De acuerdo a fuentes, el planteamiento de O’Grady está ganando tracción en importantes sectores políticos de Washington. No sólo la idea de entrenar fuerzas venezolanas, sino de complementar con fuerzas militares privadas, mejor conocidos como “contratistas”, una práctica extendida por el Pentágono en los conflictos bélicos más importantes de este siglo. De acuerdo al más reciente informe gubernamental sobre el tema, realizado el mes pasado por la oficina de investigaciones del Congreso norteamericano (CRS, ver documento aquí), para mayo de 2019, el número de contratistas del Pentágono (25,239) superó ampliamente el estimado de tropas militares norteamericanas en Afganistán (unos 15,000 según estimaciones de CRS). Lo más interesante es que el número de contratistas de terceros países como Colombia, Perú, Europa Oriental e Inglaterra, entre otros, representó el 42% del total de contratistas, mientras que los de origen norteamericano representaron 44%. Hay decenas de contratistas no sólo y operando contratos con el Pentágono, sino listos para iniciar operaciones en otros “teatros” de guerra como el venezolano. Según fuentes consultadas por este periodista, numerosos operativos de fuerzas especiales que lucharon en guerras como la de Irak, Afganistán y Siria, se encuentran en situación de retiro pero dedicadas a la actividad privada, incluyendo Navy Seals y Marines originarios de Sudamérica y Centroamérica. El papel de Estados Unidos sería de apoyo logístico, tecnológico y de inteligencia, han sugerido ya asesores militares. Este tipo de estrategia podría ser aprobada por el presiente sin necesidad de pasar por el congreso, ni de poner soldados norteamericanos en peligro, y evitar así potenciales consecuencias negativas. La suerte está echada.

Más de $1,000 millones “bolivarianos” en Dominicana. Comenzaron a establecerse discretamente en la época en que Chávez aún estaba vivo. Ocuparon varios de los lugares más ostentosos y elitescos de la isla como Casa de Campo y Punta Cana. Entre los primeros en llegar estuvo el operador financiero Danilo Díaz Granados y Víctor Vargas. Más tarde vendrían personajes como los banqueros Leonardo González Dellán (Villa Cacique 8 de Casa de Campo) y Leopoldo Castillo Bozo, el operador Moris Beracha (Hotel Eden Rock en Cap Cana), el empresario militar-bolivariano Atahualpa Fernández (Villa Vista Mar 22), que hizo y el ex capitán Carlos Aguilera, ex guardaespalda de Hugo Chávez que amasó una fortuna de $100 millones. República Dominicana también fue refugio, según la Interpol (ver documento anexo) de venezolanos buscados por la justicia norteamericana como Alexander Del Nogal, acusado de narcotraficante y lavador de dinero, y según la Interpol (ver documento anexo). Otros residentes del alto chavismo, aunque temporalmente, fue la pareja integrada por Claudia Díaz Guillén, la ex enfermera de Hugo Chávez, y su entonces esposo Adrián Velásquez, guardaespaldas del Comandante Galáctico hasta que ambos se fugaron en supuesta luna de miel a Santo Domingo. Un agente de Homeland Security intentó convencerlos de entregarse y cooperar con las autoridades, pero la pareja prefirió escapar a Madrid, donde de todas maneras fueron apresados. Uno de los más notables habitantes de La Hispaniola era el empresario Samark López Bello, considerado por Washington como el testaferro de Tarek El Aissami y sancionado por el Departamento del Tesoro. Pero es muy posible que López Bello haya abandonado la idea de volver a su mansión de Cap Cana, luego del allanamiento de la propiedad por parte de un task force del FBI y la DEA, en conjunto con la policía local. Otro notable de la lista de residentes es Eudomario Carruyo, ex vicepresidente de finanzas de Pdvsa, que solía residir en un exclusivo apartamento de $2 millones en Brickell Bay, Miami, pero que se mudó a Casa de Campo donde se siente más seguro, al decir de personas conocedoras de su rutina personal, aunque no tanto, ya que fue víctima de un robo de $100,000 en cash, en su propia opulenta villa. Y no hay que dejar por fuera al empresario marabino Hidalgo Socorro, cuyos contactos en Pdvsa le permitieron obtener el singular contrato de la defectuosa plataforma Aban Pearl al doble del costo real, aunque la plataforma terminó hundida cinco meses después cuando apenas había ganado $140 millones de los proyectados $600 millones en ganancias, por supuesto, irregulares. La Asamblea Nacional controlada por la oposición lo acusó de corrupción, al igual que su socio Enoc Martínez. Y hasta Freddy Bernal, según fuentes bien posicionadas en la isla, tiene su propio testaferro que lleva el apellido Noriega (sin relación con el desaparecido dictador panameño), que maneja una amplia cartera de bienes raíces en representación del corrupto Protector del Táchira. Políticos dominicanos han gestionado una amplia variedad de protección a esta clase privilegiada de empresarios con conexiones chavistas, muy posiblemente a cambio de generosos financiamientos electorales. De otra manera no se entiende cómo, por ejemplo, el banquero y asegurador Castillo Bozo, a quien Estados Unidos catalogó como financista del terrorismo (ver documento anexo), actúa a sus anchas como un gran y respetado magnate. Todas estas personas tienen en común que han sido acusadas y/o relacionadas con transacciones fraudulentas y corruptas en negocios con o a través del régimen chavista. Después del allanamiento de la mansión de Samark López Bello, las autoridades están poniendo la lupa más de cerca. ¿De dónde salió el dinero? ¿Hay participación o conexiones con el actual régimen de Nicolás Maduro? ¿Representan como testaferros a algún alto chavista actualmente sancionado por corrupción, violación de derechos humanos, tráfico de narcóticos y lavado?

