Los 8 golpes mortales que las sanciones de Trump dieron a la fortuna de los Ortega Murillo
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La estrategia de la administración Trump apuntó directamente a los negocios de la familia presidencial.
Redacción | Primer Informe
En menos de dos años, las sanciones emitidas por Estados Unidos han complicado y casi desmantelado el marco financiero que construyó el régimen de Ortega con fondos venezolanos, sin control estatal. Sus principales negocios y las instituciones que han utilizado para mover su capital ahora están contaminados y sin duda, con ello, también se ha visto afectada su estabilidad económica.
El 29 de enero de 2019, el Gobierno de Estados Unidos anunció que Alba de Nicaragua (Albanisa) había sido golpeada por las sanciones impuestas a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), dueña del 51 por ciento de las acciones de la empresa de capital mixto, que han funcionado como paraguas para innumerables empresas privadas, desde que se firmó un convenio de cooperación entre Nicaragua y Venezuela en 2007, prometiendo beneficios bidireccionales y proyectos que se vendieron como emblemáticos, pero nunca vieron la luz.
Se estima que la cooperación petrolera con Venezuela ha permitido el ingreso de más de cuatro mil millones de dólares, los cuales han sido manejados de manera discrecional.
Ese fue el inicio de una cadena de sanciones que golpearía las finanzas del régimen de Ortega. El economista Róger Arteaga explica que la estrategia del Departamento de Estado de Estados Unidos ha sido clara desde el principio, apuntar a los negocios de la familia presidencial.
“Socavar el esquema financiero de la familia Ortega-Murillo”, dice Arteaga que ha sido el fin de la estrategia de la administración Trump.
Solo en 2019, las sanciones afectaron a Albanisa, el Banco Corporativo (Bancorp) y el negocio de combustibles, a través de la Distribuidora Nacional de Petróleo (DNP). En total, nueve empresas han sido sancionadas: la empresa de Zanzíbar, los Servicios de Protección y Vigilancia (El Goliat), Difuso Comunicaciones y Mundo Digital y la Caja Rural Nacional (Caruna), este pasado viernes.
Primer golpe: Albanisa
Pero, ¿cómo han afectado las sanciones de Estados Unidos a los principales negocios del régimen de Ortega? Empecemos por Albanisa. Seis meses después de las sanciones, la empresa que se había posicionado desde 2009 como el principal importador de fuel oil, derivado del petróleo utilizado para generar electricidad, dejó de importarlo.
Estadísticas del Ministerio de Energía y Minas (Minas) sobre importaciones de petróleo de enero a septiembre de 2019 indican que Albanisa solo importó cien mil barriles de Gas Licuado de Petróleo (GLP), equivalentes a US $ 2,87 millones de dólares.
Las sanciones también profundizaron la debacle de las exportaciones, que ya venían por mal camino desde 2014, como consecuencia de la situación económica que atravesaba Venezuela. A ese mercado se envió leche, carne, frijoles y café, que en su mejor momento, en 2012, logró ventas por 444 millones de dólares.
Las sanciones contra Albanisa desmantelaron por completo Alba Alimentos de Nicaragua (Albalinisa), el brazo exportador de la dictadura y a través del cual controlaba los negocios comerciales entre Venezuela y los empresarios nicaragüenses.
Tal ha sido el impacto de las sanciones, que Venezuela pasó de ocupar el segundo mercado más importante para Nicaragua y para el 2019 los envíos se redujeron prácticamente a cero, tendencia que continúa hasta la fecha.
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Segundo Golpe: Bancorp
Para el economista Enrique Sáenz, todas las sanciones han significado golpes, algunos de mayor magnitud que otros. Tres meses después de las sanciones a Albanisa, el Departamento de Hacienda sancionó a Banco Corporativo SA. (Bancorp), este se indicó haber sido “creado como una subsidiaria del gobierno venezolano y fundado en 2014. Bancorp es el banco utilizado por el régimen de Ortega para lavar dinero de Albanisa. Bancorp es utilizado por el presidente Ortega para lavar dinero del Frente Sandinista de Liberación Nacional ”, dice el comunicado.
Poco antes de la sanción, Bancorp trató de desvincularse de Albanisa y PDVSA, pero fue en vano. El 17 de abril fue designado junto a Laureano Ortega, hijo del matrimonio presidencial, “por estar involucrado en una vasta red de corrupción”.
Según Sáenz, la sanción a Bancorp significó que «cortaron una rama de gestión financiera del conglomerado empresarial y la transferencia de fondos». Al no tener ese “brazo” ya no existe un instrumento que facilite centralizar fondos, canalizar créditos y relacionarse a nivel internacional.
