Las torturas que infringió el régimen de Maduro a Lorent Saleh con la anuencia del Estado colombiano
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Durante los tres años que estuvo privado de su libertad, sin cargo alguno, Lorent Saleh fue sometido a torturas y constantes amenazas.
Redacción | Primer Informe
Como un fallo histórico que marca un importante antecedente para la protección de los migrantes calificó el abogado Víctor Mosquera Marín la decisión del juzgado 58 administrativo de Bogotá que condenó a Migración Colombia por la expulsión de territorio colombiano del activista estudiantil venezolano, Lorent Saleh en septiembre de 2014.
En la decisión judicial, se determinó que Saleh fue acusado, sin prueba alguna, de representar un peligro para la seguridad nacional. Basándose en esto, pese a las múltiples amenazas que había recibido por el régimen venezolano, fue retenido por la Policía en Bogotá para ser trasladado en cuestión de horas hasta la frontera con Venezuela.
En ese lugar, fue entregado a las autoridades venezolanas que lo acusaban de conspiración. Allí estuvo en un centro conocido como La Tumba, administrado por la policía, en donde fue sometido durante tres años a “todo tipo de torturas” que lo afectaron mental y físicamente.
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“En 2018, las Naciones Unidas establecieron que él había sido puesto en peligro por el Estado colombiano al ser entregado al régimen de Venezuela”, recordó el jurista. Con este fallo en mano, tomó la decisión de presentar una acción de reparación directa advirtiendo todos los daños morales y materiales que sufrió el joven y su mamá.
En la decisión, que ya le fue notificada al Estado, se determinó que “Lorent Saleh sufrió tortura, privación injusta de su libertad por parte del régimen de Nicolás Maduro, pero con la anuencia del estado colombiano”, pues quedó demostrado que existía una advertencia del grave riesgo que corría el joven si volvía a pisar Venezuela.
“El juez probó que Lorent Saleh, en múltiples oportunidades, le había solicitado mantenerse en Colombia o ser expulsado a un país en el que su vida no corriera riesgo. La documentación señala que desde el día uno que llegó al país estableció que era un líder opositor y el régimen de Maduro lo estaba persiguiendo”, reseñó el abogado.
Tras el estudio de la demanda de reparación, el juzgado indicó que efectivamente existieron graves daños morales para el joven y su núcleo familiar, centrándose principalmente en “la falla en el servicio” que se presentó por parte de Migración Colombia, que lo trasladó hasta la frontera.
Durante los tres años que estuvo privado de su libertad, sin cargo alguno, el joven fue sometido a torturas y constantes amenazas. Esta situación lo afectó gravemente, así como a su madre, quien estuvo en una situación lamentable.
“Por ser madre cabeza de familia, su único sustento era su hijo y, al estar privado de su libertad, quedó en una situación bastante triste”, explicó Mosquera, señalando que el fallo también ordenó una indemnización.
Para el abogado, este fallo “es trascendental porque reconoce un principio universal: el derecho a la no devolución cuando la vida e integridad personal corren riesgo en el país de origen. Esta decisión hace historia para los migrantes, al ser protegidos adecuadamente por los Estados”.
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