Expertos de la ONU aseguran que Maduro aumentará sus prácticas antidemocráticas antes de las elecciones de 2024
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Las autoridades maduristas están reprimiendo cada vez más a miembros específicos de la sociedad civil, incluidos políticos, líderes sindicales, periodistas, defensores de los derechos humanos y otros opositores reales o percibidos.
Redacción | Primer Informe
Un panel respaldado por la ONU que investiga violaciones de derechos humanos en Venezuela dijo esta semana que el régimen del país sudamericano ha intensificado sus esfuerzos para restringir las libertades democráticas con amenazas, vigilancia y acoso mientras el presidente Nicolás Maduro enfrenta una contienda por la reelección el próximo año.
La misión internacional de investigación autorizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU dijo que el gobierno cambió de táctica desde la pandemia de COVID-19, que marcó el fin de las protestas masivas de la oposición y los posteriores arrestos y torturas generalizados de manifestantes.
Ahora, según el informe, las autoridades están reprimiendo cada vez más a miembros específicos de la sociedad civil, incluidos políticos, líderes sindicales, periodistas, defensores de los derechos humanos y otros opositores reales o percibidos. Los objetivos han sido sometidos a detención, vigilancia, amenazas, campañas difamatorias y procedimientos penales arbitrarios por incitación al odio o cargos de terrorismo, según el informe.
“Al criminalizar la participación en actividades legítimas, el gobierno está silenciando y creando un efecto paralizador sobre cualquiera que considere participar en cualquier actividad que pueda ser percibida como crítica al gobierno”, dijo Patricia Tappatá Valdez, miembro de la misión de investigación.
La misión de tres miembros dijo que entre enero de 2020 y agosto de 2023 se produjeron al menos cinco ejecuciones arbitrarias, 14 desapariciones forzadas de corta duración y 58 detenciones arbitrarias. También documentó 28 casos de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes a detenidos, de los cuales 19 involucraron violencia sexual y de género, durante el mismo período.
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La misión no tiene poderes judiciales, pero las pruebas que ha reunido podrían ser utilizadas por la Corte Penal Internacional o por cualquier país que pueda aplicar la “jurisdicción universal”, como Argentina, para procesar presuntos crímenes de lesa humanidad. La misión ha denunciado anteriormente “crímenes de lesa humanidad” en la Venezuela de Maduro.
El informe llegó poco más de un mes antes de las elecciones primarias organizadas por facciones de la oposición venezolana para elegir un candidato que se enfrente a Maduro en las elecciones de 2024. Los expertos señalaron que el gobierno prohibió la participación a tres candidatos potenciales: Henrique Capriles, María Corina Machado y Freddy Superlano.
El gobierno de Venezuela frecuentemente deja de lado a sus adversarios prohibiéndoles ocupar cargos públicos, y no sólo en las contiendas presidenciales. Dicha prohibición se utilizó retroactivamente en 2021 para destituir a Superlano, entonces candidato a gobernador, cuando estaba por delante de un hermano del difunto presidente Hugo Chávez pero aún no había sido declarado ganador.
Machado es una candidata conservadora y partidaria del libre mercado vista como radical incluso entre la oposición de derecha por su falta de voluntad para negociar con el gobierno de Maduro, pero aun así se ha convertido en la principal candidata. Su prohibición, emitida por la Contraloría General alegando fraude y violaciones fiscales, fue fechada apenas tres días después de que ella ingresara a la carrera primaria.
Tappatá Valdez dijo que la falta de independencia de las instituciones gubernamentales y los esfuerzos concertados de algunas de ellas, incluida la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional Electoral, “contribuyen a restringir el espacio cívico y democrático”.
Información de The Associated Press.
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