Las ONG de Venezuela se resisten a la última avanzada totalitaria de Maduro para controlarlas
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Organizaciones de la sociedad civil quieren ser obligadas a entregar información sensible bajo pena de ilegalización o prisión para sus integrantes en caso de no hacerlo.
Redacción | Primer Informe
En Venezuela, 663 organizaciones no gubernamentales (ONG) se unieron para enfrentar la última avanzada totalitaria del régimen de Nicolás Maduro. Por medio de un pronunciamiento, los representantes de la sociedad civil expresaron su rechazo a la Providencia Administrativa No. 001-2021.
La nueva medida de la dictadura venezolana busca imponer un Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Esa instancia está sujeta al Ministerio de Interior, Justicia y Paz controlado por Maduro.
De acuerdo con un pronunciamiento de las ONG venezolanas, tal medida es «un acto inconstitucional, de extralimitación legal». También denuncian que la citada providencia constituye un «grave quebrantamiento a las normas internacionales de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales«.
Con la nueva normativa, la dictadura chavista quiere obligar a personas naturales o jurídicas de naturaleza no financiera a revelar información sensible.
El chavismo quiere controlar lo que está en actas constitutivas y de asambleas, miembros y personal. También, las listas de donantes, movimientos financieros, lista de todos sus beneficiarios y de otras organizaciones con las que trabajen.
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Todo eso bajo la presunción de incurrir en delitos como el terrorismo, afirma el comunicado de las ONG. De no acceder al registro obligatorio, las organizaciones pueden ser ilegalizadas y sus integrantes pueden ir a la cárcel.
Todo esto viene en un momento especialmente sensible. Muchas de las ONG que están en la mira de la dictadura brindan ayuda humanitaria a los sectores más vulnerables.
Son millones de familias que requieren asistencia para enfrentar la miseria, el hambre, la grave situación de salud y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Ilegal e inconstitucional
En su pronunciamiento las ONG venezolanas también denuncian la Providencia 001-2021 como una normativa sub-legal que regula asuntos reservados a las leyes. Eso a pesar de tener un rango inferior incluso a reglamentos y resoluciones. Aclaran que lo que está pidiendo esta nueva medida no está contemplado en ningún instrumento del ordenamiento jurídico venezolano.
Los objetivos de la providencia «son arbitrarios, intrusivos y ajenos al supuesto fin que dicen perseguir; omite la existencia de normas constitucionales, leyes y resoluciones en Venezuela que protegen y regulan la actividad de las organizaciones conforme a su naturaleza sin fines de lucro».
Violación de derechos fundamentales
Sostienen que la providencia viola el derecho humano a la libertad de asociación. En el ejercicio de este derecho pueden existir regulaciones, admiten, pero «siempre que sean establecidas por leyes legítimamente adoptadas».
También afirman que la nueva medida viola los principios de presunción de inocencia y de legalidad.
«Todas las organizaciones de la sociedad civil estarían sometidas a un estado general de sospecha». Y peor aún, también estarían bajo «el control discrecional de un órgano con funciones de supervisión e inteligencia en materia de delitos de legitimación de capitales y terrorismo».
«Esta providencia se inscribe en los patrones de criminalización sistemáticos contra las organizaciones de la sociedad civil, intensificados durante el último año y sin duda representa el evento de mayor gravedad que se haya visto hasta ahora», denuncian las ONG.
Lea el pronunciamiento completo en Provea.org.
Foto principal: REUTERS/Carlos García Rawlins
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