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Trump se blinda con equipo legal especializado en fraude electoral

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Trump se blinda con equipo legal especializado en fraude electoral

Un grupo de expertos en derecho electoral ya ha iniciado batallas legales para asegurar que las votaciones para elegir al presidente sean un proceso limpio.

Redacción | Primer Informe

Donald Trump está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias las denuncias que ha hecho sobre el fraude electoral que se estaría cometiendo en EEUU. Lejos de dejar el asunto en los discursos el presidente está defendiendo sus votos en los tribunales y está dispuesto a llegar hasta Corte Suprema.

El presidente estadounidense ya ha comenzado batallas legales sobre la validez del voto y las reglas electorales que podrían extenderse mucho más allá del día de la elección.

El equipo de campaña de Trump ha unido fuerzas con abogados de todo el país para ese fin. De esa manera ha agrupado bufetes de confianza con amplia y profunda experiencia en derecho electoral. Este equipo estará presente en los estados clave.

Varios abogados también han asumido roles en la batalla por la opinión pública. Lo hacen de forma incisiva en las redes sociales o influyendo de manera más privada en la cobertura de los medios tradicionales.

Algunos veteranos de la campaña de Trump en 2016, como Justin Clark, socio de Michael Best & Friedrich LLP, tienen un papel de mayor preponderancia este año.  Clark también cofundó recientemente Elections LLC, una firma que incluye abogados que trabajan para Trump.

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Clark fue el subdirector político nacional de la campaña de Trump de 2016. Se unió a la Casa Blanca como asistente adjunto del presidente y dirigió la Oficina de Asuntos Intergubernamentales y la Oficina de Enlace Público en la Casa Blanca antes de unirse a la campaña en diciembre de 2018.

Tiene profundas conexiones republicanas en Connecticut, en donde fue consejero general del partido de 2011 a 2013.

Uno de los asuntos tratados por los abogados del equipo de campaña de Trump ha sido tratar de regular las votaciones por correo en estados clave como Pennsylvania. También, el equipo legal mantiene actividad en redes sociales y medios tradicionales para apelar a la opinión pública.

Junto a Clark, está el abogado Stefan Passantino, ambos son socios de la firma Michael Best y del grupo Election LLC, donde dirige la práctica de derecho político de la firma.

El ex abogado adjunto de la Casa Blanca ha trabajado para los ex presidentes de la Cámara Newt Gingrich y Dennis Hastert, el secretario de Energía Rick Perry, quien es un ex gobernador de Texas, y otros. Passantino está particularmente bien conectado en Georgia.

Passantino había representado a la campaña en una demanda contra el estado de California por una ley que habría requerido que los candidatos presidenciales publicaran sus declaraciones de impuestos para estar en la boleta electoral. La ley finalmente fue derogada.

Passantino también estaba entre un grupo de funcionarios de campaña de Trump que ofrecieron al Wall Street Journal correos electrónicos supuestamente incriminatorios sobre Hunter Biden, el hijo del candidato presidencial demócrata, según un informe del New York Times.

Matthew Morgan es un ex abogado de la Casa Blanca que anteriormente fue asociado y socio de Barnes & Thornburg LLP. Se había desempeñado como consejero general de la campaña del vicepresidente Mike Pence. Se unió a la junta directiva del equipo de transición presidencial de Trump en noviembre de 2016 y en enero de 2017 dejó Barnes & Thornburg para servir como abogado del vicepresidente.

«Los demócratas han intentado destruir las medidas de integridad electoral durante meses, y no hay duda de que continuarán con sus travesuras desde ahora hasta noviembre y más allá», dijo.

«Los republicanos se están preparando todos los días para la pelea y estarán listos el día de las elecciones y después».

En el equipo legal de Trump también está la firma Jones Day que representa a los republicanos y a la campaña de Trump en una batalla por una fecha límite para la votación por correo en el crítico estado de Pensilvania. El caso podría terminar en la Corte Suprema.

Con información de Law 360.

 

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