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Habla un miembro de la comisión que confirmó los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro

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Habla un miembro de la comisión que confirmó los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro

«Les pedimos un canal de comunicación para entregarles antes a ellos el informe para que pudieran reaccionar. Y tampoco quisieron. Ni siquiera nos contestaban que no, simplemente nos ignoraban», dijo sobre la colaboración dada por el régimen de Maduro a las investigaciones.

Redacción | Primer Informe

El abogado especialista en DDHH, Francisco Cox, se refirió al informe de la ONU que responsabiliza al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de cometer crímenes de lesa humanidad.

Cox fue, quien fue uno de los expertos que participó en el proceso de elaboración del duro informe, -que solicitó abrir investigaciones contra Nicolás Maduro y los ministros Néstor Reverol, de Justicia y Vladimir Padrino López, de Defensa- destacó la neutralidad del trabajo, descartando las acusaciones de sesgo político.

“El canciller de Venezuela decía que esto era pagado por EEUU, antes era el marxismo internacional, ahora es el imperialismo internacional. Parece que cuando uno habla de violaciones a los DDHH, quienes tienen un sesgo político, ven política en todas partes. Nosotros simplemente llamamos las cosas como las concluimos”, señaló.

Cox explicó que la comisión llegó a la conclusión de que tanto «Nicolás Maduro, como Diosdado Cabello tienen participación», dijo en una entrevista a la radio BioBio de Chile.

Para Cox, son políticas del Estado chavista el «aplastamiento de la oposición y el otro es el combate a la delincuencia, incluyendo ejecuciones extrajudiciales. (…) Teniendo conocimiento y teniendo la facultad para prevenir e investigar estos delitos, no lo han hecho», afirmó.

Por parte del régimen venezolano, su canciller Jorge Arreaza respondió que el informe estaba «plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión de fantasmas dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Washington, ilustra la práctica perversa de hacer política con los DD.HH. y no política de DD.HH.», a través de su perfil en la red social Twitter.

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Al respecto Cox respondió en una entrevista para TVVenezuela, defendiendo la rigurosidad del informe: «Cada una de las afirmaciones tiene sustento. Cada una de las imputaciones tienen sustento (…) El informe tiene suficiente información, es un informe sólido», además recalcó que le ofrecieron al régimen de Caracas enviarles una copia del informe antes de hacerlo público, pero fueron ignorados, de la misma manera como ocurrió cuando solicitaron información para la investigación en la que se basa el informe.

A La Tercera de Chile, el abogado dijo que todo el proceso fue realizado sin la colaboración activa del gobierno madurista: «Cuando nos nombran y tenemos nuestra primera reunión en enero de este año, estábamos en Ginebra y solicitamos una reunión formal con la Embajada de Venezuela ante la ONU. Esa solicitud nunca fue contestada. Posteriormente solicitamos acceso al país. Tampoco fue contestada. Después solicitamos información sobre casos y temas puntuales. Tampoco nos contestaron. Finalmente, les pedimos un canal de comunicación para entregarles antes a ellos el informe para que pudieran reaccionar. Y tampoco quisieron. Ni siquiera nos contestaban que no, simplemente nos ignoraban. Entonces no hubo ninguna disposición de acceso o de colaboración, de refutación de las conclusiones».

El abogado chileno consideró que es necesario que «se hagan investigaciones a nivel local, porque esa es la lógica de todo el sistema internacional», pero que la Corte Penal Internacional intervendría sólo cuando Venezuela no pueda o no quiera investigar.

«Consideramos que más que responsabilidades políticas, hay responsabilidades penales», exclamó Cox, quien agregó que el grupo que investigó los hechos llegaron a la conclusión de «que el Presidente Maduro y el ministro del Interior tienen responsabilidad penal porque contribuyeron a la comisión de los delitos. También, porque sabiendo de la comisión de los delitos, no tomaron medidas preventivas y represivas».

En una entrevista con el portal venezolano Tal Cual, Cox dijo que tienen los nombres de los funcionarios involucrados en los crímenes descritos en el informe, «tenemos más de 20 en Sebin, y más de 25 en Dgcim. Respecto de FAES es más difícil que las personas hayan dado nombre e identificación, y en eso no tenemos más detalles de los autores materiales de las ejecuciones extrajudiciales en los operativos de lucha contra el crimen».

El jurista explicó que el informe sirve para acumular la información, ya toca a la Corte Penal Internacional hacer «un examen preliminar que analiza la situación de muy arriba, la globalidad. Nosotros hemos podido entrar al detalle y establecer patrones de conducta, cómo se ejecutan las órdenes, quénes son las personas involucradas, cuáles son los organismos involucrados. Ese nivel de información es útil para la Corte Penal Internacional. No es que nosotros estemos trabajando coordinadamente, pero obviamente, al ser un documento público, que se entrega al Consejo, es algo que puede ser utilizado por la Corte o por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional».

 

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