 

 

 

Persecución de altos chavistas a gran escala. Tras el fallido allanamiento de la residencia en Punta Cana del empresario chavista Samark López Bello, sancionado por Estados Unidos por testaferro de Tarek El Aissami, las agencias de inteligencia norteamericanas están aumentando la presión a nivel internacional para capturar y congelar fondos y bienes que podrían estar siendo usados para operaciones ilegales, en beneficio del régimen de Nicolás Maduro. Agentes del FBI y la DEA, en conjunto con fuerzas de seguridad dominicanas, intentaron la captura de López Bello bajo acusaciones de lavado de dinero producto de la corrupción y posiblemente el narcotráfico. El empresario chavista salió de República Dominicana justo a tiempo para evitar su captura, y se cree que informantes dentro de las fuerzas policiales dominicanas le filtraron el dato de que iba a ser capturado. Pero el fracaso de la misión “exacerbó los ánimos entre agentes federales, y ahora están más decididos a llevar las presiones al extremo”, de acuerdo a una fuente de inteligencia que conoce los intríngulis de las operaciones. Al menos una corte federal en Miami mantiene un expediente abierto contra Tarek El Aissami, bajo acusaciones de narcoterrorismo, de su testaferro Samark López Bello, y de otros testaferros que han sido identificados hasta ahora, como el empresario de aviación Víctor Mones, que manejaba una impresionante flotilla de aviones chavistas bajo control de López Bello. Sin embargo, Samark no es el único objetivo chavista en la mira. De acuerdo a consultas con varias fuentes que conducen las indagaciones, órdenes de detención activas apuntan a “targets” como Diosdado Cabello (acusado de narcotráfico en dos tribunales federales), y los generales Vladimir Padrino López e Iván Hernández Dala, ambos también vinculados con operaciones de tráfico de narcóticos. La lista no sólo incluye peces gordos, sino una variada fauna de operadores no tan famosos pero que representan intereses de connotados chavistas en Estados Unidos y Europa.

