Toda la ilegalidad del proceso de Evo Morales contra la expresidenta boliviana
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Desde la ONU, la Unión Europea y Human Rights Watch aseguran que los delitos fueron impuestos sin presentar pruebas y sin respeto por el debido proceso.
Redacción | Primer Informe
Cuatro meses de prisión preventiva contra la expresidenta boliviana Jeanine Añez, dictó la justicia de Bolivia comandada ahora por el partido de Evo Morales. Con ella fueron arrestados Álvaro Coimbra y Rodrígo Guzman y todos fueron acusados por delitos de “sedición, conspiración y terrorismo”.
Luego de ser arrestados el sábado y tras ocho horas de audiencias, la jueza cautelar de Bolivia, Regina Santa Cruz, emitió el veredicto contra los tres detenidos ahora perseguidos por el gobierno de Luis Arce y Evo Morales.
Añez y sus dos ex ministros son acusados por participar en el supuesto golpe de Estado contra Evo Morales en Noviembre de 2019.
La jueza los arresta para “evitar el riesgo de fuga” y que los acusados “intervengan en el proceso”.
Al cierre de esta nota, se llevó a cabo el traslado de Añez al centro penitenciario de mujeres en Obrajes, en La Paz.
El traslado se produce después de que la solicitud de aprehensión fuera aceptada por el juzgado. Allí permanecerá durante 4 meses a la espera de juicio.
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La reacción de Añéz
Al conocer la decisión de la jueza Regina Santa Cruz contra la expresidenta boliviana, Añez denunció a través de su cuenta Twitter que “el MAS (Movimiento al Socialismo) decide y el sistema judicial obedece: me envían 4 meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”.
Jeanine Añez hizo un llamado al pueblo boliviano a tener fe y esperanza. “Un día, entre todos, levantaremos una Bolivia mejor”.
Esta medida contra la expresidenta boliviana y algunos de sus exministros ha hecho que las alarmas en la comunidad internacional se hayan encendido, señala la información de Alnavío.
Naciones Unidas, la Unión Europea y Human Rights Watch le han pedido a las autoridades bolivianas respetar el debido proceso. Entre otras cosas, porque no se han presentado pruebas contra los detenidos.
La ONU pide respeto al debido proceso
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, les recordó a las autoridades de Bolivia “la importancia de respetar las garantías del debido proceso y la plena transparencia en todos los procedimientos judiciales”.
Agregó “la necesidad de tener presentes los avances logrados por los bolivianos y bolivianas hacia la consolidación de la paz”, además reiteró el compromiso de la ONU “para apoyar estos esfuerzos a través de la facilitación del diálogo y la promoción de los derechos humanos”.
La UE mostró su preocupación por la situación
El domingo a través de un comunicado la Unión Europea (UE) dijo que Bolivia vive “acontecimientos preocupantes” y que los están siguiendo “de cerca”.
En este sentido, exigen “un proceso judicial transparente y sin presiones políticas, con pleno respeto a la independencia de los poderes”.
“La UE espera que las diferencias políticas se resuelvan mediante el diálogo y la reconciliación con el fin de preservar la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos. La UE seguirá apoyando a Bolivia en este esfuerzo”, añadió la UE.
Arrestada sin pruebas
A través de un comunicado, José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Right Watch (HRW), aseguró que las órdenes de captura no tienen pruebas.
“Las órdenes de captura contra Áñez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de terrorismo. En 2020 pedimos que se retiraran los cargos contra Evo Morales por ese mismo motivo”, dijo Vivanco.
Vivanco a través de su cuenta en Twitter cuestionó que la detención contra la expresidenta boliviana fue sin haber presentado pruebas sobre presunto terrorismo y no por las violaciones a los derechos humanos que se ejecutaron durante su gobierno, incluyendo “dos aberrantes masacres”.
Un golpe que no sucedió
Para considerar un golpe de Estado debe haber un alzamiento militar, y en Bolivia no lo hubo. Los militares actuaron pero para “sugerir” a Evo Morales renunciar ante la ola de protestas por las elecciones fraudulentas que lo llevaron una vez más a ganar la presidencia.
Dentro y fuera del país las elecciones se consideraron fraudulentas. Ya Evo Morales antes de los comicios venía forzando la Constitución para aspirar a una reelección.
Durante las elecciones la Organización de los Estados Americanos, que ejercía de observador electoral, encontró irregularidades en el recuento que dio como vencedor a Morales.
Por un lado Morales se proclamaba presidente atendiendo a una elección dudosa, y por el otro la oposición salía a la calle clamando el fraude electoral.
El alzamiento popular incendió las calles en Bolivia, y tras semanas de protestas, la cúpula militar “sugirió” a Morales dimitir. Y eso hizo, abandonando la presidencia y el país en noviembre de 2019.
Cuando Morales se fue quedó un vacío de poder en Bolivia el cual llenó Jeanine Añez, quien era la vicepresidente del Senado.
Añez ganó la votación porque los diputados del MAS decidieron no acudir a la elección. Alegaron razones de seguridad. Aunque no hubo quórum, el Parlamento decidió nombrar a la opositora, presidenta interina para convocar elecciones una vez se pacificara al país.
Aunque la pacificación nunca se produjo, en parte por la utilización de la justicia y el poder para inhabilitar al MAS, sí cumplió con su principal cometido: convocar las elecciones que ganó Luis Arce en octubre de 2020.
Pero este último es el relato que defiende la oposición. Desde el MAS, sobre todo el sector más radical, se impone la tesis del “golpe de Estado”.
Niegan la tesis del vacío de poder y consideran a Áñez como la principal responsable de la salida de Morales. De ahí su detención. De ahí que la acusen de sedición, conspiración y terrorismo. Pero todo esto, como dijo Vivanco, sin pruebas.
Ahora la comunidad internacional presiona para que en Bolivia se respete el debido proceso y se defiendan las garantías de los acusados.
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