En las pruebas está la clave sobre la realidad del coronavirus en Venezuela
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El régimen sólo autoriza a un laboratorio a hacer las pruebas de todo el país, mientras privados y universidades están dispuestos a comenzar a hacerlas pero no se les toma en cuenta.
Redacción | Primer Informe
La mayor de las fallas que hay en el sistema de salud Venezuela de cara a la pandemia del nuevo coronavirus es el funcionamiento de tan solo un laboratorio que pueda procesar las muestras de PCR, para analizar miles de hisopos a través de pruebas moleculares. El laboratorio está ubicado en Caracas.
Desde que se detectara el primer caso de COVID-19 en Venezuela hace cuatro meses las confirmaciones ya superan los 13.000 contagios y 124 muertes según las cifras emitidas por el régimen de Nicolás Maduro, muy por debajo de sus vecinos Brasil y Colombia que cuentan con dos millones y 200 mil casos respectivamente.
No obstante, expertos ponen en duda estas cifras, y aseguran que no se acercan siquiera al avance del nuevo coronavirus en todo el país. Ni siquiera por el aumento del 30% de los casos positivo en todo el país en al menos cinco semanas, el régimen autoriza a otros laboratorios privados e instituciones académicas a realizar pruebas. Mientras tanto el COVID-19 sigue acelerando su paso y las políticas de control siguen siendo insuficientes.
Esa misma falta de laboratorios para el procesamiento de pruebas hacen que la muestra de un posible paciente con COVID-19, recorra kilómetros de ida y vuelta para confirmar o descartar si la persona está contagiada o no. “Primero, enviamos una ficha epidemiológica [un formulario en papel] al distrito sanitario del Ministerio de Salud. Ellos toman la muestra el mismo día o al día siguiente luego de la notificación y se la llevan al Instituto Nacional de Higiene”, dice Julio Castro, infectólogo designado por el presidente encargado para dirigir la Comisión Especial para la COVID-19. “Siete, ocho, nueve días es el tiempo habitual, pero hemos tenido pacientes que son coroneles y ahí tarda menos”, asegura. Para pacientes en el estado Zulia, la entidad con más casos de COVID-19, el recorrido de la muestra es de 697 kilómetros para el análisis. En el interior del país la espera por los resultados de la PCR puede tardar varia semanas.
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Julio Castro durante una entrevista para El País, aseguró que los retrasos tienen implicaciones directas en los pacientes. “Uno puede ir atendiendo el cuadro con los medicamentos básicos, pero si es necesario aplicar el protocolo de fármacos que ha establecido el ministerio hay que esperar a tener la PCR positiva”, indica al tiempo que insiste en que la Organización Mundial de la Salud y como se ha visto en la evolución de la pandemia, los países que han desarrollado una mejor estrategia de control del virus son los que tienen mayor capacidad para detectar a tiempo los casos y sus contactos.
La burocracia en el análisis de PCR genera más gastos hospitalarios y además la sobrecarga de todo el sistema sanitario que desde mucho antes de la pandemia estaba en condiciones precarias.
“El protocolo del Ministerio de Salud indica que es necesaria una prueba negativa de PCR para dar el alta, antes eran dos. Un paciente tiene que esperar un resultado otros ocho días en una cama que podría estar usando otro”, dijo Castro.
Desde el lunes hay reportes de clínicas privadas en Caracas que han alcanzado el límite de su capacidad instalada para la atención de pacientes con COVID-19. El hospital Universitario de Maracaibo también colapsó según el diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa. El último anuncio del régimen de instalar un hospital de campaña en el Poliedro de Caracas y en residencias universitarias de la capital, dan cuenta de que la capacidad de los hospitales llegó a su límite, según el diputado José Manuel Olivares.
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Cuando se inició la pandemia, los expertos que integran la comisión de la Asamblea Nacional señalaron que en el país hay ocho centros con equipos y personal entrenado para procesar pruebas. Al menos 10 clínicas privadas y dos hospitales cuentan con aparatos para análisis rápido de PCR, agrega Castro. Este inventario de recursos fue discutido con la Organización Panamericana de Salud el mes pasado cuando se firmó un acuerdo para manejar la pandemia entre el Ministerio de Salud de Maduro y la Asamblea Nacional dirigida por su rival Juan Guaidó, uno de los pocos pactos que ha permitido la profunda crisis política e institucional en la que está sumida de Venezuela. De estas gestiones, al menos en lo que respecta a las pruebas, nada ha cambiado. Un resultado visible de esa cooperación ha sido la distribución de mascarillas, batas y equipos de protección para médicos de hospitales de seis Estados de la nación caribeña, indica la publicación de El País.
Una de las instituciones que ha ofrecido sus servicios para el procesamiento de muestras ha sido la Universidad de Los Andes (ULA), sin embargo, no recibió ni la autorización ni los insumos para tal fin. “Desde marzo, hemos tenido múltiples reuniones con autoridades de un lado y de otro y por alguna razón no pasa nada”, dijo a El País, vía telefónica el virólogo José Andrés Mendoza, investigador desde hace 25 años del Laboratorio de Microbiología en el estado Mérida. Durante la pandemia de AH1N1, entre 2009 y 2011, este centro confirmó los primeros casos en el país y procesó pruebas. “Recibimos presiones sobre la divulgación de los resultados, pero somos rebeldes”, dice. En ese tiempo, el ministerio de Salud de Hugo Chávez lo dirigió por primera vez un militar y comenzó la censura de los datos epidemiológicos, que una década después continúa.
Con informació de El País.
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