Negocios en Ferrominera. La firma ACBL de Venezuela C.A., que se define a sí misma como una empresa “de servicios de transporte de mercancías”, basada en Puerto Ordaz, es una de las más activas compradoras de material ferroso provisto por Ferrominera. La empresa está vinculado a un empresario controversial que ostenta doble nacionalidad argentino-americana: Roberto Welisch. Uno de sus barcos, el River Pearl, registrado bajo bandera de Bahamas, llegó el pasado martes al puerto de carga de Ferrominera en Puerto Ordaz, para recibir una carga del mineral. De acuerdo a registros marítimos, el barco, que tiene una capacidad de carga (peso muerto) de 52 mil toneladas, salió este sábado 8 por el río Orinoco rumbo a mercados internacionales. El misterio es quién y cómo paga la carga. La tonelada métrica de mineral de hierro se vende en el mercado en unos $50 sin incluir el precio de transporte (FOB). Una carga de 52 mil toneladas equivale a unos $2.6 millones. En el pasado operaciones financieras de Ferrominera han sido prohibidas en banco norteamericanos y europeos, a causa de las sanciones. Adicionalmente, Ferrominera ha sido señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de haber sido usada por Diosdado Cabello, en combinación con el ex gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, para la “exportación ilegal de mineral de hierro”.

Se complica investigación federal de Glencore en Venezuela. El jefe de los negocios con petróleo de la gigante suiza de commodities Glencore, Alex Beard, presentó su renuncia en medio de una investigación actualmente en curso por parte del Departamento de Justicia norteamericano, sobre actividades potencialmente ilegales de Glencore en Congo, Nigeria y Venezuela. La renuncia ha sido vista como una señal de que las cosas no pintan bien para Glencore. La indagación trata de establecer si la firma suiza violó leyes anticorrupción y anti-lavado de dinero de Estados Unidos. El énfasis de la investigación federal está centrada en Venezuela, donde se cree que Glencore habría pagado sobornos para sellar contratos de adquisición de cargamentos de crudo venezolano, posiblemente a ejecutivos del Departamento de Comercio Internacional de Pdvsa. Funcionarios de este departamento, entre ellos Luis Vergara, ha estado en el centro de otras investigaciones relacionadas a la venta ilegal de productos derivados del petróleo.

Destapan las redes secretas de Tarek El Aissami en El Salvador. Tras la llegada del nuevo presidente de El Salvador, Nayib Bukele, una nueva etapa promete destapar los secretos de la red de lavado de dinero dirigida por Tarek El Aissami, en combinación con funcionarios de Pdvsa y empresarios pro-chavistas, que procesaron millones de dólares procedentes de la corrupción y el narcotráfico. Ya el Fiscal especial contra la corrupción y la impunidad, Germán Arriaza, ordenó allanamientos en varias empresas del conglomerado Alba Petróleo, controlada mayoritariamente por Pdvsa aunque manejada por El Aissami. Entre las empresas del conglomerado investigadas por lavado de dinero están: Gasohol (centro de investigación científica de Alba Petróleos), Energía Orgánica, Renova Energy, Transporte Velmont, Precosidos El Salvador, Maya Green Power, Alba Alimentos, Alba Gas, Inversiones Valiosas, Tu Financiera y Fibras El Salvador, entre otras. Además de Tarek El Aissami, aparecen en el esquema de lavado los siguientes nombres: Asdrúbal Chávez (primo de Hguo Chávez), como directivo de Alba Petróleos; el operador José Barreto Hung, vínculo entre El Aissami y el ex comandante guerrillero devenido magnate, José Luis Merino; el empresario de aviación Víctor Mones Coro, que manejaba la flotilla de aviones de El Aissami y fue acusado de actuar como testaferro de Samark López Bello; y los empresarios José Wilfredo Molina Castrillón y su esposa, Carmen Elena Clautier Laínez, que habrían participado de operaciones de lavado de dinero. Todo este esquema está bajo investigación del gobierno de Estados Unidos desde hace varios años.

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