El Banco manejó cerca de US $ 2.550 millones de dólares correspondientes a seis fideicomisos a fines de 2018, según una auditoría de la firma británica Moore Stephens, que regresó a Caruna antes de que las sanciones llegaran a Bancorp, en un intento de descontaminación, que no funcionó.
El régimen buscó proteger al banco y ordenó al Estado comprarlo por 743,05 millones de córdobas (unos US $ 23 millones de dólares) del Presupuesto General de la República, a pesar de que la operación fue aprobada por la Asamblea Nacional, dominada por Ortega, nunca se publicó en La Gaceta, la Gaceta oficial. La sanción provocó la disolución del banco.
“Habiendo cortado ese brazo financiero una vez más expuso esta centralización que habían hecho con los activos de Caruna”, explicó Sáenz.
Tercer golpe: DNP y Zanzibar
El tercer fuerte golpe llegaría el 12 de diciembre de 2019. La empresa Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP) junto con Inversiones Zanzíbar fueron sancionadas por controlar, financiar y lavar dinero del régimen de Daniel Ortega.
Investigaciones periodísticas de LA PRENSA revelaron que los combustibles se habían convertido en uno de los principales negocios del régimen de Ortega. Antes de la sanción, DNP era el principal importador de derivados del petróleo. Dos días después de la sanción, el régimen nacionalizó, mediante una ley enviada con urgencia a la Asamblea, los inventarios de combustibles de la empresa, con el objetivo de evitar un desabastecimiento.
Aún se desconoce qué empresa maneja estos inventarios, pero lo cierto es que las sanciones provocaron el cierre repentino de varias gasolineras. Durante más de seis meses, 15 estaciones del DNP han estado fuera de operación por presunto mantenimiento, pero en todo este tiempo no se ha observado ningún tipo de movimiento relacionado con el mismo.
LA PRENSA informó que según el análisis de César Arévalo, especialista en mercados de hidrocarburos, en los últimos diez años DNP obtuvo una ganancia aproximada de 426 millones de dólares, un promedio de 42,6 millones de dólares al año.
El negocio había sido dirigido por Yadira Leets Marín, exmujer de Rafael Ortega Murillo, hijo mayor de la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo. Antes de las sanciones, los Ortega Murillos intentaron proteger su principal negocio familiar, transformando la imagen de las emisoras y desvinculándolas del DNP. Sin embargo, esto no impidió que Estados Unidos prescribiera la «muerte financiera».
Para el economista Sáenz, “haberle quitado el negocio al DNP fue un golpe, no para gastos menores, sino para grandes ingresos en efectivo”. Si bien estas sanciones han puesto al régimen de Ortega en serios problemas, obligándolo a realizar movimientos legislativos infructuosos, ¿quién sigue financiándolo?
Sáenz explica que esto se debe a que el régimen ha tenido la oportunidad de compensar, no total, sino parcialmente, con otro negocio: la energía. El régimen obtiene utilidades de las centrales térmicas que se pagan por potencia instalada, pero que generan poco, también lo hace por compras de energía más barata en Centroamérica que se vende más cara en el país, sin mencionar el aumento en la tarifa eléctrica, que a fines de 2019, se calculó incrementado en casi un 20 por ciento, disfrazado. “En cierto modo, esa sigue siendo la fuente principal”, dijo Sáenz.
Cuarto golpe: problemas en centrales eléctricas
Arteaga recuerda que si bien quedan activos a estas empresas, sus transacciones no pueden ser ejecutadas por el sistema financiero nacional o internacional, sus operaciones financieras están bloqueadas. El economista explica que el Departamento de Estado “no se va a quedar de brazos cruzados” sancionando a las instituciones, y que luego, utilizan testaferros para seguir alimentando económicamente a la familia presidencial. Cualquier persona que se encuentre funcionando como testaferro de las instituciones será sancionada, explica Arteaga.
De hecho, LA PRENSA ha informado que varias plantas de Alba Generación se encuentran paralizadas y obsoletas porque las sanciones de Estados Unidos le han impedido importar sus repuestos, pero aún así el Estado sigue pasándola bajo el concepto de pago por capacidad instalada.
Patricia Rodríguez, especialista en temas energéticos, explica que las sanciones han repercutido en la generación eléctrica. Por ejemplo, las centrales térmicas de Albanisa, el “Che Guevara” ahora generan muy poco; sin embargo, aún se están pagando altos contratos con estas centrales térmicas, mientras que otros mecanismos se utilizan para compensar esta falta de generación, por ejemplo, con importaciones del mercado regional.
