Denuncian ataques del gobernador chavista Rafael Lacava contra activistas de DDHH venezolanos
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Amnistía Internacional exigió a Lacava que retire la demanda por difamación contra los defensores de Derechos Humanos.
Redacción | EFE
Amnistía Internacional (AI) emitió este lunes una acción urgente por el cese de los ataques contra los activistas venezolanos Marino Alvarado y Alfredo Infante, demandados por difamación hace una semana por el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, luego de que solicitaran que se investigue su presunta responsabilidad en ejecuciones extrajudiciales.
«El gobernador debe cesar de inmediato este ataque contra Marino Alvarado y Alfredo Infante, retirando la demanda y garantizando un ambiente de trabajo seguro para las personas defensoras de derechos humanos», pidió la organización en un comunicado.
El pasado 16 de mayo, Infante y Alvarado recibieron la notificación de una demanda por difamación del gobernador chavista.
La ONG Provea aseguró que la demanda tiene lugar luego de que el pasado 14 de marzo ambos activistas participaran en la presentación del informe Lupa por la Vida, durante la cual se aseveró que «la Policía del estado Carabobo es de las más letales en Venezuela, con 221 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe investigar al gobernador Rafael Lacava».
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El jueves pasado, Alvarado, coordinador de investigación de Provea, aseguró que la demanda forma parte del «cerco que progresivamente se le ha venido haciendo a las organizaciones de la sociedad civil» en Venezuela.
Por su parte, Infante, coordinador de DD.HH. del Centro Gumilla, argumentó que el informe «no está focalizado en Carabobo, es un informe nacional», el cual «evidencia que en el año 2021 hubo en el país 1.414 presuntas ejecuciones extrajudiciales, un descenso de casi un 60 % respecto a 2020».
AI sostuvo que «el Gobierno de Nicolás Maduro ha hostigado, procesado y censurado continuamente a activistas y organizaciones de la sociedad civil que trabajan para proteger los derechos de las y los venezolanos en medio de una emergencia humanitaria compleja y una profunda crisis de DD.HH. que ha llevado a más de 6,1 millones de personas a huir del país».
«Estos ataques no son aislados. Desde principios de 2021, la sociedad civil en Venezuela ha denunciado una nueva ola de represión contra personas activistas y defensoras de DD.HH., centrándose en criminalizar la cooperación internacional e intentar implementar nuevos mecanismos represivos sobre la sociedad civil en el país en 2021, y más recientemente en mayo de 2022», agregó AI.
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