El deficiente lavado de imagen internacional que intenta Maduro
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La intención de las concesiones recientes del chavismo están dirigidas a la comunidad internacional. Especialmente al gobierno de Joe Biden y al a Corte Penal Internacional, según expertos.
Redacción | Primer Informe
La Asamblea Nacional chavista pactó recientemente un nuevo Consejo Nacional Electoral integrado por tres representantes del régimen y dos de la oposición. Esto ocurre en un intento de lavar la imagen internacional del chavismo.
Después de pasar años negando la crisis humanitaria compleja ahora el régimen de Nicolás Maduro permitió también la entrada de la ONU a través del Programa Mundial de Alimentos.
Está petición la había hecho la oposición y las organizaciones no gubernamentales desde hace al menos 6 años. Pero siempre recibió la negativa del régimen.
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La intención de lavarse la cara con la CPI
La semana pasada fue noticia el cambio en el discurso del fiscal general al servicio del régimen, Tarek William Saab.
Este reconoció, contradiciendo las versiones oficiales vigentes hasta entonces, que el capitán Rafael Acosta Arévalo, el concejal Fernando Albán y el estudiante Juan Pablo Pernalete fueron asesinados por funcionarios chavistas.
Con esto la dirigencia chavista hace conceciones con las que pretende dos cosas. Primer no ser juzgados en la Corte Penal Internacional (CPI). Y, segundo, hacer un lavado de imagen internacional pero sin mucho resultado.
La intención es retomar contactos con la comunidad internacional y los sectores de la sociedad más alejados del chavismo. Todo esto ocurre en medio del dramático contexto económico y social del país.
Sin reconocer a la oposición
Está concesiones del régimen chavista no están inscritas en un acuerdo con la oposición. Sólo en el caso del nuevo CNE, en el que intervino esa facción que rivaliza con Juan Guaidó y se autodenomina opositora.
Estos ajustes hechos por Miraflores parecen ser mensajes con destinatarios internacionales.
Muy especialmente a Estados Unidos, la Unión Europea y la ONU. En este contexto, comienza a hablarse de nuevo sobre la posibilidad de una mediación del Gobierno de Noruega para una negociación.
Hablan los especialistas
El jurista y analista político Juan Manuel Rafalli dice: “No tiene que ser este, necesariamente, un proceso de negociación articulado o tutelado”.
El experto opina que el chavismo ha llevado adelante esta gestión por su cuenta. “Me parece que son maniobras aisladas y con distintos actores. La situación es grave; hay descontento en la población por el retardo en la llegada de las vacunas»
Rafalli asegura que también los combates contra las disidencias de las FARC en la frontera han generado molestias y pesar en la Fuerza Armada.
Por su parte, el historiador y articulista Pedro Benítez señala que estos retrocesos del régimen son tácticas de la cúpula chavista. Específicamente nombra a Nicolás Maduro y a Jorge Rodríguez como sus ejecutores.
“Ellos dos están bastante conscientes de sus debilidades y problemas. Son movidas hechas, no porque se quiera, sino obligados por las circunstancias”, asegura Benítez.
Hace poco, una delegación de diputados encabezada por Rodríguez había intentado, sin éxito, restaurar vínculos orgánicos con la Unión Interparlamentaria Mundial en Ginebra, recuerdan en el artículo de El País.
El especialista señala que los ajustes hechos por la cúpula chavista sobre la ayuda humanitaria y los asesinatos de Albán, Acosta Arévalo y Pernalete tienen un claro destinatario: la CPI.
Tambien el entorno diplomático de Naciones Unidas, espacios donde el relato acusador de la oposición hacia los excesos del chavismo ha aumentado muchísimo en estos dos años.
Liliana Ortega, responsable de Cofavic, ONG pionera en la defensa de los Derechos Humanos en el país, considera que el reconocimiento parcial de crímenes de mesa humanidad son un paso necesario por parte del chavismo.
Pero considera que “no es suficiente”. “Es indispensable que se juzgue a todos los perpetradores y su condena judicial. Eso es lo que la Fiscalía de la Corte Penal podría valorar como una señal de rectificación».
Hace unos meses, el CPI declaró que existían indicios “razonables” para investigar al Gobierno chavista por crímenes de lesa humanidad.
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