Ahora, en lo que respecta a Distribución, en manos de Disnorte-Dissur, no se sabe quién es el responsable del 84 por ciento restante de la empresa, ya que el Estado está a cargo del 16 por ciento.
5. Quinto golpe: El Goliat
Junto con DNP y Zanzíbar, el 12 de diciembre de 2019 Estados Unidos también disolvió la empresa de seguridad El Goliat, que ha recibido millones en contratos gubernamentales y brinda servicios de protección a los negocios familiares de Ortega, según informó el Departamento de Hacienda cuando aplicó la sanción.
Recién en septiembre de 2020, la Alcaldía de Managua decidió contratar por un año a esta empresa para atender cuatro instalaciones deportivas: el Estadio Nacional Dennis Martínez, el Polideportivo Alexis Argüello, el Complejo de Piscinas Michelle Richardson y las canchas de tenis ubicadas en el primera etapa del Parque Luis Alfonso Velásquez. El monto total del contrato fue de 10,1 millones de córdobas.
La alcaldía no reveló cuántos postores participaron en la licitación pública.
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Sexto golpe: Difusión digital
El 17 de julio, Estados Unidos volvió a apuñalar a otro negocio de la familia Ortega Murillo: Difuso Digital, “una empresa de publicidad y relaciones públicas que produce la mayoría de las campañas publicitarias en radio y televisión para el Gobierno de Nicaragua, diversas instituciones gubernamentales y el Frente Sandinista de Liberación Nacional ”.
A través de esta empresa, la familia presidencial se benefició de los fondos del Estado a través de la producción publicitaria, que fue financiada con el Presupuesto General de la República, convirtiéndose en competencia desleal para otras empresas que se encuentran en este mercado publicitario, en su mayoría de poca monta.
En 2018, LA PRENSA también reveló que el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) adjudicó contratos a Difuso Digital para el “servicio de publicidad y propaganda para el alquiler de los espacios traseros de los buses para la instalación de publicidad impresa en vinilos adhesivos”, en contra de directamente la Ley 737. , Ley de Contratos Administrativos del Sector Público.
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Séptimo golpe: Sanciones contra Caruna
Aunque era de esperar que las sanciones llegaran a la Caja Rural, y por tanto, se creería que el régimen movió su dinero con premeditación, el golpe sigue siendo fuerte.
Sáenz, que ha seguido de cerca todo el marco que ha implicado el acuerdo petrolero desde sus inicios, explica que es posible que el régimen haya intentado sustituir su capital por “empresas de mamparo y testaferros, pero eso tiene un límite, no pueden hacer todo, ni se pueden fiar de tantos testaferros ”, dijo.
Recordó que hay más de US $ 2,5 mil millones de dólares en 2018, que seguramente crecieron en 2019, y mover esa cantidad de dinero en una economía como la nicaragüense no es tarea fácil.
Sáenz considera que la decisión de transformar el Registro Público de la Propiedad en clandestino, buscó la constitución de estas empresas que les permitieran dividir y disfrazar su capital, pero el dilema es que no todo se puede colocar. Lo que se desconoce hasta ahora es cuánto dinero de la familia Ortega-Murillo fue bloqueado.
Algunas sanciones obstruyen su «pipeline», otras lo desangran, y otras, esterilizan negocios, porque los bancos ya no abren cuentas, ya no pueden estar sujetos a créditos, es decir, «hay una alteración del microclima empresarial de estas empresas» argumenta el economista.
Caruna fue sancionada por “haber asistido, patrocinado o brindado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico o bienes o servicios en apoyo del Banco Corporativo (Bancorp), entidad cuya propiedad e intereses en la propiedad están bloqueados de acuerdo con la Orden Ejecutiva 13851”.
Octavo golpe: ¿Y el Hotel Seminole?
Los Ortega-Murillo ya habían sufrido un revés provocado por las consecuencias de la crisis sociopolítica que desarrolló su brutal respuesta a la protesta cívica de 2018.
Investigaciones de LA PRENSA confirmaron que Albanisa compró el Hotel Seminole, que cerró sus puertas a mediados de 2018 y dos años después, aún no ha vuelto a abrir. No hay una explicación clara de lo que está sucediendo con el hotel, que forma parte del tejido empresarial Ortega-Murillo.
El hotel, de 85 habitaciones y ubicado en una zona céntrica de Managua, fue comprado junto con dos fincas ganaderas que tenía la Tribu Seminole en la península de Chiltepe, donde pastaban 3.000 cabezas de ganado de la mejor calidad. La adquisición habría rondado los once millones de dólares y fue reconocida públicamente por el propio Ortega.
Con información de Today Nicaragua.
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